La Subsecretaría de Justicia solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) requerir ante tribunales la disolución de la fundación Democracia Viva por graves infracciones a las normas estatutarias y al ordenamiento jurídico que regula a estas entidades.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, comentó que la ONG que destapó el caso de convenios irregulares entre organismos de Gobierno y fundaciones "tiene una serie de incumplimientos en relación a su objeto social pero, en segundo lugar, al fin al cual está destinada: en otros términos, es una entidad sin fines de lucro que ha obtenido o realizado actividades con otro fin".

Lo anterior "tiene que ver con la forma y modo en que se gestionaban los recursos al interior de ella. Pero sobre todo desnaturaliza el objeto para el cual fueron constituidas entidades sin fines de lucro", acotó.

De acuerdo a una nota de prensa de la cartera, la resolución fue adoptada por la mencionada Subsecretaría tras un procedimiento de fiscalización que se inició el pasado 22 de junio, luego de conocerse las denuncias de eventuales irregularidades en la celebración de los convenios entre Democracia Viva y la seremi, en las que se detectaron "diversas faltas estatutarias y legales".

Luego de cerrarse el trabajo de las comisiones el viernes pasado, mañana comenzarán las votaciones de las enmiendas a la nueva Carta Magna en el Pleno del Consejo Constitucional, última oportunidad para hacer modificaciones al texto que tuvo como base la propuesta de la Comisión Experta, al que se le hicieron cambios radicales en la etapa recién terminada.

La oposición dominó completamente la fase de indicaciones y logró introducir algunas que generan controversia, como reducir la cantidad de diputados, permitir que los presos con alguna enfermedad puedan cumplir el resto de su pena en sus domicilios (que favorecería a internos de Punta Peuco) o la defensa de la vida del que está por nacer (declararía inconstitucional la ley de aborto en tres causales).

Ante este escenario, ayer los expresidentes Eduardo Frei, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera expresaron sus deseos de que se llegue a un resultado que apunte a un acuerdo mayoritario de los chilenos y pidieron a los 50 consejeros no desperdiciar la que será quizás "la última oportunidad de acordar un texto constitucional".

Los tres participaron en el "Diálogo para construir el futuro", de Icare, donde la exmandataria admitió estar "preocupada, muy preocupada. Hay varios síntomas que sugieren que podemos fallar en darle una buena y nueva Constitución al país. Veo que nuevamente, como en una revancha, los legítimos triunfadores en las elecciones del consejo pretenden imponer su peso para darles señales identitarias a sus electores".

Junto con advertir que "no se aprendió la lección que nos hizo fracasar la vez anterior", Bachelet dijo que espera "tener una nueva Constitución que nos enorgullezca, que nos represente y nos permita seguir avanzando hacia un país más digno y más justo. De lo contrario, voy a estar marchando por los derechos de todos y todas".

Piñera afirmó que "acuerdos amplios y sólidos son los que van a permitir a nuestro país aprovechar en plenitud su potencial", pues "no somos un país subdesarrollado o en vías de desarrollo por designo de dios; es porque no hemos sabido aprovechar las maravillosas oportunidades. Para que una Constitución pueda cumplir esa misión de ser ese gran marco de unidad, estabilidad y proyección, es fundamental que tenga un respaldo amplio y sólido para que sea conocida, reconocida, aceptada y respetada por la inmensa mayoría".

Piñera también se preguntó: "¿Qué debe contener una buena Constitución? No es un programa de gobierno, no es una ley, no es un reglamento, no es una idea de fijar en la Constitución la forma en que grupo quiere que sea la sociedad (...) Los países sabios que quieren libertades, justicia, progreso y paz, han logrado alcanzar un pacto social".

Frei Ruiz-Tagle, de forma remota por estar fuera del país, pidió que los consejeros que "no desperdicien esta nueva oportunidad".

Visión de consejeros

Tras los discursos de los exmandatarios, tuvo lugar un panel líderes de los partidos representados en el Consejo Constitucional, cuyo Pleno votará a partir de mañana las enmiendas aprobadas por las comisiones.

Para la presidenta del órgano, Beatriz Hevia (Republicanos), "lo que se requiere es un texto que le haga sentido a gran parte de los chilenos", y que "haya espacio para diálogo y que el torpedear la pelota no nos deje con un texto constitucional que no le haga sentido a nadie".

El vicepresidente del Consejo, Aldo Valle (ind.-PS), dijo que el ambiente del país ha influido en el órgano y llamó a los partidos a "comparecer de manera oficial, no oficiosa, a esta deliberación pública, porque está mucho en juego. No podemos dejar que este tercer proceso no arribe a un buen acuerdo para Chile. Desde Unidad para Chile vamos a estar hasta el último minuto haciendo el esfuerzo".

La presidenta y consejera de Evópoli, Gloria, Hutt, planteó que aún es pronto para definirse, pero sinceró que el texto "todavía necesita cambios, todavía no refleja el tipo de país que queremos, todavía tiene cargas que refleja más bien visiones de un sector y creo que el país merece una amplitud mayor".

La consejera María Pardo (CS) acotó que "todavía hay espacio para deshacer o repensar aquello que se aprobó en las comisiones y siempre vamos a estar disponibles para seguir conversando", pensando en "el bien general del país".