Los recursos hídricos y la gama de servicios que prestan, juegan un papel clave en el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la sostenibilidad ambiental. El agua propicia el bienestar de la población, el crecimiento y tiene un impacto positivo en la vida de las personas, al incidir en cuestiones que tienen que ver con la seguridad alimentaria y energética, la salud humana y el medioambiente.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) este año destacó la importancia del elemento en el desarrollo sostenible, incentivando a las personas a hacer un uso responsable, tanto en las empresas como en los hogares. Nuestro país ha enfrentado durante los últimos catorce años una sequía que afecta los cultivos del agro y la ganadería en varias regiones, y que impacta en la disponibilidad de alimentos, por lo que el cuidado del agua debe ser una prioridad.

Dependemos de ella para la salud pública y el progreso; es esencial para la seguridad alimentaria y energética, y sustenta el funcionamiento de las industrias.

Es evidente que ha habido un cambio en el régimen de lluvias, porque cuando en invierno caen precipitaciones fuertes, se concentran en muy poco tiempo, por lo que el agua escurre superficialmente y no se infiltra para recargar los acuíferos. Eso parece explicar los problemas que hay en la captación de aguas subterráneas, especialmente cada verano.

Las personas en todo ámbito deben tomar conciencia del impacto que puede provocar cualquier actividad que realizan, más si se trata de aquellas reconocidas como atentatorias contra el medio ambiente. El cuidado del agua nos compete a todos y debe partir desde la base, en cada hogar, con educación y con la búsqueda de mejores soluciones.

Aunque aún no se ha ingresado ninguna indicación al proyecto de reforma en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, el Gobierno ha señalado que eliminaría las cuentas nocionales del diseño de la reforma de pensiones. Si bien esto va en la dirección correcta, la propuesta de que 4% de la cotización adicional vaya a un fondo colectivo y 2% a cuentas individuales no es satisfactoria. Tampoco lo es que el 6% se divida en partes iguales entre ambas modalidades. Si ya en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera esas propuestas no lograron consensos políticos ni técnicos (fue por ello que la reforma se separó para la creación de la Pensión Garantizada Universal, PGU), hoy hay más razones para sostener la importancia que el ahorro adicional que considere la reforma vaya íntegramente a las cuentas individuales. La propuesta del Gobierno sigue siendo insuficiente al compararla con llevar toda la cotización a ahorro individual y entregar otro tipo de ayudas a los actuales pensionados que reciben bajas jubilaciones. Hacerse cargo de esa realidad es posible sin necesidad de generar los desincentivos a la formalidad y sin el riesgo fiscal que significa un pilar de reparto, toda vez que el problema de las bajas pensiones actuales es un problema acotado y decreciente en el tiempo. Por ejemplo, una propuesta alternativa y factible de financiar desde el punto de vista fiscal, es elevar el monto de la PGU a la línea de la pobreza y aumentarla en un 30% por sobre este monto a mujeres que hayan cotizado al menos 15 años y personas con dependencia severa. Esto en promedio tendría un costo de 0,23% del PIB. Adicionalmente, se podría establecer una tasa de reemplazo objetivo, para quienes cotizaron al menos 15 años y que debiese ser determinada por un grupo de expertos autónomo. Por ejemplo, si la tasa de reemplazo objetivo, fuese de 62% (equivalente al promedio de la OECD), las pensiones subirían entre 17% y 24% y se requeriría 0,2% del PIB. Si la tasa fuese de 70% (coherente con otros beneficios sociales en Chile, como la pensión de invalidez total), las pensiones aumentarían entre 32% y 40% y el gasto fiscal se ubicaría en 0,4% del PIB. Estos recursos son transitorios y serán decrecientes en el tiempo, pues son los pensionados actuales y quienes se pensionarán en los siguientes 20 años los que requieren ayuda adicional para aumentar los montos de sus pensiones, pero los beneficios de la PGU y un aumento de cotización a las cuentas individuales aumentará las pensiones de los futuros pensionados. En total, se requerirían entre 0,43% y 0,63% del PIB adicionales. Un monto abordable que puede ser financiado con parte de los recursos del royalty y la implementación de medidas que combatan la evasión y la elusión, junto con la eliminación de exenciones tributarias injustificadas.