Resulta preocupante el alza que, desde mediados de agosto, han tenido los casos de covid 19 en el país, por lo que algunas autoridades y expertos del sector salud incluso estiman que debe abrirse un debate para decidir si se reimplanta el uso obligatorio de las mascarillas.

De acuerdo con el último informe del Ministerio de Salud, entre el 15 y el 21 de octubre, se registraron 3.054 contagios, con un promedio diario de 436 casos y una positividad de 3,6%.

Los especialistas señalan que como consecuencia de la amplia campaña de vacunación que se realizó en los últimos años contra el coronavirus, los contagios que se producen muestran cuadros leves, aunque ello ha significado que también han aumentado los contagios de funcionarios y otros pacientes que acuden a los centros de salud, especialmente de adultos mayores e inmunodeprimidos, lo que se traduce en un incremento de las hospitalizaciones. Sin embargo, el escenario abre dudas sobre los factores que estarían detrás de esta alza de contagios, pues si bien hay consenso en que se trata de cuadros leves, la última vacunación de refuerzo en grupos de riesgo ocurrió en octubre de 2022, y para el resto de los grupos fue meses antes.

Aunque la alerta sanitaria por covid 19 terminó oficialmente el 31 de agosto del presente año, algunos especialistas creen que sería razonable la reposición de mascarilla, especialmente en los recintos asistenciales.

Desde que se inició la pandemia, hace tres años y medio, en el mundo se han enfermado 755 millones de personas, de las cuales 6,9 millones murieron.

Según la encuesta Pulso Ciudadano (Activa) de octubre, la delincuencia es la mayor preocupación para los ciudadanos. Un dato que se suma a los recientes resultados del Índice Paz Ciudadana 2023, que reflejan que el alto temor a ser víctima de un delito alcanza el 31%, la cifra más alta desde que comenzó el registro hace 23 años.

Asimismo, según la encuesta "Preocupaciones del Mundo" de Ipsos (octubre 2023), Chile se posiciona como el segundo país con el mayor nivel de inquietud por el crimen y la violencia entre las 29 naciones evaluadas, con un 63%, encontrándose muy por encima de otras naciones de la región como Perú, México, Colombia y Brasil. Este panorama no es sólo una percepción, sino es el reflejo de una realidad que, lamentablemente, se ha asentado en nuestro país.

En este sentido, el "Primer Informe Nacional de Homicidios Consumados" elaborado por el Ministerio del Interior, señala que el año 2022 se cometieron 1.322 homicidios, la cifra más alta de la que se tenga registro, lo cual se traduce en un promedio de 3,6 homicidios al día y una tasa de 6,7 cada 100 mil habitantes. Esta cifra supera el último dato de las Naciones Unidas de 5,8 homicidios cada 100 mil habitantes (en 2021). A todo lo anterior se agrega, que durante el 2022 el número de violaciones (2.822), de "portonazos" o "encerronas" (12.814) y robo de vehículos (32.080) alcanzaron sus cifras más altas de, al menos, los últimos 8 años según cifras de Carabineros.

Ante este complejo escenario, la propuesta de nueva Constitución apuesta a un abordaje multi comprensivo del fenómeno de la delincuencia. Por un lado, esclarece y refuerza las herramientas del Estado para combatirla, poniendo un énfasis especial en la violencia organizada y en el terrorismo. Por otro lado, releva la importancia de la prevención y considera en forma especial situaciones que pueden incidir en la seguridad pública, como la migración irregular, además de incentivar la coordinación territorial y la resolución colaborativa de conflictos, y protección a las víctimas.

La propuesta constitucional que se plebiscitará en diciembre mejora las herramientas institucionales para abordar la crisis de seguridad: refuerza el deber del Estado para hacer efectivo el derecho de las personas a vivir en un entorno seguro, fortalece y respalda a las instituciones a cargo de la defensa y la seguridad, se hace cargo de los fenómenos del terrorismo, el crimen organizado y la violencia, da directrices claras en asuntos tan incidentes en la materia como es el control de la migración irregular y genera un nuevo rol de cooperación de las policías con las municipalidades. Las víctimas de la delincuencia tienen un rol central en esta propuesta constitucional, creándose una Defensoría de las Víctimas, a través de la cual el Estado cumplirá con su obligación de entregar a éstas asesoría y defensa jurídica gratuita.

En suma, en este nuevo proceso constitucional se logró aprovechar la oportunidad para generar bases firmes que serán capaces de orientar la acción estatal y las políticas públicas futuras para enfrentar los nuevos desafíos de seguridad y lograr la tan anhelada paz y convivencia armónica nacional.