La Municipalidad de Vitacura, que dirige la alcaldesa Camila Merino, presentó una ampliación de la querella contra el exalcalde de la comuna, Raúl Torrealba, quien fue acusado de fraude al fisco y desviar dineros públicos a sus cuentas personales.

El libelo fue ingresado al Cuarto Juzgado de Garantía y menciona, entre otras cosas, que el fiscal Francisco Jacir estableció en 527 millones de pesos los que habrían llegado a las cuentas del exjefe comunal, "consistentes en depósitos de dinero en efectivo verificados en las cuentas corrientes del imputado Torrealba, desde el año 2010 hasta el año 2020".

Esta será una de las pruebas que se expondrán en la audiencia de formalización de Torrealba del 6 de junio.

En tanto, la querella también afirma que el exalcalde RN era líder de una asociación delictiva que "se mantuvo estable por, a lo menos, una década con prácticamente los mismos miembros".

"La forma de ejecutar las instrucciones, operar y comunicarse existieron por el mismo periodo, con una evidente distribución de tareas y funciones que canalizaran los designios e instrucciones del exalcalde Torrealba, las que debía ejecutarse a como diera lugar", añade, según publicó antenoche La Tercer online.

Sobre el delito de fraude al fisco, la alcaldía manifiesta que "se han relatado distintos hechos, como la entrega de sobres con dinero en efectivo se ha cometido, de acuerdo a los antecedentes de la carpeta y declaraciones de los mismos querellados, mes a mes, a lo menos desde el año 2010, esto es, desde hace más de 10 años".

"En los hechos, existe una organización ilícita que excede con creces el simple acuerdo de voluntades para cometer crímenes y/o simples delitos. Se trata de una estructura conformada para colocar en práctica el esquema de corrupción ideado por los querellados, la que contaba con un solo jefe, el exalcalde Raúl Torrealba del Pedregal", agrega el libelo.

En medio de la discusión por la crítica situación de las isapres, la bancada del Partido Socialista se reunió ayer con la ministra de Salud, Ximena Aguilera, para respaldar la ley corta presentada por el Gobierno y dejar claro que intentarán evitar a toda costa que se materialice la iniciativa alternativa que surgió en el Senado.

El diputado Leonardo Soto señaló tras la cita que "como partido y bancada llamamos al oficialismo a cerrar filas con la única propuesta que hoy está sobre la mesa que busca resolver este problema, pero garantizando los intereses de las personas".

"Esperamos que avance el proyecto (del Gobierno) en el Congreso y que las isapres que cometieron los abusos tengan el castigo que merecen y que paguen la deuda que tienen con sus usuarios y que el sistema prestando servicios", añadió el parlamentario.

Soto también se refirió a la reforma constitucional que presentaron los senadores Ximena Rincón, Matías Walker, Rodrigo Galilea, Francisco Chahuán y Javier Macaya, que ya fue aprobada en general en Comisión, calificada como "perdonazo" a las isapres en sectores oficialistas.

Según Soto, "se ha presentado un proyecto de ley, que no es del Gobierno y sobre esa propuesta, nos parece que no es razonable (...) nosotros vamos a ir al Tribunal Constitucional si es necesario, para defender el derecho que tienen las personas a que se respeten sus derechos y se haga justicia".

La diputada Daniella Cicardini (PS) aseguró que "estamos hablando de que un poder del Estado está haciendo todo lo contrario con lo que ya resolvió en este caso la Corte Suprema. Nosotros no podemos hacer borrón y cuenta nueva de un fallo de la justicia por parte de la vía legislativa".

"Estamos con plena convicción y seguridad de que el Tribunal Constitucional va a resolver favorable a lo que hemos dicho, que no se puede doblar la mano de lo que ha hecho el tribunal de justicia", selló.

Por otro lado, el ministro de Justicia, Luis Cordero, respondió a los comentarios de la senadora Ximena Rincón (Demócratas), quien afirmó que el Presidente Gabriel Boric "claramente no leyó bien el proyecto ley (alternativo) y sus asesores lo desinforman".

"El Gobierno la ha leído (la iniciativa) bastante bien. Y como el Gobierno ha leído bastante bien esa reforma constitucional, puede decir que los efectos de esa reforma eluden el cumplimiento de la sentencia", dijo en radio Pauta.

Junto con enfatizar en que el Ejecutivo es contrario a la iniciativa del Senado, complementó que "lo clave es no dar señales equívocas de que uno pudiera eludir el cumplimiento de una sentencia por medio de una reforma constitucional. Este es un caso en el que, para cumplir la sentencia, se tiene que hacer una discusión legislativa".

"La Corte lo que ha hecho es obligar al reintegro, que la Suprema entiende se ha cobrado en exceso, pero lo que hace esa reforma constitucional es a partir del aumento del precio plan base, equilibrar el precio del contrato. En los dos términos anula los efectos de la sentencia", complementó.

La ministra de Salud, por su parte, reiteró el llamado a las isapres para que den a conocer su propuesta de aplicación del fallo de la Suprema, que ordena reintegrar a los afiliados 1.400 millones de dólares cobrados en exceso por la aplicación de la tabla de factores.