El Gobierno ha levantado la alerta sanitaria en el país, que tuvo una vigencia de poco más de tres años para enfrentar la pandemia desde marzo de 2020. El decreto de emergencia sanitaria permitió que los organismos de salud tuvieran facultades extraordinarias para contratar personal, adquirir bienes o equipamiento para el manejo de la urgencia, disponer de trabajo extraordinario para el personal y contratar estudiantes de sexto año en adelante de la carrera de Medicina o a funcionarios acogidos al incentivo al retiro, según los requerimientos. La última extensión de la alerta ocurrió en marzo, luego que el Ministerio determinara su prórroga para que se continuaran destinando recursos al resguardo de la salud por el covid, pero también por otras enfermedades respiratorias, como el virus sincicial, adenovirus, influenza y rinovirus.

Desde que el coronavirus se propagó por el mundo a partir de febrero de 2020, ha habido 769 millones de casos de contagios y más de 6,9 millones de muertes en el orbe. En Chile, desde que se inició la pandemia, se han registrado 5,2 millones de contagiados, mientras el número total de fallecidos asciende a 61.637.

El mundo pasó de tener grandes interrogantes sobre esta enfermedad desconocida hasta entonces, a adquirir experiencia, desarrollar la ciencia y la investigación hasta encontrar un mecanismo de inmunización. Durante este período se ha investigado y se han producido vacunas para el virus inicial y para las variantes que aparecieron posteriormente, que permitieron tener mayores certezas.

Chile se convirtió en uno de los líderes del proceso de inoculación a su población. Las vacunas permitieron que, con el tiempo, las duras restricciones que marcaron los dos primeros años se flexibilizaran, como el uso de mascarillas, evitar las reuniones sociales e incluso pedir un pase para salir a comprar. La mascarilla no sólo fue un elemento clave para la protección individual y colectiva, sino que se transformó en un símbolo de esa guerra contra la pandemia. La OMS recomienda conservar lo ganado y prepararse para eventos futuros, con el fin de evitar un ciclo de pánico y descuido; integrar la vacunación a lo largo del curso de vida y aumentar la cobertura de la vacunación a todas las personas de los grupos de alta prioridad.

Ya sea bajo criterios Ambientales, Sociales y Gobernanza (ASG) u Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), atañe reflexionar para generar instancias que impacten positivamente al bienestar y crecimiento de las personas. Así, una de ellas es el ODS 10 Reducción de las Desigualdades, donde el estudio dado a conocer recientemente, "Acceso a productos y servicios financieros de la población refugiada y migrante en Chile", ejecutado por el Centro Nacional de Estudios Migratorios de la Universidad de Talca junto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), revela un interesante tema, del cual destaco: Las dificultades para acceder a productos financieros han afectado a un 90,5% de los migrantes; las barreras de acceso esenciales son el no disponer de cédula de identidad (68,5%) y permanencia definitiva (69,7%); un 64,5% cita como barrera de acceso la falta de información y altos costos y comisiones; y, aunque los encuestados tenían un alto nivel de inclusión en su país con cuenta corriente (87,3%), cuenta de ahorro (86,1%) y tarjeta de crédito (72,9%), ello choca con la vivencia en Chile, por ejemplo, con la cuenta RUT (60%) y la tarjeta de crédito (20%). Conforme al Global Findex 2021 la inclusión financiera ha mejorado mundialmente, y Chile presenta el mayor nivel de bancarización de América Latina y el Caribe con un 87%.

Sin duda, conocer las dificultades de un grupo de personas que, entre regularizados y los que no, alcanzaría en torno a los dos millones, constituyen potencialmente un foco de atención para el sector financiero, pero creo que no se les puede endosar toda la responsabilidad.

No debemos olvidar que este sector es muy regulado y las entidades para evitar riesgos disponen de procesos preventivos, entre lo cual está el público objetivo al cual atender, y quienes no pueden acceder a lo formal probablemente buscarán otras vías, tal vez no las mejores, quedando expuestos al abuso sobre esa necesidad o urgencia.

Así, mejorar la inclusión financiera debe ser una acción multisectorial aunando esfuerzos del Estado, empresas y sector financiero, entre otros, y en la que un aspecto central es regularizar la permanencia, así como la situación laboral de estas personas, ya que son aspectos vitales que les permitirán acceder a productos y/o servicios variados.

Los actores financieros tradicionales y aquellos nuevos -empresas Fintech- tienen un gran desafío para generar y llegar con iniciativas de productos y/o servicios adecuados al grupo objetivo desatendido, acompañado por cobros razonables.

Por otra parte, también es necesario incorporar espacios para que los migrantes puedan recibir la capacitación que les permitan conocer, analizar y evaluar apropiadamente los productos y/o servicios que se les ofrecen, habilitándolos para ejercer una pertinente toma de decisiones, y en lo cual las empresas o gremios del sector financiero pueden realizar un importante contributivo.

Finalmente, los que estamos vinculados a la formación, adhiriendo a una responsabilidad y compromiso social, también nos correspondería ser agentes de transferencia de conocimientos y capacidades para estas personas al alero de nuestras casas de estudio.

Mauricio Burgos Navarrete,

director carrera Auditoria e Ingeniería en Control de Gestión