Parecía que el foco de los escándalos de traspasos de dineros desde reparticiones estatales a fundaciones se había girado hacia los recientes robos a oficinas de ministerios. Sin embargo, el caso Democracia Viva volvió a centrar la atención luego de que la fundación que lleva ese nombre presentara tres recursos para evitar la devolución de los casi 400 millones de pesos ordenados por el Ministerio de Vivienda a la Seremi del ramo en Antofagasta.
Luego de que se destaparan los convenios por 426 millones de pesos entre la ONG liderada por el entonces militante de Revolución Democrática Daniel Andrade y el organismo gubernamental en el norte, que era dirigido por su correligionario Carlos Contreras, la cartera de Vivienda ordenó el fin de dichos contratos y la devolución de todo el dinero que no había sido rendido por la fundación: 391 millones de pesos.
Sin embargo, el martes Democracia Viva presentó una solicitud para no reintegrar de inmediato el dinero. Y ayer el medio ExAnte reveló que de acuerdo a lo expuesto por Andrade, lo que corresponde es restituir 294 millones de pesos y no 391 millones.
Cuentas divergentes
"Una correcta revisión a nuestro parecer, de las rendiciones de nuestros trabajos a junio de este año, establece que el monto a devolver sería de 294.384.230 pesos", expone en una carta firmada por Andrade. Y adjunta a la declaración el pantallazo de una cartola de una cuenta corriente en Banco Estado que mostraba ese saldo a las 6:45 pm del martes 25 de julio: 97 millones menos de lo que se le exige.
El principal argumento para estas cuentas es que en el cálculo del ministerio no se consideraron las rendiciones efectuadas desde febrero a la fecha.
Ante ello el ministro de Vivienda, Carlos Montes, dijo que "Queremos ser claros: no vamos a aceptar irregularidades. Vamos a poner todas nuestras capacidades, todas las condiciones que tenemos, para asegurar que estos recursos se restituyan y se destinen a lo que corresponde".
Y el titular de Justicia, Luis Cordero, fue enfático en defender el monto solicitado por la entidad de Gobierno: "No hubiese sido posible dictar la resolución que ordena la restitución si eso no está acreditado".
RN pide sumarios
Mientras se desarrolla esa discusión, Renovación Nacional profundizó ayer su arremetida contra el Ejecutivo por los recientes robos o dependencias de ministerios, como ocurrió en las oficinas de Desarrollo Social, de Cultura y un intento frustrado en Bienes Nacionales.
Luego de que diputados del partido de oposición acusaran que el oficialismo -y principalmente a RD- busca "esconder evidencia", el secretario general de RN, Diego Schalper, acudió ayer a las oficinas de la Contraloría General de la República para pedir que se instruyan sumarios administrativos en los ministerios afectados por robos, ante la omisión de denuncias.
"Venimos en requerir al señor contralor ordenar la instrucción de un sumario administrativo con el objeto de hacer efectiva la responsabilidad funcionaria que eventualmente correspondiere a los empleados públicos de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, de la Subsecretaría de Servicios Sociales y de la Subsecretaría del Patrimonio Cultural que omitieron denunciar hechos que revisten caracteres de delito", señala el texto presentado.
Nuevos robos a oficinas públicas
Ayer se dieron a conocer nuevos robos de computadores desde dependencias de instituciones públicas. La Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana informó que desconocidos sustrajeron "elementos computacionales", sin precisar cuántos, desde el Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos La Granja, ubicado en la comuna de San Ramón, y del Centro de Atención Jurídico Social, de La Cisterna. En ambos casos, afirmó el organismo, "la información contenida se encuentra respaldada íntegramente".
