Afines de 2019 se promulgó en el Diario Oficial la ley Consultorio Seguro, que aumentó las sanciones para las personas que agreden a funcionarios públicos. Esta iniciativa recogió los acuerdos de las mesas de seguridad que se constituyeron en el país, conformadas por el Ministerio de Salud, la Asociación Chilena de Municipalidades, la Subsecretaría de Prevención del Delito, Carabineros, el Colegio Médico y la Confusam.

La legislación agravó la responsabilidad de aquellos que incurran en agresiones a los trabajadores de los establecimientos de salud, imponiendo a los jefes de esas dependencias la obligación de denunciar los delitos cometidos al interior de los mismos, entregándoles facultades para adoptar medidas extraordinarias en resguardo de la seguridad y garantizando el acceso a la defensa jurídica de los trabajadores que sean víctimas de estas agresiones. Las penas que pueden ir de 10 a 15 años de cárcel si las lesiones le provocan a un funcionario un daño severo que implique pérdida de su autonomía. En caso de que la agresión genere una enfermedad o incapacidad para trabajar por más de 30 días, la sanción será de 541 días a cinco años de presidio.

Esta ley ha sido importante y va de la mano con otras acciones que se han puesto en práctica en los últimos años, de acuerdo con recomendaciones preventivas del Ministerio de Salud y la Mesa de Seguridad Laboral. Cuando se agrede a un funcionario, se produce un daño no solo a los trabajadores, sino que se provocan problemas en la continuidad de la atención de salud, que incitan a la renuncia del personal, lo que ocasiona efectos para todo el sistema de atención.

Recientemente fue presentado el informe de la Plataforma Intergubernamental sobre la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos (IPBES), aprobado por representantes de 143 países, que señala que el ser humano es responsable de la introducción de más de 37.000 especies exóticas en biomas de todo el mundo. De éstas, 218 han causado la extinción de 1.215 especies autóctonas, mientras que el 85% de los efectos registrados sobre las formas de vida nativas son negativos.

Lo anterior, claramente es una amenaza directa para el correcto funcionamiento de los ecosistemas naturales y para la calidad de vida. Se calcula que el impacto económico de dichas especies superó en 2019 los 423.000 millones de dólares, cifra que puede cuadruplicarse en la próxima década, una alerta importante sobre el riesgo que supone para la biodiversidad mundial.

En el caso de Chile, las barreras físicas y climáticas del territorio han permitido el desarrollo de aproximadamente 31.000 especies, 25% de ellas endémicas, siendo la zona centro o mediterránea uno de los 35 puntos calientes o hotspots mundiales de biodiversidad. El aislamiento geográfico, que permite este magnífico escenario, hace que a la vez sea especialmente frágil y susceptible de ser afectada por especies exóticas invasoras. Chile cuenta con, al menos, 25 de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas a nivel mundial, a la que recientemente se anexó el caracol gigante.

El documento presentado por el IPBES es el estudio más exhaustivo realizado hasta la fecha entregando datos valiosísimos para medir el sufrimiento actual de la naturaleza, la que está enfrentada a un declive sin precedentes en la historia humana. El proceso de la extinción de especies -que amenaza ya a un millón de animales y plantas- se está acelerando, no solo por efecto del cambio climático, sino por la irresponsabilidad a todo nivel del propio ser humano. No podemos seguir evadiendo la evidencia científica.

Dr. Carlos Esse ,

director del Instituto Iberoamericano de Desarrollo Sostenible (IIDS)

Universidad Autónoma