Derecho a la seguridad ciudadana
A dos años de asumir el Presidente Gabriel Boric, la agenda pública continúa fuertemente marcada por la sensación de inseguridad de los ciudadanos, el aumento de los delitos violentos y la falta de claridad en los lineamientos sobre la ejecución de las medidas abordadas. De hecho, el Gobierno solo ha logrado desarrollar un poco más de un 40% del Plan Nacional de Seguridad Pública. Lo anterior, pareciera a ratos, supeditado a la recaudación de la Reforma Tributaria que impulsa el ministro Marcel y no solo a la determinación de resolver la principal complejidad que aqueja a chilenos y chilenas.
La Asociación de Municipales de Chile (Amuch) consciente de la realidad a la que nos enfrentamos, ha desarrollado un conjunto de acciones y estrategias para apoyar el combate contra la delincuencia y el crimen organizado. Para ello, además de impulsar la creación del Observatorio de Seguridad Territorial, hemos desarrollado estudios, encuestas y también capacitaciones para funcionarios municipales, en la materia. Todo lo anterior, con la finalidad de contribuir con soluciones a esta problemática.
En este contexto es que hemos presentado una iniciativa popular en el marco de proceso constituyente, denominada: Derecho a la Seguridad Ciudadana.
Nuestra propuesta consiste en el conjunto de garantías que el Estado debe brindar a los ciudadanos para el libre ejercicio de sus derechos. ¿El principal argumento? El derecho se plantea como una exigencia para que el Estado entregue la debida protección ante el delito y la violencia social lo que supone una grave interrupción de la relación básica entre gobernantes y gobernados. Supone, por cierto, del compromiso de alcaldes y alcaldesas por mejorar, con hechos y realidades, la calidad de vida de las personas.
Gustavo Alessandri, presidente Amuch
Institucionalidad frente a desastres en Chile
Los desastres como terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, aluviones, inundaciones e incendios forestales son parte del ADN nacional.
La institucionalidad para enfrentarlos radica en el Sistema y Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres Naturales (SENAPRED) que por Ley 21.364 de 2021 reemplazó a la Onemi, manteniendo su dependencia en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Las funciones se limitan a planificar, coordinar, organizar, asesorar y supervisar. Posee un modelo de gestión carente de herramientas para exigir el cumplimiento de la prevención y no considera la gestión propia de respuesta operativa.
La primera respuesta en terreno a los desastres es activada inmediatamente por Carabineros de Chile y los Cuerpos de Bomberos, en razón a su doctrina, experiencia y despliegue territorial. El importante apoyo de las FF.AA., está supeditado a los tiempos en que se tramita el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe.
Desde una visión estratégica de seguridad a la respuesta frente a desastres, se puede esbozar que es imprescindible generar un presupuesto permanente para fortalecer la capacidad logística de respuesta y capacitación especializada en Carabineros de Chile y los Cuerpos de Bomberos.
Hero Negrón Schlotterbach, presidente Centro Nacional de Estudios del Orden Público, Ceneop
Alimentación laboral
La reciente consagración del derecho al "trabajo decente", por parte de la Comisión de Expertos que redactó el anteproyecto de Constitución, se constituye como un importante paso hacia la protección y promoción de las condiciones laborales dignas en nuestro país.
En el contexto de este derecho, nos parece relevante abordar una dimensión en particular: la alimentación durante la jornada laboral.
¿Es posible asegurar la alimentación durante la jornada laboral? Experiencias internacionales como las de Brasil y México demuestran que sí lo es, que garantiza efectos económicos y sociales positivos y que es posible llegar a esta meta con acuerdos tripartitos. Sin duda somos muchos los interesados en aportar a este fin.
Fernando Müller Ferrés
