La Comisión para la Paz y el Entendimiento comenzó su trabajo con el objetivo de establecer nuevos acuerdos con el pueblo mapuche. La idea es destrabar conflictos y ser capaces de separar los hechos de violencia, de las respuestas que efectivamente se debe dar a demandas justas y postergadas, reconocidas transversalmente.

Entre los ocho integrantes del grupo hay varios -partiendo por el ex ministro Alfredo Moreno- que han estudiado la respuesta que Nueva Zelandia dio a su vínculo con el pueblo maorí. Y se estima que algo de eso guíe el trabajo de la Comisión, que debe presentar una propuesta a fines de 2024. ¿Qué elementos tiene esa ruta que podrían aplicarse acá? Quienes han estudiado el tema creen que uno es el plan para la restitución de tierras: catastro, acuerdo, establecimiento de plazos claros, listados formales y opciones diferentes a predios particulares, como entrega de espacios fiscales o retribución en dinero. Otro es el apoyo económico mediante impulso al emprendimiento y desarrollo de áreas productivas. Allá fue con la pesca. También avanzaron con la representación política, entregando espacios en el parlamento (7 de 120) y se creó un tribunal especial para fiscalizar el cumplimiento de acuerdos.

Llegar a esas fórmulas y aplicarlas tomó largo tiempo a la comunidad neozelandesa. No es rápido. Y todavía hay muchas voces críticas, además de mencionar que el país no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, que es uno de los pocos tratados internacionales sobre pueblos indígenas vigente. Chile lo firmó en 2009. Con todo, ese modelo es reconocido a nivel mundial y puede entregar guía para la realidad local.

En este contexto, se esperaría la inclusión de todas las miradas chilenas relacionadas con el tema para contribuir.

El El Gobierno publicó los resultados del proceso de evaluación y monitoreo de los programas sociales y no sociales 2022. Los resultados no son buenos: se duplicó el número de programas estatales que presentan deficiencias y en 2022, más de la mitad de ellos tiene problemas de focalización o priorización. Esto equivale a miles de millones de dólares del presupuesto fiscal que podrían mejorar su eficiencia. Esta realidad debe ser parte de la discusión en torno a aumentar los impuestos que propone La Moneda.

El resultado del proceso de monitoreo 2022 evidencia que varios programas presentan importantes deficiencias en los indicadores de focalización o eficacia, lo que amenaza el cumplimiento de los propósitos para el cual fueron creados y el buen uso de los recursos que el Estado recauda de los chilenos a través de los impuestos. El proceso de monitoreo evidencia que 358 de los 700 programas presentan deficiencias en alguno de los criterios evaluados, lo que corresponde a US$ 22.865 MM.

El número de programas con deficiencias se duplicó respecto a 2021. Estos resultados demuestran la necesidad de mejorar la calidad y eficiencia en el uso de los recursos fiscales, sobre todo cuando se discute respecto a subir la carga tributaria. Es importante indagar a qué se deben estos resultados deficientes y valorar que contemos con un proceso de monitoreo que permita dar cuenta de la existencia de falencias en el diseño de los programas. Solo teniendo un diagnóstico preciso es posible avanzar en mejorar la oferta de programas estatales.

Asimismo, a partir de estos resultados se observa que existe un importante espacio para una mayor articulación y coordinación de la oferta programática. Es por esta razón que el Estado debiera seguir reforzando este tipo de procesos y la discusión de la Ley de Presupuesto 2024 es un buen espacio para revertir la dilución de esfuerzos que apuntan a resolver un mismo problema. Finalmente, y a pesar de la importancia que tiene toda la información que proviene de este proceso, aún falta que esta información sea más y mejor utilizada.

En ese sentido, estaba la idea de crear un Consejo de Servicios de Evaluación Legal y de Políticas Públicas autónomo -iniciativa que no prosperó en el anteproyecto de nueva Constitución de la Comisión Experta- el cual debiera ser retomado. Una institución de este tipo ayudaría a formular recomendaciones para mejorar las políticas públicas a partir de este tipo de evidencia, daría mayor eficiencia del gasto público y daría más legitimidad ciudadana a la discusión tributaria.