Concretada el lunes la renuncia de Susana Herrera al cargo de embajadora de Chile en el Reino Unido, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, abordó las críticas que ha recibido La Moneda -y en particular el Presidente Gabriel Boric- por el nombramiento en esa representación de una persona sin experiencia alguna en temas diplomáticos.

La funcionaria se vio obligada a dejar su puesto luego de que se revelara que presentó, sin seguir los trámites regulares, un proyecto al Gobierno Regional del Biobío para levantar fondos públicos y privados por cerca de cinco millones de dólares, en el que se incluía la construcción de un mercado de maderas en Santa Juana.

Consultada por una autocrítica que hace el Ejecutivo respecto a la designación de Herrera, Vallejo partió por argumentar que "el Estado tiene muchas funciones y muchos nombramientos. Siempre se está evaluando a las personas más idóneas que están a disposición para asumir ciertos cargos y eso no es suficiente. Siempre lo que acompaña después de esa evaluación tiene que ver con el desempeño y el cumplimiento irrestricto de las normas y deberes de las funciones públicas que se asumen".

La secretaria de Estado recordó haber anunciado que la permanencia de Herrera "estaba en evaluación en un sumario por la información que nos propicia Cancillería y ella lo que hizo es determinar su solicitud de renuncia voluntaria, que es independiente de los procesos de evaluación y de sumario".

Por su parte, ayer el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, con quien Herrera sostuvo conversaciones para implementar el proyecto cuestionado, dijo que "tuvimos una conversación sobre una idea (...), pero no hemos tenido ninguna conversación sobre un proyecto, porque no ha ingresado ningún proyecto con esas características". Añadió que "la forma en que se ha ventilado esto es bastante poco respetuosa. Si alguien quería remover una persona lo que tenía que hacer era ejercer esa facultad".

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) pidió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que aplique una multa a beneficio fiscal de 32 mil Unidades Tributarias Anuales (29 millones de dólares al valor actual) al Canal del Fútbol, al que acusa de abusar de su posición monopólica en el mercado de transmisión de los partidos del Campeonato Nacional de Fútbol Profesional.

Según la FNE, el Canal del Fútbol aplica una serie de imposiciones a los cableoperadores, las que constituyen prácticas comerciales abusivas: la fijación de un precio mínimo de reventa, la restricción a las promociones que pueden desarrollar los cableoperadores, la fijación de mínimos garantizados arbitrarios y la obligación de comercialización del CDF Básico a toda la base de clientes de los cableoperadores.

En la audiencia de ayer en el TDLC para escuchar los alegatos de las partes, el subjefe de Litigios de la FNE, Eduardo Aguilera, explicó que CDF infringió el artículo 3° del Decreto Ley N°211 al implementar, desde la creación de CDF Premium en el año 2006.

En su exposición, Aguilera sostuvo que el CDF ha limitado o controlado las promociones que los cableoperadores pueden implementar para la venta de las señales CDF Premium y CDF HD y ha establecido un precio mínimo de reventa, lo que perjudicó directamente a los consumidores. Además, señaló que CDF ha fijado un número arbitrario de abonados mínimos garantizados y ha exigido que toda la base de clientes de los cableoperadores adquiera CDF Básico como condición para acceder a sus señales Premium, lo que implicó la extracción abusiva de rentas.

La FNE explicó que CDF debe ser sancionado, pues en su conducta se observan los dos elementos que configuran el abuso de posición dominante: por un lado, la posición de dominio de CDF y, por otro, el comportamiento abusivo.

Por segundo día consecutivo, ayer la Cámara de Diputados vio enfrentamientos verbales entre sus integrantes al salir a colación los 50 años del golpe de Estado de 1973. Y desde San José de Maipo, en la Región Metropolitana, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, entró con fuerza en la discusión.

"Nunca se puede avalar o buscar argumentos que legitimen la ruptura democrática por más diferencias políticas que se puedan tener", dijo la ministra "Los que buscan justificar el golpe de Estado de 1973 son personas que perfectamente podrían hacerlo hoy o mañana, respecto a cualquier otra ruptura democrática", añadió y tildó de "retroceso civilizatorio" que, luego de años de esfuerzos "de un sector político que justificaba el golpe y que tuvo que desprenderse de un juicio importante como cómplices pasivos de la dictadura civil y militar, vuelva a ínstalar en el debate público ciertos argumentos que aluden a que hubo ciertas razones que llevaron a un golpe y una interrupción de nuestras democracia".

Vallejo acusó también que "tratar de rehacer o reescribir la historia para justificar lo que ya sabemos que pasó, es injustificable". y llamó a los actores políticos a "cuidar y proteger la democracia".

Las declaraciones de Vallejo llegaron cuando la Cámara de Diputados completó dos jornadas de enfrentamientos verbales por la lectura de la Declaración que la misma Corporación emanó el 22 de agosto de 1973 para declarar inconstitucional al Gobierno de Salvador Allende, lo que ocurrió el martes tras la aprobación de la idea que surgió desde la oposición.

Ayer la tensión volvió tras la solicitud del Partido Comunista para condenar el acuerdo que permitió la citada declaración de 1973, "rechazando toda iniciativa que tienda a desestabilizar el orden constitucional y democrático de la República".

Con 57 votos a favor, 62 en contra y dos abstenciones, la iniciativa fue rechazada con votos del Partido Republicano, Chile Vamos, Demócratas y la DC.

"gobierno desastroso"

"El gobierno de la Unidad Popular fue un gobierno desastroso", le dijo ayer el diputado Miguel Ángel Calisto (CDU) a Daniela Serrano (PC). "Eso no te permite agarrar la institucionalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados para declarar una inconstitucionalidad a un gobierno legítimamente electo", contestó ella.

Alberto Undurraga, presidente de la DC, explicó la razón del rechazo de él y de sus pares del partido: "El proyecto de acuerdo de 1973 que quiere condenar el Partido Comunista en ningún caso fue un llamado a un golpe de Estado, sino que fue una legítima y fundamentada crítica al gobierno de la época".

El martes, la DC había rechazado la lectura de la declaración de hace 50 años.

Luis Cuello, el jefe de la bancada comunista, invitó "a que se lean el acuerdo que invitaba a las Fuerzas Armadas a intervenir y eso sin duda que es un instrumento golpista. Es un error que van a lamentar por varias décadas".

Otro proyecto similar, pero originado en el Frente Amplio, buscaba condenar la "violencia sexual ejercida por la dictadura militar entre los años 1973 a 1990 por parte de agentes del Estado en contra de mujeres".

La iniciativa fue aprobada con 71 votos a favor, 15 en contra y 35 abstenciones.

La diputada Gloria Naveillán, del Partido Social Cristiano, calificó como "una leyenda urbana" esta violencia sexual , a lo que la socialista Daniella Cicardini respondió tildando los dichos como "bajeza infinita".