Ante la crisis de seguridad que enfrenta el país y la demanda por nuevos operativos policiales, la falta de cupos en las cárceles llevó al Ejecutivo a determinar el traslado de 800 reos a El Manzano, en Concepción. Esto provocó observaciones de Gendarmería y autoridades locales.

El gobernador de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz, afirmó en CNN que la llegada de nueva población penal haría que "se trasladen sus redes de apoyo" y "se exportarían prácticas criminales que no están en nuestra región".

El ministro de Justicia, Luis Cordero, luego explicó que "no hay nuevas plazas disponibles en el sistema cerrado, es decir, tenemos alrededor de 41.700 plazas y, al día de hoy, las personas privadas de libertad ascienden a 49.599. Las proyecciones de Gendarmería al inicio de este año era que el número de 50.000 iba a suceder a inicios del 2024 y está sucediendo actualmente".

"Por una cuestión estrictamente estructural, el sistema tiene un número crítico que es 52.000. Desde ese minuto comienza el hacinamiento del sistema", agregó el secretario de Estado. "Este es un ejemplo de cuando confundimos la contingencia con la política pública del largo plazo", dijo ante críticas.

En este escenario, "se ha reactivado el plan de infraestructura carcelaria que en Chile es, más menos, de finales del 2000. Lo que el Ejecutivo está desarrollando en la actualidad es la habilitación de plazas disponibles en aquellos lugares donde se puedan desarrollar como ampliaciones. En segundo lugar, tratando de apurar la puesta en marcha de un penal nuevo en Talca y la ampliación de El Manzano en Concepción. El primero inició ese proyecto en 2009".

Esta semana las cárceles de la Macrozona sur han sido noticia luego del traslado de reos mapuches que retuvieron a gendarmes durante la jornada eleccionaria del domingo pasado a otras regiones, lo que ha generado atentados incendiarios, otros con armas y protestas de familiares.

Las isapres deberán devolver US$1.400 millones a sus afiliados debido a cobros excesivos, según dictaminó la Corte Suprema, ante lo que el Gobierno presentó un proyecto de ley corta para regular los reembolsos y evitar un colapso. Las entidades afirmaron que la medida "termina con el sistema" privado, mientras que la ministra vocera, Camila Vallejo, pidió "no habilitar espacios a salvatajes" con fondos públicos.

La ministra calificó asimismo como una "desfachatez" las declaraciones realizadas por la Asociación de Isapres el jueves. "No pueden pretender que el Gobierno las acompañe en la idea de incumplir el fallo de la Corte Suprema", dijo.

"Si hubiéramos querido una quiebra generalizada de las Isapres, habríamos mandatado el cumplimiento inmediato del fallo y no estamos haciendo eso", aseguró Vallejo antes de conmocerse el comunicado del tribunal donde amplía el plazo.

Desde el Ejecutivo, aseguró la vocera, "nos hemos tomado este asunto con mucha responsabilidad para, en primer lugar, cumplir con el fallo de la Corte Suprema y en segundo lugar, no habilitar espacios a salvatajes con los impuestos de las personas de nuestro país, o un perdonazo que, al final del día, va a afectar a los mismos usuarios de las Isapres", ya que eso "significaría que no se les devuelva aquellos cobros abusivos e inapropiados que la misma Suprema detectó".

La Moneda busca que "las mismas isapres, de acuerdo a su realidad, puedan presentar un plan de pago a quienes se vieron perjudicados, al mismo tiempo que fortalecemos y modernizamos las condiciones de Fonasa, que ya recibe a muchos cotizantes", quienes han dejado las entidades privadas por incumplimientos.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, habló en Radio Universo: "Que el Ejecutivo presente un proyecto de ley y no ejecute un fallo, es un hecho concreto de voluntad y de proponer gradualidad en cumplimiento de sentencias", por lo que "lamentamos el tenor de esas declaraciones, (...) las isapres no son víctimas y nosotros no somos victimarios, esto es una causa de la Suprema". Además, "ellos puden pedir recursos de aplicación y no lo han hecho".

"un engaño"

La Asociación de Isapres, en la víspera, publicó que "el proyecto que ha ingresado al Congreso es un engaño: no tiene factibilidad alguna y conduce por la fuerza a un monopolio estatal, dañando el acceso a la salud de todos los chilenos".

El presidente de la agrupación, Gonzalo Simon, agregó ayer en T13 Radio que "la fórmula, como está estipulada, va a significar que el sistema va a dejar de funcionar en un tiempo relativamente corto y no se va a poder producir ninguna devolución y, lo peor, es que las coberturas de las personas no van a seguir operando".

El presidente de la UDI, Javier Macaya, afirmó que el Gobierno "está cumpliendo el sueño de estatizar la salud en Chile", mientras que "el sistema se va a caer", porque "la mitad de los afiliados de las isapres que tiene preexistencias, o condiciones de salud, tendrán que traspasarse a Fonasa, y este pseudofortalecimiento que se hace no a da abasto para la situación ya colapsada".

El diputado RN Andrés Celis añadió que "estoy sumamente preocupado, porque estamos frente a un caos, a una bomba que va a explotar".