Héctor Díaz

A raíz del bullado "Caso Convenios", el reciente fin de semana en una nota del diario La Tercera se dio a conocer que Contraloría General de la República declaró "ilegales" un total de 29 de 34 convenios revisados a nivel nacional, entre entidades públicas y ONG, dentro de los cuales figura el Gobierno Regional de Ñuble a raíz de un convenio realizado con la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistencias, ADRA Chile, por $736 millones.

Lo anterior, fue notificado mediante Oficio: E369788/2023 de la Contraloría General de la República que Representa la Resolución (N° 39) el pasado 18 de julio al Gobierno Regional de Ñuble, en el cual se describe que el convenio (Código FSDÑ 001, fecha 03 de abril del 2023) "no se encuentra ajustado a derecho", con fundamentos entre los cuales están el que "los estatutos de ADRA Chile no contemplan, dentro de sus finalidades, el desarrollo de actividades para contribuir al sistema de operación de alcantarillados, o la operación, mantención y reparación de sistemas de agua potable y sanitarios rurales".

Se concluye que "en atención a que en la especie se procedió a efectuar el traspaso total de los recursos, pese al oficio de representación de esta Contraloría Regional, los antecedentes sobre los que versa el convenio de la especie serán considerados en la fiscalización que se encuentra en ejecución de este organismo", dando cuenta que la forma de traspaso de recursos está errada pues se hizo previo a la total tramitación del acto administrativo, viciando así todo el acto administrativo, y por ende dejándolo "ilegal".

Consultados al respecto, desde el Gobierno Regional de Ñuble respondieron que existe un programa diseñado por la Fundación ADRA con la que han trabajado desde la pandemia y que en este caso se acudió a ella para ayudar a las familias afectadas por los incendios forestales ocurridos en febrero de este año, y que permite la habilitación de las viviendas de emergencia con baño y agua potable. Esta iniciativa fue representada por la Contraloría Regional en el control jurídico que desarrolla este órgano, de todos los actos administrativos que son sometidos a esta revisión.

"En ningún caso, que un acto sea representado es sinónimo de ser ilegal, sino más bien de una observación, por lo tanto, es una interpretación inexacta y poco precisa que se efectúa en esta publicación", dijo Fernando Silva, jefe de la Unidad Jurídica del Gore Ñuble.

En el mismo sentido, el profesional precisó que "en el análisis que efectúa el órgano contralor, existe la posibilidad que las instituciones deban subsanar observaciones para, precisamente, cumplir con los estándares de control que aseguran la transparencia y probidad de los actos públicos, y nuestra misión es remitir los antecedentes que aporten a esta precisión; lo que permite finalmente subsanar las observaciones y que la Contraloría tome razón de las iniciativas".

Traspasos

Quien también se refirió a la situación fue el consejero regional Cristian Quilodrán, quien dijo que se les había informado desde el ejecutivo que "los traspasos financieros ya contaban con la aprobación de dicho ente fiscalizador".

"El convenio ADRA representa una inversión de 4.200 millones de pesos, aprobada previamente por el Core. Hasta el momento, se han transferido al menos 1.200 millones de dichos fondos. La información recibida hasta la fecha indica que estos fondos se han gestionado de manera adecuada, cumpliendo con los plazos y compromisos estipulados. Sin embargo, es imperativo señalar que existen áreas que requieren una supervisión y transparencia aún más rigurosa. Recordemos que este convenio viene en ayuda de las familias afectadas por los incendios 2023", explayó el consejero.

A su vez Quilodrán, explicitó que ante las limitaciones del Core debido a la falta de soporte técnico y legal, "es esencial que podamos confiar plenamente en la información proporcionada por la gobernación. Las recientes declaraciones de la Contraloría, que catalogan el convenio como "ilegal", hacen imperativo que recibamos una respuesta detallada y fundamentada por parte del gobernador, garantizando así que nuestras decisiones se basen en hechos y claridad".

El core detalló que enfatizó la necesidad de acceder a información detallada sobre la entidad constructora responsable de las obras vinculadas al convenio ADRA, los profesionales y técnicos contratados para ejecutar las actividades, la estructura salarial y los beneficiarios directos del convenio, anticipando que mañana en sesión plenaria del Consejo Regional, "insistiré en la necesidad de esta información y solicitaré detalles sobre la tramitación ante la Contraloría, considerando que se suponía que los traspasos financieros ya contaban con la aprobación de dicho ente fiscalizador".

Pese a los intentos al cierre de esta edición, no se pudo contar con la versión de ADRA Chile sobre la materia.

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