El senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, así como otros integrantes del partido, supieron diez días antes del caso Democracia Viva en una reunión virtual con el equipo de la diputada Catalina Pérez, pero consideró que los antecedentes eran "información parcial".

"Lo que sale hoy día (ayer) en un medio de comunicación (La Tercera) da cuenta de una información parcial que recibimos como directiva nacional, no solo yo, como directiva nacional completa", dijo ayer en la tarde Latorre y agregó que "la información que en ese momento se nos entregó, insisto, parcial, no es lo que sabemos hoy día. El abogado de nuestra directiva, Edson Dettoni, él mismo solicita algunos antecedentes que nunca llegaron a partir de la gente que nos solicita esa reunión, y luego de eso iniciamos una serie de acciones y además recopilamos antecedentes que van a ser entregados en Fiscalía por la querella que Revolución Democrática decidió después, con la evolución de los hechos y con nuevos antecedentes".

El timonel insistió en que la información que recibió "no daba cuenta de ninguna sospecha de ilícito ni tampoco de ninguna irregularidad", y admitió que "no, para nada (...) nosotros no les informamos ni al ministro Jackson ni al ministro Montes" de la situación ni de las sospechas que conocieron en esa cita.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, intervino ayer en la Comisión de Vivienda del Senado y se explayó sobre el Caso Convenios, específicamente sobre el actuar de Fundación Democracia Viva en la Región de Antofagasta, donde estalló el escándalo, y admitió que "es probable que haya otros casos" similares de transferencias millonarias de fondos públicos a oenegés. Anoche, tras esta advertencia, la Fiscalía del Biobío anunció que abrió dos investigaciones de oficio que buscarán "esclarecer la presunta existencia de delitos en los traspasos de recursos públicos hacia determinadas fundaciones".

Hasta ahora, el Ministerio Público indaga en cinco regiones: el trato directo por $426 millones entre Democracia Viva, liderada por Daniel Andrade, aún miembro por esos días de Revolución Democrática (RD) y expareja de la diputada Catalina Pérez, del mismo partido, con la seremi de Vivienda de Antofagasta, liderada entonces en el renunciado exjefe de gabinete de la legisladora, y también RD, Carlos Contreras; en el Maule, donde el trato fue entre la seremi del Minvu y la Fundación Urbanismo Social; en Atacama, otro convenio entre la seremi de Desarrollo Social y Fundación Visibles; y en Los Lagos los traspasos desde el Gore a Participa, Kimün y Chinquihue.

En la comisión, Montes aseguró que "es probable que haya otros casos y por eso estamos preocupados de saber más, reunir más información y tenemos que anticiparnos a los casos para que no cundan, pero especialmente para buscar soluciones".

Nueva polémica

Luego el ministro acusó que estos traspasos directos del Ejecutivo a fundaciones empezaron en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. "Aquí hay una delegación de facultades del ministro a los seremis. La norma se establece en 2015 y la primera vez que se delega facultades es el 2019, que fue a la institución que presidía el padre (Felipe) Berríos (en el campamento La Chimba, en Antofagasta) y de ahí en adelante, todos los años se ha delegado facultades y se ha empezado a implementar con distintos tipos de programas", explicó.

Montes dijo que "el Gobierno anterior dejó totalmente programado el año 2022, o sea, todos los gastos que están en cuestión vienen del Gobierno anterior. Establece prioridades de proyectos en una interacción previa con los respectivos Serviu".

El exministro de Vivienda durante el gobierno de Piñera, Felipe Ward, aseguró en Twitter que son "malas declaraciones del ministro Montes. El caso convenios afecta a su gobierno. Sus seremis firmaron convenios con fundaciones cuestionadas. Y la facultad viene de 2016, no de 2019. No hay problema en delegar cuando se delega en autoridades honestas. Ahí la diferencia".

Cristián Monckeberg, también exministro de Vivienda entre 2019 y 2020, apuntó en redes sociales a que "es una mala decisión tratar de responsabilizar a gobiernos anteriores, vinculándolos con decisiones de sinvergüenzas que permitieron ilegalidades en la actual administración y que hoy tienen que responder ante la Justicia".

Para cerrar un pronóstico al menos turbulento para La Moneda, el jefe de la bancada republicana, Benjamín Moreno, diijo que evalúan una acusación constitucional contra del ministro Montes y también contra el ministro Jackson.