Adultos mayores y conducción
Aunque el proyecto de Ley Jacinta busca otorgar más seguridad vial, hay que cuidar de que se caiga en discriminación etaria.
Si bien es un mito que los adultos mayores de 65 años son malos conductores de vehículos motorizados, lo cierto es que los datos sostienen lo contrario: la estadística de 2022 indica que no más del 1% de los choferes implicados en accidentes con lesiones graves son adultos mayores. De hecho, este grupo etario se destaca a la hora de conducir un vehículo como uno de los más prudentes y respetuosos. De ahí que el proyecto de Ley Jacinta, que introduce restricciones en el acceso a la licencia de conducir para los adultos mayores, genere algunas críticas.
La tramitación comenzó en mayo y busca modificar la renovación de la licencia de conducir para las personas de la tercera edad. El proyecto se planteó a raíz del fallecimiento de una bebé que fue atropellada en un accidente protagonizado por un conductor de 80 años, que padecía un cáncer en fase IV, lo que lo expuso a un tratamiento que alteró sus capacidades sensoriales y físicas. El proyecto argumenta la asociación de la avanzada edad con un deterioro en la agudeza visual y capacidades cognitivas.
El proyecto de Ley Jacinta plantea la modificación de las exigencias para los adultos mayores al solicitar o renovar su licencia de conducir. Indica que personas sobre los 65 años deben someterse a una evaluación médica, con el objetivo de identificar eventuales dificultades para manejar. Se incluye la indicación de acompañar un certificado médico emitido por un geriatra o neurólogo, que certifique, bajo su responsabilidad, que el solicitante se encuentra con sus capacidades físicas y motoras aptas para conducir un vehículo motorizado, y que no padece alguna enfermedad que requiera un tratamiento que afecte las capacidades al conducir. Asimismo, se denegará la solicitud o renovación de licencia a quienes padecen cáncer en etapa II o superior, o cualquier enfermedad que, con motivo del tratamiento, afecte la capacidad sicomotora. Algunos médicos han señalado que la propuesta representa una restricción severa de la autonomía de las personas mayores y los pacientes con cáncer, lo que puede implicar mayor aislamiento social y peor acceso a servicios médicos.