En el mes de la niñez debemos mirarlos a todos y todas. Son cerca de 12 mil menores separados de cuidados parentales por orden de un tribunal, medida excepcional que debe ser transitoria y acompañada de un proceso de reunificación familiar que en la mayoría de los casos es posible. 4.500 de ellos son derivados al sistema residencial y el resto va a familias de acogida, en un 80% parientes. Hoy el sistema de cuidados alternativos está en crisis, requiere de especialistas y programas ambulatorios que no están disponibles y expertos que no son suficientes.

Hay niños que ni siquiera llegan al servicio de protección. De acuerdo a Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo, se estima que tan solo un 20% de las víctimas de explotación sexual llegan a la oferta de los programas vigentes, insuficientes para las 4 mil a 6 mil niñas que van a sufrir lo inimaginable de manos de un proxeneta. "Misma situación enfrentarán aquellos niños, niñas y adolescentes (NNA) que serán reclutados por bandas criminales, a los que les van a dar drogas para vivir como zombies, a los que les cargarán un fierro, a los que expulsarán del colegio, a todos los olvidados, a los que nadie quiere ver, pero si quieren encerrar", plantea Sánchez.

En Chile hay cientos de miles de niños que no celebran, niños que debieran contar con la protección de sus familias y del Estado, familias que también son abandonadas y negadas. Se trata de padres y madres que no saben cómo superar las conductas que se transforman en dolor para sus hijos y hermanos que sufren por la separación. Es importante avanzar decididamente en cambiar esta realidad y tomar medidas urgentes.

Una brecha de 1,3 millones de viviendas a nivel nacional al 2030, según las proyecciones de Déficit Cero, es el desafío de proporciones que debemos ser capaces de enfrentar en favor de miles de familias que buscan dejar de ser allegados o acceder a un inmueble definitivo. La tarea es mayor, en especial, en una época en que el sector privado alerta por falta de financiamiento a empresas y familias.

Ante la crisis, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) ha planteado un plan de emergencia habitacional que tiene como meta levantar 640 mil viviendas en cuatro años. Pero ¿cómo se cumple con lo prometido? Una de las respuestas viene de la mano con la vivienda industrializada, solución que ya se ha puesto en marcha en BioBio, Lo Espejo y Renca, además de un conjunto en Recoleta, pronto a iniciarse.

La División Técnica del Minvu ya ha certificado a más de diez empresas que ya se dedican a este tipo de soluciones, las que contemplan el uso de materiales como madera, acero y hormigón armado. A esto se suma la innovación y motivación de las compañías que buscan hacer aportes. En los últimos meses, se han certificado diversos sistemas constructivos nuevos en paneles, edificios industrializados y cinco tipos de diseños de viviendas, los que pueden ser emplazados en forma rápida y eficiente, precisamente lo que se busca ante el déficit. La cartera pretende construir un total de 7.000 unidades industrializadas por año.

Hay varios ámbitos en los que debemos poner atención. Primero, el elemento arquitectónico no se debe dejar de lado a la hora de diseñar y elegir modelos viables para las diferentes zonas del país. No es lo mismo habitar una propiedad que cumpla estándares básicos, pero que sume elementos de un adecuado diseño, calidad y responsabilidad constructiva.

El objetivo es buscar nuevos formatos, crear espacios convertibles, que se adecúen al entorno climático con ahorro de energía, lo que implica encontrar soluciones durables y flexibles. Estos nuevos hogares deben estar insertos en áreas adecuadas en cada comuna, apartándonos de la vieja política de la vivienda social situada en la periferia o bien en áreas de riesgo.

Como segundo punto, persisten los desafíos administrativos. Ante el déficit, evitar la "permisología": se avanza en agilizar las aprobaciones, con el objetivo de no entrampar el ritmo de entregas que se requiere, todo sin dejar de lado los estándares exigidos.

Entre otras acciones, esto implica considerar a las entidades privadas que colaboran eficientemente en este ámbito, sacándolas de los vaivenes políticos, concentrándonos en lo urgente y volviendo a trabajar de manera eficiente, también tomando en cuenta el siempre bajo presupuesto público.

Junto con esto, se intenta entonces incorporar a más actores, como las universidades, las fundaciones y las empresas gestoras y constructoras, algunas ya existentes y otras que se han creado para responder al llamado. La alianza público- privada debe dar frutos, más que nunca, en favor de los que más lo requieren.

Alberto Texido,

académico Facultad Arquitectura Universidad de Chile