Según datos de Estados Unidos, el lunes 3 de julio fue el día más caluroso de la historia registrado a nivel mundial. El récord era de agosto de 2016, con 16,92 grados Celsius en promedio global, pero ahora fue de 17,01. Desde diversos centros de investigación se enfatizó que este nuevo récord no es un hito que se deba celebrar y se unió a la información de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que declaró oficialmente la presencia del fenómeno de El Niño, luego de confirmar que por primera vez en siete años se detectaron en el Océano Pacífico las condiciones que, muy probablemente, causarán un aumento de las temperaturas y alteraciones meteorológicas este año.

De acuerdo al organismo, el aumento de las temperaturas se dará sobre todo en los próximos tres meses y persistirá hasta el final de 2023, con una intensidad que "será al menos moderada", pero no se descarta que pueda ser un fenómeno severo. De hecho, se precisó que entre las alteraciones que se pronostican figuran condiciones de sequía en Australia, América y, concretamente, de Sudamérica.

La OMM también recordó que esta es la primera vez desde el período 2015-2016 en que la comunidad científica está de acuerdo en que el mundo está ante un fenómeno de El Niño y que es "la señal para que los gobiernos de todo el mundo pongan en marcha los preparativos para frenar las consecuencias de este fenómeno".

La información coincidió con el día de mayor temperatura promedio de la historia, lo que vuelve a unir el fenómeno de El Niño con este alarmante récord, como sucedió en 2016, que fue el año más caliente globalmente que se haya jamás registrado hasta el nuevo hito de esta semana. El patrón climático de El Niño ocurre típicamente cada dos a siete años y suele durar de nueve a doce meses, durante los cuales se produce un calentamiento gradual del Océano Pacífico que provoca intensas lluvias en ciertas regiones del mundo y sequías en otras. "Esta es otra llamada de atención o una alerta temprana de que todavía no vamos en la dirección correcta para limitar el calentamiento conforme a los objetivos finales establecidos en 2015, en el Acuerdo de París con el fin de reducir los impactos del cambio climático", señaló el organismo, que funciona como el brazo científico de la ONU.

El proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública que fue aprobado hace dos semanas por el Senado, ha sido una discusión de larga data en nuestro país.

La primera vez que se discutió fue en 2006 en el contexto del proyecto de ley que "Crea el Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas, y modifica diversos cuerpos legales". En el mensaje de dicho proyecto se explicaba la necesidad de contar con un ministerio especializado en seguridad pública. Esa es la misma conclusión a la que llegó -14 años después- el Consejo Asesor de la Reforma de Carabineros y la Comisión para la Reforma presidida por el ex senador Felipe Harboe, ambos de comienzos de 2020.

En la misma línea de esos esfuerzos, el mensaje de septiembre de 2021 que, junto con la creación de una institucionalidad dedicada, busca institucionalizar un nuevo paradigma en materia de seguridad basado en la prevención de peligros. Ello porque la realidad del siglo XXI da cuenta de un mayor dinamismo de los riesgos, amenazas e interferencias a los que se ven expuestos los ciudadanos. Por lo tanto, propone superar la lógica de la prevención del delito y avanzar hacia una de prevención de peligros. Así, la función del Estado en seguridad debe orientarse a evitar que las personas resulten dañadas en su vida, su integridad física o su propiedad, como consecuencia de causas antrópicas, sean éstas fortuitas o negligentes (accidentes de tránsito) o deliberadas (delitos) y un enfoque de seguridad multidimensional.

Bajo esta lógica, el proyecto busca que este nuevo ministerio fuese el ente superior de un Sistema de Seguridad Pública, encargado de la coordinación sectorial e intersectorial, para el logro de los objetivos de seguridad. La creación de un Ministerio ha sido una discusión de larga data en nuestro país, el cual adquirió una relevancia especial frente a la violencia de octubre de 2019. Sin embargo, el resultado de la discusión en el Senado, tras una indicación sustitutiva presentada por el Presidente Boric en agosto de 2022, empeoró en múltiples aspectos.

Dentro de las principales alertas, cabe destacar el retroceso en especialización, la vaguedad en la forma de construir un sistema de seguridad pública, la forma en que comprende la sujeción de las policías a la autoridad civil y el sistema de televigilancia que se pretende implementar. En la medida que el proyecto avanza hacia disposiciones que refuerzan el control político sobre las policías, disminuye su especialización técnica y construye sistemas vagos e imprecisos de seguridad pública, dotados de facultades cada vez más amplias e intrusivas, como es el caso de la unificación bajo la futura Subsecretaría de Seguridad Pública de un sistema de televigilancia, se desfigura su orientación a la servicialidad de la persona y se avanza en la construcción de un organismo de control de la ciudadanía.

El robustecimiento del Estado en esta materia no se debe hacer a costa del debido resguardo de los derechos de las personas frente a él. Adicionalmente, la legislación orgánica de un ministerio debe estar llamada a recoger las mejores prácticas internacionales en la materia así como asegurarse de contar con las necesarias herramientas para que su función sea ejercida de manera adecuada, pero sobre todo, que la promesa de su establecimiento no sea en vano. Esto, con el estado actual de las disposiciones, parece no cumplirse. Por ello, modificaciones durante su discusión en la Cámara de Diputados serán esenciales para asegurar que los órganos del Estado no devengan en "grandes hermanos" que terminan minando las bases de una sociedad libre.