"Reconocemos que muchas de nuestras acciones produjeron violaciones a los derechos humanos (…)Ello fue reflejo de una formación que daba más importancia a la obediencia que al respeto por el que se consideraba adversario…"
Carta de oficiales de Punta Peuco — Reconocen responsabilidad y piden "conmiseración" para subalternos
Hay interés en el país para que se implementen planes y programas preventivos para mitigar las consecuencias del cambio climático en el sector agropecuario, especialmente desde el uso eficiente de los recursos hídricos y de suelo.
El cambio climático va a reestructurar la forma en que nos relacionamos con el entorno, y redefinirá los objetivos y las estrategias productivas, buscando nuevas prácticas de manejo que mejoren el potencial rentable bajo condiciones ambientales distintas.
En este sentido, tal como lo plantea la académica de Universidad del Alba y experta en Gestión Ambiental, Pamela Yáñez, es primordial avanzar hacia un modelo económico de tipo circular, que sea completamente sustentable. Para ello se requiere de políticas gubernamentales de subvención a la producción sostenible, enfocada en el pequeño y mediano agricultor, junto con generar inversión para promover la investigación e innovación.
Asimismo, se debe impulsar normativas que regulen las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) provenientes del sector silvoagropecuario, que se ajusten a la realidad social, ambiental y económica de los productores.
En ese sentido, serán claves las alianzas estratégicas productivas y comerciales entre las instituciones gubernamentales y las empresas privadas.
Por lo tanto, resulta fundamental que nos transformemos en consumidores responsables y conscientes en la preferencia de aquellos productos sustentables. Así también, es indispensable incluir la participación de los expertos en estas grandes propuestas para impulsar la investigación en el área ambiental, con tecnologías que se enfoquen en soluciones sostenibles. El rol de las universidades será clave como formadores de profesionales competentes en el área.
Luego de ocurrido el socavón ocurrido en el edificio de Viña del Mar y las inundaciones registradas en la zona centro-sur del país, se ha retomado el debate en torno a la planificación territorial, la calidad de nuestras construcciones y la fiscalización de la infraestructura urbana.
En un contexto de cambio climático, algunas de las herramientas con las que contamos para enfrentarlo se concentran en planes metropolitanos y reguladores comunales -conocidos como Instrumentos de Planificación Territorial (IPT)- que deben incorporar el riesgo y sus condicionantes de ocupación, regulables a través zonas protegidas, usos restringidos y estudios específicos, que han de ser aprobados por organismos competentes, debidamente preparados para realizar estos nuevos procedimientos.
Al revisar la antigüedad de algunos IPT -con casi 40 años- queda en evidencia la urgencia de actualizarlos, incorporar nueva información y reconocer formatos de interacción entre zonas riesgosas y áreas habitadas, donde el concepto de "buffer o zona de amortiguación" puede ser útil para evitar contactos directos de la ciudad con inundaciones, grandes incendios o remociones en masa, hechos que se presentan periódicamente.
Diversas organizaciones ya han alertado que, de un total de 346 comunas a nivel nacional, 255 tienen un plan regulador propio y 91, no lo tienen. Y pese a que la Ley General de Urbanismo y Construcción establece que el plazo para actualización de estas herramientas debe ser cada diez años, en muchos casos ello no ocurre. En esa línea, deben ser protagonistas de estos cambios las municipalidades y los gobiernos regionales, como también la cartera de Vivienda y Urbanismo.
Un buen ejemplo de todo esto es nuestra norma sísmica, que puede orientarnos, al estar consensuada y perfeccionada antes y no después de la catástrofe, y donde el conocimiento científico es traspasado a la norma y aceptado por constructores, inversionistas, legisladores y habitantes, todos conscientes de la inconveniencia de evadirla.
Al mismo tiempo, los servicios públicos deben fiscalizar a los privados, pero también hacerse cargo de sus propios proyectos de inversión en las ciudades, con el fin de monitorearlos y detectar posibles fallas.
A su vez, es necesario plantear la inversión y fortalecimiento estatal que se requiere para contar con los estudios de riesgo generales y específicos, que garanticen seguridad, lo cual implica que en su calidad pueden disminuir los tiempos en permisos y revisiones.
Conocer, gestionar y actualizarnos respecto al riesgo es el camino adecuado, sabiendo que la experiencia internacional demuestra que la destrucción es siete veces más costosa que invertir en su prevención, reubicando, condicionando y educando habitantes, sin considerar el incalculable valor de la pérdida de vidas humanas.
Solo de esta manera podremos salir del ciclo de tipo reactivo hacia el preventivo. Nuestro objetivo es llegar a tener ciudades verdaderamente resilientes y convivir con el riesgo de mejor manera.
Alberto Texido,
académico de la U. de Chile.
Consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)