Informes publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) han dicho que Chile es el país latinoamericano con los índices más altos de ingesta de alcohol per cápita. Existe un consumo anual de 9,6 litros de alcohol por persona. Si bien los hombres son mayores consumidores, con 13,9 litros al año, las mujeres han avanzado rápidamente, para llegar a 5,5 litros.

Triste récord el de nuestro país, con cifras bastante superiores al promedio mundial de 6,2 litros de alcohol puro per cápita. La OMS habla de alcohol puro para poder comparar entre países, dado que en algunas naciones la ingesta de cerveza, si bien es alta, tiene menos graduación que el whisky.

La situación respaldada por otro estudio de la Asociación Chilena de Seguridad y la Universidad Católica de Chile, con encuestas realizadas a personas entre los 21 y 68 años, en abril de2020, noviembre de 2020 y abril de 2021, mostró que el consumo de alto riesgo es mayor en personas de 21 a 44 años.

Hay estudios realizados en Chile, como los de la Asociación Chilena de Seguridad, respecto de la incidencia del alcoholismo y el abuso de las drogas en el ambiente laboral. El ausentismo y los accidentes del trabajo son parte de eso. Se estima que los costos directos e indirectos de los accidentes del trabajo en Chile llegan a 3.000 millones de dólares por año. No es casualidad entonces que la seguridad social haya pasado a ser un tema de primer orden en todo el mundo, porque financiar sistemas que se hagan cargo eficientemente y a un costo razonable de toda la cadena que ello implica -prevención, curación y rehabilitación- resulta un desafío cada vez mayor.

Nuestro país se encuentra en medio de un complejo escenario económico. En el primer trimestre de 2023, el Producto Interno Bruto se contrajo 0,6% con respecto al mismo período de 2022 y se espera que caiga cerca de 0,5% este año, siendo Chile el único país de América Latina que exhibiría crecimiento negativo en la actividad económica en 2023. Esta contracción en la producción ha repercutido fuertemente en el mercado del trabajo, que no está siendo capaz de absorber a las personas que, tras la pandemia y las ayudas fiscales y los retiros de los ahorros previsionales, están retornando a buscar empleo.

Pese al crecimiento en la fuerza de trabajo, las últimas mediciones de la Encuesta Nacional de Empleo del INE han mostrado una desaceleración en la creación de puestos de trabajo.

En el trimestre móvil febrero-abril 2023 (último dato disponible) sólo se crearon 171 mil empleos con respecto al mismo trimestre de 2022, lo que equivale a un crecimiento anual en los ocupados de 1,9%. Hace un mes fue la Cuenta Pública del Presidente Boric y una de las principales ausentes fueron medidas para enfrentar el deterioro del mercado laboral y el alza del desempleo. Pese a que no haya sido parte del discurso presidencial, la percepción de la ciudadanía es clara: un 78% de los chilenos considera que el empleo se ha mantenido igual o ha retrocedido durante el actual gobierno, siendo a su vez el área de gestión con menor percepción de avance en este período, seguido por el crecimiento económico.

Así, en la última medición del INE (febrero - abril) casi un 40% de los empleos creados fueron informales. Revertir esta situación requiere de medidas concretas que ayuden a generar los incentivos para crear empleos formales y aumentar la productividad de los trabajadores, algo en lo que el gobierno aún no ha planteado una estrategia.

El mercado laboral está sufriendo un deterioro sustancial, debido a la debilidad en la creación de empleos y en la aceleración de la informalidad, sobre todo, en las mujeres. Esto sumado a las negativas perspectivas de crecimiento de la economía para este año y una lenta recuperación hacia 2024, hacen necesario que el Gobierno tenga una agenda que fomente el crecimiento económico y la creación de trabajos de calidad, combatiendo los altos costos de contratación y despido.

De esta forma, los esfuerzos deben estar orientados en encauzar ciertos proyectos de ley que tienen, precisamente, dichos objetivos. Por ejemplo, el proyecto de ley de sala cuna universal, que fue mencionado por el presidente en la última cuenta pública, termina con la legislación que obliga a las mujeres a soportar este costo, que impacta negativamente en el número de mujeres empleadas y en sus salarios.

También se encuentra en esa dirección la Reforma al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), que incrementaría potencialmente la productividad, otorgando a las personas mayores posibilidades de empleabilidad, y a su vez ayudaría a compensar en parte el aumento de costos que están experimentado las empresas producto de las reformas recientemente aprobadas.