Hace una semana comenzó a regir la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, que no sólo establece un mecanismo de pago permanente para las deudas de pensiones de alimentos con cada uno de los hijos de la persona deudora, sino que además introduce al Estado como el encargado de investigar las cuentas bancarias u otros documentos financieros de quienes poseen deudas, mejorando así el acceso a esta información. La nueva norma establece que la persona a cargo de los niños a quienes se les adeuda el pago de la pensión tendrá que solicitar la retención de los fondos desde las cuentas bancarias o de otros instrumentos financieros y/o de inversión de la persona que debe, a través del sitio web del Poder Judicial. Además, en los casos en que no exista conocimiento de las cuentas bancarias u otros instrumentos financieros, se procederá a aplicar un procedimiento especial.

Este es el punto clave de la normativa, ya que es entonces cuando el tribunal de familia deberá investigar cuál es el patrimonio que posee la persona deudora. Para ello podrá utilizar la información entregada a través de distintas entidades como el Servicio de Impuestos Internos, la Comisión de Mercado Financiero o cualquier otro organismo que pueda entregar información. Una vez que se pueda determinar si existen fondos, se ordenará a las entidades financieras que informen sobre los saldos y movimientos de las cuentas. Después de eso, el tribunal de familia ordenará, mediante resolución, el pago de la deuda y para asegurar que no haya posibles movimientos de los dineros detectados, dictará una medida cautelar de retención de los mismos.

Durante la ceremonia de promulgación de la ley, el Presidente Gabriel Boric afirmó que "nos hace dar un paso hacia un mínimo de justicia para esos niños, niñas, jóvenes y para quienes los cuidan, que hoy son víctimas de irresponsabilidad o de la violencia económica, porque el pago oportuno de la pensión es un derecho de quienes cuidan y es un derecho de los hijos e hijas".

Sin duda que esta normativa permitirá hacer justicia con tantos menores respecto de los cuales sus padres no ejercen un cuidado responsable.

El itinerario constituyente trazado en el Acuerdo por Chile avanza sin sobresaltos. Luego de la elección del domingo 7 de mayo, el próximo paso es la instalación del Consejo Constitucional. Este órgano está integrado por 50 representantes electos directamente por la ciudadanía e iniciará sus sesiones el 7 de junio con el objetivo de formular una propuesta de nueva Constitución para Chile.

Hasta ahora, el Consejo de Expertos ha trabajado el primer borrador de la propuesta, que será revisado, discutido y probablemente modificado por el Consejo.

Esta resulta una tarea muy difícil, al menos por dos razones, la primera es el contexto ciudadano en el cual se produce esta discusión trascendental, caracterizado por el desinterés y la desconfianza. De ello, las encuestas se han encargado de recordar que las mayorías están lejos de interesarse por el debate constituyente y tienen su atención en otras preocupaciones como la seguridad y el costo de la vida.

La otra razón quedó en evidencia luego de conocerse los resultados de la pasada elección.

Aquel resultado nos presenta una nueva correlación de fuerzas políticas en el país, en la cual la llave para aprobar los contenidos de la propuesta quedó ahora en manos de la derecha (Partido Republicano) y la centro derecha (Chile Seguro). Ambas conformaciones alcanzan los 3/5 establecidos en las reglas del proceso para aprobar todas aquellas propuestas y modificaciones que consideren.

Sin embargo, como bien se encargan de recordarnos los superhéroes, un gran poder conlleva una gran responsabilidad.

El desafío de las fuerzas políticas mayoritarias, en el proceso de producción de la norma constitucional, no debe limitarse a confeccionar una norma a la imagen y semejanza de sus creencias, valores e ideologías. Por el contrario, tienen la tarea de armonizar sus propias creencias con la dimensión plural de nuestra sociedad democrática. Para ello resultan centrales las voces de las fuerzas minoritarias que también ejercen un rol legítimo de representación de la ciudadanía.

En la medida que se produzca el ideal democrático señalado, será posible reencantar a la ciudadanía con el proceso y finalmente alcanzar consensos para abordar los principales desafíos de Chile. Esto ocurrirá si las mayorías adhieren los contenidos de la propuesta, dotando de legitimidad democrática a la nueva Constitución. Si se asume el camino contrario, es decir, el de debatir mirando solo al espejo, es muy probable que la propuesta no logre dibujar en ella los grandes anhelos del país.

Luis Palacios Sanabria

Director del Departamento de Derecho Público USS