El exmandatario brasileño Jair Bolsonaro fue despojado ayer de sus derechos políticos por la Justicia electoral, que lo declaró culpable de "abusos de poder" durante la campaña que el año pasado llevó a la Presidencia al progresista Luiz Inácio Lula da Silva.
La decisión, que fue adoptada por cinco votos frente a dos en el Tribunal Superior Electoral (TSE), implica que el líder de la ultraderecha, de 68 años, no podrá concurrir a cargos electivos ni ejercer puestos en la administración pública durante un plazo de ocho años, contados a partir de octubre de 2022, cuando se celebraron los comicios ganados por Lula.
El último voto fue proferido por el presidente del TSE, el juez Alexandre de Moraes, quien fue objeto de virulentos y permanentes ataques del bolsonarismo antes y durante la campaña electoral, en la que fue acusado, sin prueba alguna, de "maniobrar" para "favorecer" a Lula.
La sentencia es una respuesta al "degradante populismo nacido en los discursos de odio y antidemocráticos, que propagan una asquerosa desinformación" no sólo en Brasil, sino en "todo el mundo", con el "único objetivo" de "engañar" a los electores, señaló De Moraes.
Cinco de los siete miembros del TSE respaldaron la posición del relator del proceso, Benedito Gonçalves, quien consideró a Bolsonaro culpable de "abusos de poder" durante la campaña para las elecciones de octubre del año pasado.
Bolsonaro
Sobre la decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE), Bolsonaro señaló que "recientemente recibí una puñalada en la barriga y ahora me dieron una puñalada en la espalda con la inhabilitación política por abuso de poder político", recordando el atentado que sufrió en 2018.
En una declaración a la prensa en la ciudad de Belo Horizonte, Bolsonaro agregó sin embargo que seguirá trabajando "dentro de las cuatro líneas" de la Constitución, algo que según apuntó, es un "esfuerzo" que "no tuvo su debido valor reconocido".
"Hoy sufro una inhabilitación, no me gusta convertirme en inelegible en la política. Esa frase no es mía: nadie mata, nadie muere", agregó.
reunión
La acusación tuvo como eje una reunión que Bolsonaro convocó con medio centenar de embajadores extranjeros en la residencia oficial de la Presidencia, el 18 de julio de 2022, para volver a descalificar la transparencia del sistema electoral y la propia democracia.
Ese hecho, según sostiene la sentencia, configuró un "abuso de poder político, conductas vedadas y desorden informativo" y también un "uso indebido de predios públicos y medios de comunicación", pues Bolsonaro ordenó que la televisión pública transmitiera el evento.
Las consideraciones de la mayoría de los jueces fueron incluso más allá y enmarcaron esa reunión en una "sistemática campaña de desinformación" que Bolsonaro mantuvo contra la Justicia electoral y todas las instituciones democráticas del país.
No eran opiniones personales", como indicó la defensa, dijo el juez De Moraes, quien remarcó que se trató de "mentiras permanentes y fraudulentas" que apuntaban a "subvertir y pervertir" el proceso electoral y con eso, "a la propia democracia".
El magistrado agregó que "libertad de expresión" no es "libertad de agresión", de "mentira", de "desinformación" y de "fraude", ni una herramienta para que "líderes populistas y extremistas conquisten al elector" con "discursos de odio y antidemocráticos" difundidos en las redes sociales "con un barniz falso de veracidad".
Esa campaña electoral incluyó sembrar dudas sobre el sistema de votación electrónica que Brasil utiliza desde 1996 sin que desde entonces se haya comprobado un solo fraude, e insultos de todo calibre lanzados durante meses contra el TSE, sobre el cual el expresidente dijo una y otra vez que había decidido "convertir a Lula en presidente".
