Migración ilegal y expulsiones
En julio de 2019, se promulgó la ley antiportonazos, que endureció las penas para el robo de vehículos y castiga con más fuerza el uso de violencia en estos ilícitos. Hoy manifiesta, en más de un 70% de los encuestados, que la migración representa un conflicto para la sociedad.
En Chile en total hay 1,4 millones de migrantes en el país latinoamericano, lo que equivale a más del 7 % de la población, y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.
Somos un país que se ha construido con el trabajo y el esfuerzo de personas que han llegado desde otros países, pero que hoy manifiesta, en más de un 70% de los encuestados, que la migración representa un conflicto para la sociedad. Se ha llegado a este punto por distintas causas, pero debemos enfocarnos en lo que ocurre en la actualidad para intentar ofrecer soluciones.
Sabemos que la frontera norte continúa siendo un punto de acceso para decenas de miles de extranjeros que ingresan de manera ilegal a Chile. Si bien la participación de las Fuerzas Armadas en la protección fronteriza ha ayudado durante las últimas semanas, lo cierto es que es una medida que debe ser complementada con otras que estén a nuestro alcance para abordar la migración ilegal y afirmar con contundencia que daremos la bienvenida a los extranjeros que hacen las cosas bien, pero no cesaremos en desincentivar con el ingreso clandestino a Chile.
Un grave componente de esta crisis es que las expulsiones administrativas y judiciales no sean practicadas. El Gobierno ha sostenido, con mucha desfachatez, que es muy caro o que es imposible expulsar a los extranjeros sancionados, pero lo cierto es que con eso el Estado "baja los brazos" ante la migración ilegal.
Por lo mismo, en la Cámara de Diputados aprobamos una iniciativa que modifica la norma constitucional y aumenta hasta 5 días el plazo máximo en que un extranjero puede ser privado de libertad para ser expulsado, algo de toda lógica si pensamos que en esos pocos días debe ser aprehendido y gestionarse su expulsión, comúnmente en un vuelo.
Es una reforma elemental para seguir introduciendo reformas que flexibilicen las exigencias para así, de una buena vez, practicar las sanciones de expulsión pendientes de ejecutar, que hoy acumulan más de 20.000 y que impactan en el fenómeno criminal mediante el ingreso y permanencia en Chile de personas con historial criminal como aquellos que mataron cobardemente al Carabinero Palma hace algunas semanas atrás.
Fank Sauerbaum
Diputado