Si bien es un mito que los adultos mayores de 65 años son malos conductores de vehículos motorizados, lo cierto es que los datos sostienen lo contrario: la estadística de 2022 indica que no más del 1% de los choferes implicados en accidentes con lesiones graves son adultos mayores. De hecho, este grupo etario se destaca a la hora de conducir un vehículo como uno de los más prudentes y respetuosos. De ahí que el proyecto de Ley Jacinta, que introduce restricciones en el acceso a la licencia de conducir para los adultos mayores, genere algunas críticas.

La tramitación comenzó en mayo y busca modificar la renovación de la licencia de conducir para las personas de la tercera edad. El proyecto se planteó a raíz del fallecimiento de una bebé que fue atropellada en un accidente protagonizado por un conductor de 80 años, que padecía un cáncer en fase IV, lo que lo expuso a un tratamiento que alteró sus capacidades sensoriales y físicas. El proyecto argumenta la asociación de la avanzada edad con un deterioro en la agudeza visual y capacidades cognitivas.

El proyecto de Ley Jacinta plantea la modificación de las exigencias para los adultos mayores al solicitar o renovar su licencia de conducir. Indica que personas sobre los 65 años deben someterse a una evaluación médica, con el objetivo de identificar eventuales dificultades para manejar. Se incluye la indicación de acompañar un certificado médico emitido por un geriatra o neurólogo, que certifique, bajo su responsabilidad, que el solicitante se encuentra con sus capacidades físicas y motoras aptas para conducir un vehículo motorizado, y que no padece alguna enfermedad que requiera un tratamiento que afecte las capacidades al conducir. Asimismo, se denegará la solicitud o renovación de licencia a quienes padecen cáncer en etapa II o superior, o cualquier enfermedad que, con motivo del tratamiento, afecte la capacidad sicomotora. Algunos médicos han señalado que la propuesta representa una restricción severa de la autonomía de las personas mayores y los pacientes con cáncer, lo que puede implicar mayor aislamiento social y peor acceso a servicios médicos.

El Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) publicó el Quinto Reporte anual de infraestructura. Los resultados del análisis muestran que la inversión en infraestructura de uso público del Gobierno, Central, concesiones, EFE y Metro ha disminuido sistemáticamente a lo largo de los 18 años considerados en el estudio. Afortunadamente, las empresas que reportan a la Corporación de Bienes de Capital (CBC) han duplicado su inversión, medida en dólares corrientes.

En efecto, la inversión del Gobierno Central ha disminuido como porcentaje del PIB en 1,1 puntos porcentuales, desde 3,1% del PIB en 2009 a 2% en 2022. Si se mide en dólares de cada año, sin corregir por la inflación del dólar que ha aumentado en algo más de 40% durante este período, los montos invertidos son los mismos US$6.082 millones.

Las inversiones mediante concesiones podrían haber sido un elemento compensatorio de la disminución del esfuerzo fiscal. Lamentablemente no es el caso. En efecto, la inversión materializada por medio de este mecanismo, después de haber bordeado 1% del PIB en el período 2000-2005, se estabilizó en 0,2% del PIB en el período 2018-2021 para caer a 0,1% del PIB en 2022.

Las empresas públicas de transportes de pasajeros, EFE y Metro también han bajado sus niveles de inversión respecto de los niveles registrados en años pasados: desde 0,6% del PIB en 2005, o 0,4% del PIB en 2009, a niveles en torno a 0,2% del PIB en 2022.

Afortunadamente las empresas que reportan a la CBC (energía, telecomunicaciones, puertos públicos y empresas sanitarias) duplicaron los montos invertidos en el período para los que hay datos, 2008-2022, llegando a 2,7% del PIB. Los sectores de mayor inversión han sido energía y telecomunicaciones.

En resumen, los datos muestran que la inversión en infraestructura de uso público ha disminuido en un punto porcentual del PIB en el período 2008-2022. A precios de hoy, esto es equivalente a unos US$3.000 millones anuales menos de inversión de lo que se lograba al inicio del período. Lo que invierte el Gobierno Central, representa en promedio un 56% del total de la inversión en infraestructura y las empresas que reportan a la CBC poco más de un tercio. Concesiones representa un magro 5,1% por debajo del 5,3% que explican EFE y Metro combinados.

Las decisiones de inversión en infraestructura dependen de los gobiernos: sea porque invierten directamente o por medio de empresas públicas y concesiones, o indirectamente, al definir las reglas del juego que permiten y promueven las inversiones privadas, como ha sido el caso de energía y las telecomunicaciones.

Cuánto y en qué invertir son decisiones de política económica sostenidas en el tiempo. Por eso el CPI desde hace algún tiempo ha propuesto la creación de una entidad asesora de la Presidencia de la República, como existen en Australia y Canadá, que identifique, evalúe y proponga un orden de prioridad de las inversiones en infraestructura que el país requiere para evitar cuellos de botella y potenciar el crecimiento económico.

Luis Eduardo Escobar,

economista, Asesor del Consejo

de Políticas de Infraestructura