La serie de sismos ocurridos recientemente y las intensas lluvias durante julio y agosto, nos han dejado una pregunta esencial como sociedad en relación a la gestión de desastres. ¿Cuán preparados estamos? Al parecer, no lo estamos.

Muchos de los problemas se repiten, es preocupante como no hay un proceso institucional de lecciones aprendidas. A las alertas y prevenciones que hacen los organismos técnicos, no parece haber una respuesta apropiada por parte del resto de las instituciones.

Es necesario implementar procesos que permitan reaccionar ante este tipo de informaciones de manera más integral y preventiva, desde la educación a la población, la apropiada alerta, el ordenamiento territorial consciente hasta la contratación de seguros que permitan la transferencia de riesgos.

Si la Constitución reconoce como derechos fundamentales la protección a la vida, a la propiedad, la necesidad de actuar de forma sustentable protegiendo el medio ambiente, los animales y los medios de vida de la población, existe entonces también la obligación de gestionar el riesgo de desastres para reducir, precisamente, dicho riesgo. Su gestión es una estrategia que permite proteger los derechos establecidos en la Constitución y que debe traducirse en políticas públicas consistentes a lo largo del tiempo.

Es muy importante entender eso: la gestión de riesgo no se trata solo de responder ante emergencias, sino de proteger los derechos que se establecen en la Constitución en la mayor medida posible. Si vives en un país donde tu casa es altamente vulnerable a ser arrastrada por un aluvión, ¿qué seguridad real tienes respecto de tus derechos?

Daniela Ejsmentewicz,

El Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos ha superado los 112 mil inscritos, de los que 109.248 son hombres y 3.498 son mujeres, de acuerdo con un reciente reporte del Registro Civil.

Esta normativa establece un procedimiento de pago especial para el cobro de pensiones de alimentos adeudadas; mejora el acceso a la información financiera de los deudores, haciendo responsable al Estado de investigar los fondos disponibles en las cuentas bancarias u otros instrumentos financieros y/o de inversión que el deudor posea, y garantiza que el proceso de cobro se realice con criterios de justicia y dignidad. Si existe al menos una mensualidad de pensión de alimentos adeudada, se puede solicitar al tribunal que ordene la búsqueda activa de patrimonio, a través de una medida de retención de fondos que tenga el involucrado en cuentas bancarias, instrumentos financieros o de inversión, y cuentas de ahorro previsional voluntario. Este registro da cuenta de la magnitud del problema, ya que son derechos vulnerados de niños y adolescentes.

Para ingresar al Registro debe existir una causa por pensión de alimentos ante los Tribunales de Justicia, los cuales deben evaluar los antecedentes. Los alimentarios deben solicitar al tribunal correspondiente la liquidación de la deuda, que será puesta en conocimiento del alimentante.

Las causas por pensiones de alimentos se encuentran entre las más vistas por los Tribunales de Familia del país. Son parte del 53% de las situaciones que esos juzgados conocen mensualmente, junto a la violencia intrafamiliar y la vulneración de derechos.