El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, responderá hoy ante la Cámara de Diputados por eventuales fallas en su gestión, marcada por las colaciones de la Junaeb, donde se habría pagado un sobreprecio millonario, acusa la oposición, así como el plan de educación sexual en los colegios. La acusación constitucional (AC) llega a la Sala con el rechazo de la comisión revisora, junto a dudas en el voto desde la centroderecha.

A las 10:00 horas comenzará el juicio político al secretario de Estado, cuyos argumentos se rechazaron en comisión por tres votos contra dos. En la instancia expuso esta semana la exvocera del "bus de la libertad", Marcela Aranda, quien pidió a Ávila explicar "si su condición impide o afecta la ejecución de su cargo".

A esto se sumaron las palabras de la diputada María Luisa Cordero (independiente-RN) en Radio El Conquistador: "Si no fuera ministro de Educación, yo ya lo habría pedido para que lo metan preso por incitación a la precocidad y perversidad sexual infantil".

La ministra vocera, Camila Vallejo, señaló ayer que "no hay argumento político-jurídico que la sostenga. Esta es una acusación constitucional que se ha inspirado en la homofobia y la discriminación. No hay una línea de esa AC que tenga sustento político o jurídico".

"Para aquello nuestro Gobierno no va a estar disponible, y esperamos que en el análisis del mérito de esta AC no existan las mayorías para validar un acto tan elevado de homofobia y discriminación en contra de un ministro de Estado", enfatizó Vallejo.

Su par de la Segpres, Álvaro Elizalde pidió a los legisladores que "prime un sentido de responsabilidad", porque "esta acusación carece de fundamento jurídico y, por tanto, debiera ser rechazada. Creemos que se está utilizando este instrumento de manera inadecuada, toda vez que, tal como quedó acreditado una vez que el ministro Ávila respondió la acusación, esta carece de fundamentos y por tanto no existe ninguna infracción por la cual debiera aprobarse".

Esto va en línea con la publicación del Presidente Gabriel Boric en Twitter, donde señaló que la AC "está marcada por la homofobia, que aquí queda claramente en evidencia. Y esto no debiera ser aceptable en nuestra sociedad".

Votación

En la comisión de Educación votaron contra la iniciativa los diputados Tomás Hirsch (Acción Humanista), Juan Santana (PS) y Héctor Ulloa (independiente-PPD). A favor, Miguel Ángel Becker (RN) y Gloria Naveillán (independiente).

El también diputado y presidente de la DC, Alberto Undurraga, llamó a la bancada a rechazar el libelo acusatorio, pero ayer el jefe de la bancada, Eric Aedo, señaló en Radio Universo que "descarto una votación en bloque, porque seguramente hay gente que va a ponderar ese aspecto jurídico por sobre el otro aspecto, y en algunos casos van a poner la mayor fuerza en cómo se está realizando la tarea en el ministerio".

Evópoli, por su parte, al cierre de esta edición manifestaba sus dudas, ya que cuenta con cuatro escaños en la Cámara, dos de ellos independientes.

Jorge Guzmán dijo que Ávila "lo ha hecho mal y le ha hecho un mal a la educación, (…) pero la mala gestión del ministro no es sustento suficiente para acusarlo".

Hay ocasiones en que un incidente cualquiera, una circunstancia fortuita o deliberada, pero ajena al asunto principal acaba modificando a este último. Un accidente a última hora de un candidato puede malograr a un partido entero; un exabrupto al pasar deslegitimar un punto de vista que de otra forma sería racional; un acto ilícito de alguien detener o paralizar una política pública; unas declaraciones dichas al pasar, condenar al fracaso a una acusación constitucional.

Y así.

Estos días se ha asistido a uno de esos accidentes que estropean algo que, de no mediar el primero, sería legítimo e incluso hubiera podido tener éxito.

Ha ocurrido cuando una diputada tildó de pervertido y calificó de nauseabundo al ministro de educación o cuando se decidió invitar al Congreso a exponer a una activista conservadora, alguien que piensa que tras las iniciativas del ministro hay una agenda LTGB+. Todas estas intervenciones en vez de examinar el contenido de una política, prefieren escudriñar la sexualidad de quien la propone, confiriendo así plausibilidad a la idea (planteada por el presidente Boric en su cuenta anual) de que el Ministro Ávila enfrenta una ofensiva homofóbica.

Y entonces lo que pudiera ser una evaluación de la conducta ministerial para cerciorarse los parlamentarios de si el ministro ha estado o no a la altura de sus deberes, se transforma en una evaluación de su orientación sexual.

Y ocurre que, como es obvio, los parlamentarios y el conjunto de los ciudadanos, o incluso cada uno de estos últimos individualmente considerados, carecen de la facultad de evaluar o juzgar la orientación sexual ajena, sea ministro o individuo de la calle. La orientación sexual de cada uno forma parte de la intimidad, de esa esfera que goza de inmunidad frente a la injerencia ajena, ese ámbito de la vida propia que solo el titular puede decidir si someter o no al juicio de terceros. Pretender explicar esta o aquella política pública, sea para criticarla o encomiarla, a partir de la orientación sexual de quien la diseña o la promueve, no solo es un error lógico (lo que se llamaría una falacia non sequitur) sino un error moral que invade y atropella la autonomía y la intimidad ajenas.

En ese error han, desgraciadamente, incurrido la diputada y la activista que expuso en el Congreso al vincular la homosexualidad del ministro con el contenido de los programas educacionales que promueve. Es obvio que no existe continuidad necesaria entre la orientación sexual de un político y las ideas que promueve, sea gay, heterosexual, binario o célibe. Un gay (y ha habido casos) puede perfectamente promover políticas contrarias a la homosexualidad y un heterosexual, en cambio, impulsar una agenda LTGB+.

Mantener esa distinción entre la sexualidad de quien promueve una determinada política, y el contenido de esta última, es un principio básico de la actividad pública que en vez de impedir el control de las decisiones de la autoridad, lo favorece.

Porque una vez establecido lo anterior no cabe duda de que las políticas de educación sexual, como cualquier otra iniciativa, deben ser sometidas al escrutinio público para cerciorarse la ciudadanía que ellas no atropellan o lesionan derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho de los padres a educar a sus hijos que es lo que los sectores conservadores temen. Ese tipo de escrutinio es sano en una democracia y forma parte del permanente discernimiento que ha de llevarse adelante en la esfera pública para equilibrar el respeto debido a todos los derechos fundamentales, conciliando algunos de ellos con todos los otros.

Pero cuando la orientación sexual de la autoridad se identifica como una razón para criticar (o encomiar) una política pública, se incurre en un error que acaba deslegitimando y hace imposible un escrutinio racional de las decisiones que afectan a todos.

Por eso, en la medida que ese tipo de actitudes no se corrijan, esta acusación o cualquier otra será fallida, porque si se la rechaza se creerá que fue una forma de no sumarse a la agresión a la sexualidad de un ministro, y porque si se la aprueba siempre quedará flotando la duda de si ello fue por las razones equivocadas.