El Presidente Gabriel Boric se refirió ayer al Caso Convenios, donde fundaciones asociadas a militantes de RD mantenían contratos millonarios con el Ministerio de Vivienda (Minvu) o recibieron cuantiosas transferencias de fondos públicos. "Acá no hay nadie blindado. Todo quien tenga responsabilidad tiene que responder", dijo, mientras la oposición evalúa acusaciones constitucionales contra los ministros de Vivienda, Carlos Montes, de Desarrollo Social, Giorgio Jackson (fundador de RD), y la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner.

El Mandatario afirmó ayer que quienes resulten responsables de algún ilícito deberán asumir los cargos "por un lado ante la Justicia, y en la medida en que amerite responsabilidad política, se hará valer la responsabilidad política".

Boric el jueves manifestó su respaldo a la delegada Dresdner, quien pagó una asesoría por $3,9 millones al exlíder de Fundación Democracia Viva -donde comenzó el Caso Convenios, con $426 millones -y expareja de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade, los tres integrantes de RD; junto al también miembro y seremi del Minvu en Maule, Rodrigo Hernández, vinculado a la Fundación Urbanismo Social, que registraba transferencias por $804 millones.

"Lo que dije ayer (el jueves), y creo que es coherente con lo que he venido planteando, es que no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco", sostuvo el Presidente, junto con apelar a "que las responsabilidades tienen que establecerse con claridad y no porque una persona diga 'esta persona es culpable de algo' esa persona queda inmediatamente como culpable".

Dresdner, quien también participó en Urbanismo Social y fue jefa de gabinete de Pérez en la Cámara de Diputados, dijo ayer que "he entregado la información directamente (a RD), y en la querella lo que se me pide justamente es que vuelva a entregar esta información a Fiscalía, y es algo en lo que yo estoy absoluta y totalmente disponible".

"Acá no existe nada que se haya hecho fuera de la ley, fuera de las normas, está todo dentro de la norma y para eso existen informes que lo respaldan", agregó la excandidata al Senado, que en Urbanismo Social trabajó con su director del área legal, el actual seremi del Minvu en El Maule, Rodrigo Hernández (RD).

El Ministerio Público ayer anunció la apertura de una cuarta investigación por el Caso Convenios, esta vez a Fundación Comprometidos, en Atacama.

ProBidad

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo si un legislador "tiene algún antecedente de un hecho que sea una falta administrativa o una falta de la probidad grave, estoy disponible que formalmente me la presente, y obviamente respecto a eso va a haber una investigación. Hasta ahora eso yo no lo he recibido".

"El compromiso del Presidente en materia de garantizar probidad al país es total", agregó Monsalve, junto con recalcar que "los delegados dependen de la confianza del Presidente".

El diputado Gonzalo Winter (CS) afirmó en C13 que "ningún partido político puede pretender que, en la medida en que crezca y administre el Estado, vaya a ser 100% probo, porque eso es imposible en la medida que tienes una gran cantidad de personas".

Montes, en tanto, pidió que "no caigamos en una cacería de brujas", al tiempo que la UDI y RN se manifestaron a favor de acusaciones constitucionales.

La Fundación Comprometidos recibió $128 millones para entregar agua potable en camiones aljibes a cuatro campamentos de Copiapó, Región de Atacama, monto que en mayo subió a $190 millones. Hasta 2022, la organización se dedicaba a la grabación de películas y, previo a ello, a operativos veterinarios, gracias a los que se adjudicó más de $100 millones.

El convenio entre Comprometidos y la seremi de Vivienda, según Radio Bíobío, comenzó en enero y se extendería hasta agosto. Los beneficiados, además, debían pagar $12 mil por la distribución del agua.

La fundación es dirigida por el excandidato a diputado por el PRO, Sebastián Duarte, y su sede está en Quinta Normal.

El Ministerio Público ayer inició una investigación, en tanto que el titular de la cartera, Carlos Montes, dijo "parece bastante absurdo y ridículo que una empresa que se dedica a un rubro cambie a otro, salvo que tenga argumentos muy fundados que habrá que oír".

No obstante, "en muchos campamentos se cobra el agua, y a veces se cobra incluso por personas que trafican con el agua, no organismos públicos; lo hemos combatido permanentemente, porque en todas partes es indignante", agregó.

Atacama es la cuarta región donde la Fiscalía abre una investigación de este tipo, tras Antofagasta, El Maule y Los Lagos.

Cultura

Los diputados de RN Andrés Longton y Andrés Celis pidieron ayer a la Contraloría de Valparaíso que audite a las fundaciones ProCultura, Enred, Posible otro Chile y Un Techo para Chile.

Longton dijo que ProCultura es "al menos sospechosa desde el punto de vista del giro que tiene la fundación, (...) que se está dedicando ahora a los campamentos", y, a su juicio, "las actividades culturales tienen poco y nada que ver con los asentamientos precarios, con los campamentos, con el saneamiento, con la habitabilidad (...) Creemos que esta red de corrupción y malversación de caudales puede incluso ser mayor".