Las palabras del gobernador regional Óscar Crisóstomo fueron claras cuando solicitó a los parlamentarios y al gobierno, ser sensibles en el análisis del Presupuesto 2024, pues el documento presenta una serie de controles que limitarían el apoyo a organizaciones sociales y coartarían la posibilidad de que los gobiernos regionales financien iniciativas con la imposición de requisitos que muchas agrupaciones no pueden cumplir.
Consultado al respecto, el diputado Frank Sauerbaum explicó que la propuesta ofrecida por el gobierno evita efectivamente que se produzcan vacíos y se puedan entregar recursos discrecionalmente con asignaciones directas.
"En ese afán, el gobierno también cayó en una exageración que obliga a las organizaciones sociales a pasar en algunos casos por Mideso, sabiendo que es un trámite engorroso y para el que no todas las organizaciones están preparadas. Me llama la atención que el gobierno sea tan estricto con las organizaciones sociales y no con otras entidades, por lo que es una discusión que vamos a tener en los próximos días", aseveró indicando que cuando el proyecto llegue a comisión mixta, se analizarán alternativas para que las organizaciones sociales accedan a recursos de una manera más expedita.
En la misma línea, la diputada Marta Bravo precisó que si bien respaldarán las restricciones en materia de financiamiento público, buscarán un sano equilibro al respecto.
"El objetivo es que no se termine perjudicando a las organizaciones sociales que han hecho bien las cosas. La ciudadanía exige medidas de control y así lo vamos a hacer, pero estaremos atentos a que las organizaciones que si han contribuido al desarrollo de la región, no se vean afectadas", comentó.
Justos por pecadores
A juicio del diputado Felipe Camaño, la responsabilidad de esta situación recae en el daño que el Caso Convenios provocó en la confianza que se le tiene en las organizaciones sociales.
"En la Cámara de Diputados y específicamente en la comisión de Hacienda se ha hecho ver esta situación y lo que se pide es que se regule la asignación directa de los gobiernos regionales, pero que no se perjudique a las organizaciones. La idea es que la asignación de recursos sea más exhaustiva, pero sin dejar a los gobernadores con la posibilidad de ejecutar recursos y a las organizaciones que si trabajan en las comunidades, sin apoyo del Estado", dijo.
El legislador argumentó que comparte la preocupación del gobernador regional Óscar Crisóstomo, añadiendo que "las organizaciones sociales son el motor de las políticas públicas. Cortarle las alas y no dejar que los gobiernos regionales financien iniciativas es un tremendo error y hará que el poco apoyo que reciben se reduzca a cero".
Por su parte, el diputado Cristóbal Martínez aclaró que "en ningún caso van a pagar justos por pecadores, de manera que las organizaciones sociales que han ejecutado bien los recursos públicos, a diferencia de las fundaciones investigadas por la justicia, siempre van a tener la posibilidad de acceder a un financiamiento, por más que se hayan incrementado los requisitos".
El parlamentario comentó que la tramitación de la Ley de Presupuesto recién está en su primera fase. "Por supuesto que nos vamos a preocupar de revisar con detalle estas partidas. De todas maneras, no vamos a permitir que nuevamente se abra la puerta para que organizaciones con fines políticos e ideológicos se terminen apropiando de los recursos de todos los chilenos", afirmó.
"Me llama la atención que el gobierno sea tan estricto con las organizaciones sociales y no así con otras entidades".
Frank Sauerbaum, Diputado