En Chile, los establecimientos educativos ubicados al interior de recintos penales tienen el importante desafío de implementar prácticas pedagógicas significativas para las personas que se encuentran privadas de libertad, situación impostergable, si se considera que este espacio es una muestra de las problemáticas más profundas que acarrea la desigualdad social del país. Según la normativa actual, a todo sujeto en condición de encierro se le debe garantizar el ejercicio de todos los derechos de los cuales no se encuentre privado: es fundamental explicitar que la privación de libertad no debe excluir el derecho a la educación, por lo que es una obligación legal que los recintos penales garanticen su ejercicio.

Los programas de educación están insertos dentro de los programas de intervención de la persona condenada, convirtiéndose en una necesidad del recluso, ya que insertándose en estos programas pueden acceder a beneficios intrapenitenciarios, como libertad condicional, solicitudes de indulto presidencial, etc. La educación en prisiones es un tema relevante y crucial para la rehabilitación y reinserción de las personas privadas de libertad, y la investigación en este campo continúa avanzando para mejorar las políticas y prácticas educativas en contextos de encierro. El marco curricular en que se inserta la educación en los recintos penitenciarios del país corresponde a los Planes y Programas de Educación para Adultos, en la modalidad Científico-Humanista, Programas de Educación Básica y Educación Técnica Elemental.

Es importante destacar que los reclusos van al aula carcelaria a "hacer conducta", este concepto de "hacer conducta" es una de las representaciones más recurrentes expresadas por los docentes respecto al porqué los reclusos acuden a las aulas cuando se encuentran en los centros penitenciarios.

Si bien la educación y las actividades de capacitación son una herramienta inserta dentro de los planes de intervención de Gendarmería, que tiene como objetivo lograr la reinserción social y laboral de los presos, al mismo tiempo están condicionadas desde su génesis como procesos para generar buena conducta en las hojas de vida de los condenados.

Los objetivos de la educación carcelaria, son otorgar las facilidades necesarias para que las personas privadas de libertad puedan iniciar o completar los estudios correspondientes a los niveles de educación Básica y Media, de la modalidad Educación de Adultos, potenciar el desarrollo personal y cognitivo de las personas que requieren el servicio educativo, contribuir a su reinserción social una vez cumplido su periodo de privación de libertad.

Es de gran importancia que se mejoren los planes y programas de educación en contexto de encierro, para que sean más significativos y pertinentes con la realidad.

A diario las víctimas de robo de vehículos motorizados en la región publican en redes sociales imágenes de sus automóviles, con la intención de hallar pistas que les permitan recuperarlos. Se trata de un delito frecuente que ha ido al alza, a la par con el crecimiento del parque automotor, ante lo cual, equipos especializados de las policías realizan minuciosas indagatorias que permiten dar con gran parte de ellos, los que son devueltos a sus propietarios. Sin embargo, junto al robo de estos móviles en las calles, se agregan otras aristas de este delito que también son parte del trabajo investigativo de la PDI y Carabineros, que tienen que ver con estafas en la venta de vehículos motorizados.

Por ello, más allá del trabajo que puedan desarrollar las policías, lo cierto es que un número importante de estos delitos podría evitarse de haber mediado mayor cuidado por parte de los propietarios de los mismos vehículos.

De ahí que las unidades especializadas en la recuperación de unidades robadas hacen un llamado a tener precaución en la compra-venta de vehículos usados, considerando la gran cantidad de estafas relacionadas con este modo de operar de delincuentes.

Por ello, se recomienda que, al momento de comprar un vehículo, se debe verificar la procedencia del automóvil a través de un certificado de dominio vigente, verificando la identidad del dueño y si el vehículo mantiene alguna prohibición de compra. Así también, se aconseja no adquirir vehículos de manera informal, sin contrato de compra-venta, en prenda o a nombre de alguna entidad financiera, a pesar de ser atractivo su precio, porque en el caso de presentarse algún problema, el comprador no tiene a quién reclamar y luego se presenta el inconveniente de no poder registrarlo a su nombre en el Registro Civil. En general, la precaución siempre es necesaria antes de realizar una transacción de estas características.