En un reciente estudio de Insure my trips, Santiago fue elegido el peor destino turístico para las personas mayores y en el que la movilidad urbana se destaca como uno de los aspectos peor evaluados. La capital se constituye para muchos no sólo en un mal destino turístico para los mayores, sino como un lugar que presenta limitaciones para la movilidad de sus habitantes.

Esta realidad no es exclusiva de Santiago, sino que se replica en varias ciudades del país. La movilidad urbana se relaciona con diversos ámbitos, entre estos: la accesibilidad, la infraestructura y la funcionalidad de la persona mayor que se visibilizan, por ejemplo, en las condiciones de uso del transporte público o la experiencia de ser peatón. Las dificultades que las personas mayores experimentan al movilizarse por la ciudad disminuyen el incentivo por salir de sus hogares y afecta las posibilidades de ejercer su autonomía e independencia.

Las ciudades amigables, es decir, aquellas que se adaptan a las necesidades y capacidades de las personas mayores, reconociendo la diversidad de este grupo etario y contribuyendo a su inclusión social, sin duda mejoran su movilidad. Si bien en Chile se ha avanzado, es relevante que los planificadores no vean como única alternativa la tecnologización como ámbito exclusivo de mejora, sino también pueda aplicarse una visión más integral desde las posibilidades de lo que implica habitar la ciudad.

Así se refleja en los resultados del estudio "Movilidad urbana y oportunidades de mejora para la calidad de vida de las personas mayores", realizado por la Universidad Autónoma de Chile, donde los encuestados que reportaron mayor calidad de vida, estaban mayormente satisfechos con realizar actividades como salir de casa, para diferentes propósitos como reunirse con amistades o familiares, realizar trámites o acudir a atenciones de salud. Por tanto, la oportunidad de movimiento al interior de la ciudad contribuye a mejorar la calidad de vida de este grupo etario, disminuyendo su nivel de dependencia y aumentando su nivel de participación social. Entre los aspectos más críticos, destacaron el mal estado de las calles y veredas, que se convierten en obstáculos para realizar sus desplazamientos cotidianos, y la lejanía de los servicios urbanos.

El Estado, el sector privado y la ciudadanía deben articular y ofrecer espacios más inclusivos para este colectivo, no sólo depositar en las personas mayores y su entorno la responsabilidad de ser un ciudadano activo e integrado socialmente, sino que reconociéndolos como un actor relevante para la construcción no sóo de ciudades amigables e inteligentes, sino que también sabias, siendo capaces de integrar los intereses de sus mayores y ceder espacio físico y simbólico en la construcción de una ciudad para todas las edades.

Como un estamento a cargo de la modernización de la labor del Estado, garante del avance en la carrera funcionaria y con la tarea de dotar de transparencia en el proceso de designación de cargos directivos en el Estado, en junio de 2003 se creó el Servicio Civil junto al sistema de Alta Dirección Pública (ADP).

Sistema que cumple 20 años, y registra una serie de avances, pero también de desafíos para el futuro inmediato.

En ese sentido, resulta esencial que los procesos de elección de autoridades vía ADP mantengan y aumenten los estándares de transparencia en cada una de sus etapas, con la posibilidad también de acortar brechas de género y dejar de lado el componente político, que en ocasiones pareciera ser que se ocupa como moneda de cambio en la llegada de toda administración.

Esto, pese a que desde el propio Servicio Civil reconocen que este último punto es imposible. "El sistema combina la meritocracia en el ingreso y avance de las nóminas con la democracia que es el ejercicio del gobierno, y se estima legítimo que elijan las autoridades más afines para llevar adelante el programa de gobierno", explicó Felipe Melo, director nacional del Servicio Civil.

Es allí donde elementos como la meritocracia y la democracia deben combinarse de la mejor forma posible para que, quienes asuman los cargos que en la mayoría de los casos duran tres o cinco años, con posibilidad de prórroga en los primeros, tengan la seguridad de ejecutar las políticas públicas que se definen y con un cierto margen de acomodar su labor a lo que el territorio en el cual ejercen les demanda. Lo anterior, sumando a la experiencia y conocimiento que tiene cada director del área en la que se desempeña.