Gore implementará fuertes medidas de control en rendiciones de fondos
DETALLE. Gobernador Óscar Crisóstomo indicó que varios de estos mecanismos ya están en curso, los cuales permitieron detectar anomalías en las rendiciones de 5 organizaciones sociales.
La detección de facturas presumiblemente adulteradas en la rendición de subvenciones por el 7% no ha pasado desapercibido para el Gobierno Regional de Ñuble, donde el gobernador Óscar Crisóstomo hizo hincapié en la gravedad que revisten estos hechos frente al mal uso de recursos públicos y anunció acciones al respecto, tanto legales como de control interno.
"Estamos en un proceso de rendición de fondos sociales. El 28 de abril cerró el plazo donde se ingresaba la documentación para revisión y visto bueno, de modo que puedan postular en el proceso 2023. En ese trabajo que aún está siendo realizado, se detectaron 5 organizaciones que presentaron facturas aparentemente falsas", precisó.
La autoridad regional anunció que los antecedentes serán puestos a disposición de la Fiscalía Regional de Ñuble y añadió que implementarán una serie de medidas de control para evitar situaciones similares a futuro.
"Ya hemos ido implementando varias medidas. Recordemos que partimos con observaciones que hizo Contraloría en los procesos desarrollados en 2018, 2019 y 2020. Son muchas organizaciones que no hicieron sus rendiciones, por lo que el Consejo de Defensa del Estado está llevando a cabo acciones al respecto", aseguró.
Crisóstomo puntualizó que otra medida tomada tiene que ver con la postulación, implementando en 2022 la modalidad online. Asimismo, los controles internos y protocolos que ya funcionan en el Gore fueron, precisamente, los que permitieron detectar estas anomalías en las rendiciones donde se recibió documentación de más de 700 organizaciones que debían cumplir con este protocolo.
"También hay un proceso en marcha para colaborar y capacitar a las organizaciones sociales para que puedan rendir de buena manera. Hemos tomado distintas medidas para que este tipo de fondo no sea capturado por personas que haciendo asesorías que no están permitidas, traten de lucrar en perjuicio de las organizaciones sociales. Con las platas públicas no se juega", detalló de este problema que involucra de momento al menos, organizaciones sociales de las comunas de Bulnes y Chillán Viejo.
La arista legal
Según explica el abogado Rodrigo Vera Lama, la legislación vigente apunta más a sancionar al empleado público y no al particular en el delito de fraude de subvenciones. Las penas dependerán del monto de lo defraudado.
"Estas penas no se modifican desde 1997 y no fue considerado en la ley de 2018 destinada a perseguir la corrupción. Para la ley es más grave cuando la falta la comete el empleado público, por lo que para el particular sigue siendo una pena baja", detalló.
El jurista puntualizó que si se trata de más de 1 UTM defraudada y menos de 4 UTM, la pena es de 61 días. Ahora, si el monto es superior a este rango hasta 40 UTM, serían 541 días.
"Esta situación de hecho no tiene rango de crimen. Si una persona realiza un fraude superior a las 400 UTM, la pena máxima es de 3 años y un día. En cambio, si lo realiza un empleado público si adquiere categoría de crimen", puntualizó el experto.