El exseremi de Vivienda de la Región del Maule, Rodrigo Hernández (RD), investigado por transferencias sobre $800 millones a la Fundación Urbanismo Social, donde trabajó como representante legal, señaló que "firmé la renovación de la vigencia de gestión Vivienda en ese registro, sin percatarme" que se trataba de su antiguo empleo. Frente a esto, el ministro Carlos Montes respondió que "vamos a ver lo que dicen las instituciones, en definitiva, no basta con lo que él diga".
El secretario de Estado señaló que "es muy importante que el ex seremi plantee todos estos antecedentes en el proceso que va a ser convocado por el Ministerio Público", aunque "primero, nosotros mandamos una comisión a investigar los hechos. (...) Luego, descubrimos que él había ejercido mal su declaración de inhabilidad, porque él había trabajado antes en la empresa beneficiada. Es por eso que se inició una investigación sumaria y se le suspendió del cargo".
Días después, "a pesar de lo que habíamos consultado, lo que le habíamos planteado, si hay otro elemento, nos dijo que no. Bueno, él lo que hace en esta carta es decir que se equivocó pero, en definitiva, él autorizó a una institución que es parte de Urbanismo Social, la autorizó para poder reanudar funciones dentro de la región, teniendo inhabilidad para hacerlo, y es por eso que se le pidió la renuncia al cargo y, a su vez, se entregaron todos los antecedentes a la institución que corresponden. Vamos a ver lo que dicen en las instituciones, en definitiva, no basta con lo que él diga", subrayó Montes.
El senador Juan Luis Castro (PS) dijo en radio Cooperativa que "RD en este caso tiene los vínculos en distintos lugares y tiene que tener una respuesta política para contar la verdad de todo esto. (...) No es que eran dos locos que inventaron estas cosas y que nadie más supo".
Universidad de aysén
La Fiscalía abrió una investigación contra la Universidad de Aysén a petición de los diputados René Alinco (independiente), Marcia Raphael (RN) y Miguel Calisto (independiente-PDG), por eventuales irregularidades en el traspaso de fondos desde el Gobierno Regional (Gore) y la Universidad de Aysén a las fundaciones Democracia Viva y ProCultura, ambas con procesos abiertos en varias regiones.
El documento al que accedió Radio Bío-Bío pide que se averigüe si la universidad estatal pagó honorarios, traslados y estadía a funcionarios de Democracia Viva, durante la escuela de verano. Además, el exdirector de la fundación y expareja de la diputada Catalina Pérez (RD), Daniel Andrade (exRD), acompañó a la rectora Natacha Pino, en representación de la Universidad de Aysén, a participar en la Convención Constituyente.
Los legisladores solicitaron al Ministerio Público que "determine la legalidad de la contratación de la Fundación Democracia Viva, si esta respondió a la normativa pública, es decir, si fue por licitación pública, invitación a participar o en su haber, trato directo, y todos los gastos y pagos relacionados".
Sobre el Gore y ProCultura, los diputados pidieron investigar el depósito de $1,6 millones a la fundación, en el marco de la Transferencia programa apoyo a familias de zonas Provincia de los Glaciares y, una semana después, el Gore de Magallanes asignó, a la misma entidad, $1,5 millones para habilitación social en Porvenir.
"Sin los escrutinios razonables"
El excontralor e integrante de la Comisión para la Probidad y la Transparencia -creada por el Presidente Gabriel Boric a propósito del Caso Convenios-, Ramiro Mendoza, dijo en CNN que "la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil están sujetas a un escrutinio bien complejo, desde el punto de vista del inicio de la educación para recibir estos recursos, los procesos e incluso tienen que garantizar los recursos. Acá simplemente hubo transferencias de recursos sin los escrutinios razonables".
