El Tribunal Superior de Londres denegó a Julian Assange el permiso para recurrir la orden emitida por el gobierno británico para su extradición a Estados Unidos, que lo acusa por 18 presuntos delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones de su portal WikiLeaks.

En el dictamen el juez Jonathan Swift consideró que no son aceptables "ninguno de los cuatro argumentos" planteados por la defensa y da por buena la autorización de entrega firmada el 17 de junio de 2022 por la entonces ministra del Interior, Priti Patel.

El magistrado rechazó también, en una decisión paralela, que el periodista de 51 años pueda apelar partes de un fallo de enero de 2021, que desautorizó su extradición al considerar que presentaba riesgo de suicidio.

Al rechazar este recurso, Swift afirma que "no es más que un intento de volver a ejecutar los extensos argumentos ya presentados y rechazados por la jueza".

La única opción restante para los abogados de Assange es tratar de recurrir la decisión de este juez, lo que deberán hacer con alegatos nuevos en un documento de no más de 20 páginas, según dispuso él mismo.

En un mensaje de Twitter, la esposa del informático, Stella Assange, confirmó que el próximo martes, al término del plazo previsto, presentarán su recurso ante otros dos jueces del Tribunal Superior, su última carta judicial en el Reino Unido.

"Seguimos siendo optimistas de que prevaleceremos y de que Julian no será extraditado a Estados Unidos, donde afronta cargos que podrían resultar en que pase el resto de su vida en una prisión de máxima seguridad por publicar información veraz que reveló crímenes de guerra cometidos por el gobierno" estadounidense, afirma la madre de dos de sus hijos.

El abogado español Aitor Martínez, parte del equipo legal internacional del periodista, explicó también en Twitter que el Superior británico "rechaza en 3 hojas, sin valoración jurídica, todos los puntos de la apelación para detener la entrega de Julian Assange".

Assange está en prisión preventiva en la cárcel de alta seguridad londinense de Belmarsh desde que el 11 de abril de 2019 fue expulsado de la embajada de Ecuador en Londres, después de que Quito le retirara el asilo político.

El exprimer ministro británico Boris Johnson anunció ayer que abandona su escaño como diputado conservador en la Cámara de los Comunes con efecto inmediato.

En un comunicado remitido a los medios, el antiguo jefe del gobierno británico afirmó que el comité parlamentario que investiga si mintió sobre las fiestas en Downing Street durante la pandemia de covid-19 le "dejó claro" en una carta que se preparaba para expulsarlo.

"Es muy triste abandonar el Parlamento -al menos por ahora-, pero sobre todo estoy desconcertado y horrorizado por el hecho de poder ser expulsado, antidemocráticamente, por un comité presidido y dirigido por (la laborista) Harriet Harman, con un sesgo tan atroz", señaló.

Johnson, que dejó Downing Street en septiembre de 2022 acechado por varios escándalos, se ha sometido en los últimos meses a un proceso dirigido por el Comité de Privilegios de los Comunes para determinar si mintió a sabiendas sobre las fiestas ilegales durante la pandemia, por las que ya fue multado por la policía.

Los diputados de ese órgano pueden recomendar que Johnson sea suspendido de la Cámara Baja si lo consideran culpable.

"Recibí una carta del Comité de Privilegios que deja claro, para mi asombro, que están decididos a utilizar este procedimiento en mi contra para expulsarme del Parlamento", detalló el exprimer ministro, que ocupaba un escaño parlamentario desde 2001.

Cuando salió a la luz el escándalo del "Partygate", a finales de 2021, Johnson aseguró en los Comunes que nunca tuvo conocimiento de que se rompieran las restricciones sociales impuestas durante la pandemia en Downing Street.

"Estoy siendo expulsado del Parlamento por un pequeño puñado de personas que no tienen pruebas", sentenció.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo ayer durante el cierre de la tercera ronda de conversaciones entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno, que la paz entre ambas partes podría llegar en mayo de 2025.

"En mayo de 2025 cesa definitivamente la guerra de décadas entre ELN y el Estado", afirmó el presidente, que dirigió el cierre de este ciclo de negociaciones que transcurrió durante 35 días en La Habana y donde se firmó un cese al fuego bilateral de carácter nacional que se irá implementando progresivamente y comenzará de forma oficial el 3 de agosto.

Las dos partes fijaron un calendario que estipula mayo de 2025 como el límite para tener firmados los tres primeros puntos de seis del acuerdo final -participación, democracia y transformaciones-, lo que permitiría que Petro acabara su mandato con la paz con la última gran guerrilla latinoamericana.

"A mayo de 2025 deberán estar firmados los acuerdos sobre los tres primeros puntos de la agenda de paz, lo cual nos da una perspectiva de ver firmada la paz con el ELN antes de que acabe ese año", explicó a medios el senador Iván Cepeda, que forma parte de la delegación gubernamental.

Dicha agenda de paz es la pactada en el anterior ciclo de diálogos celebrado en México, en el llamado "Acuerdo de México" y contempla seis puntos: participación de la sociedad en la paz, democracia por la paz, transformaciones por la paz, víctimas, fin del conflicto armado y ejecución de los acuerdos.

Aunque el compromiso es para los tres primeros puntos, los otros tres podrán ir trabajándose en las próximas rondas de forma paralela, según aseguraron desde la delegación gubernamental.

Cese al fuego

Petro, quien decidió a última hora viajar a Cuba para participar de este importante anuncio de cese al fuego a pesar de la crisis en la que está inmerso su Gobierno, resaltó que se trata de un "acuerdo parcial", pero que es el camino para que en 2025 Colombia viva el fin de otro conflicto.

Este cese al fuego contempla una primera fase de alistamiento, hasta el 6 de julio, en la que se dará la orden de detener las ofensivas y que se oficializará el 3 de agosto por 180 días, es decir, que Colombia disfrutaría del cese de enfrentamientos durante lo que resta de año.

Se trata del alto el fuego más largo que han acordado hasta la fecha el Gobierno de Colombia y el ELN, que no han conseguido finalmente incluir explícitamente un cese de hostilidades como el secuestro o el reclutamiento de menores.

"El mundo de las armas y de matarnos entre todos desde hace décadas debe cesar. La violencia que vivimos por generaciones, de la que hemos hecho parte pero hemos intentado superar, nos dice que no nos hemos podido construir como nación", alegó el mandatario durante la clausura.