Luego de que el exalcalde y lobista Pablo Zalaquett defendiera las reuniones en su casa entre empresarios y políticos, incluidos seis ministros de la administración del presidente Gabriel Boric, han aumentado las voces en el oficialismo que califican como un equívoco no haberlas registrado en la plataforma Infolobby dentro del plazo estipulado.

Ayer fue el turno del diputado PS y jefe de bancada Daniel Manouchehri, quien dijo a radio Cooperativa que Zalaquett es "una persona oscura" y que "no se podía esperar nada bueno de una reunión" en su casa.

El diputado dijo ser partidario de registrar las audiencias y que, "sin duda, estas reuniones fueron un gran error político", porque "permitió dar pie a aquellos que no quieren que se avance en reformas significativas en nuestro país, por lo cual esperamos que estas reuniones no se vuelvan a repetir".

Por su parte, Zalaquett concedió una entrevista al diario El Mercurio en la que reveló que las reuniones en su casa, a las cuales él llama conversatorios, han sido unas 40 desde octubre de 2019 y que a ellas han asistido entre 100 y 120 personas.

"Lo quiero decir tajantemente, en ninguna reunión hubo lobby. Le puede preguntar a cualquiera de los asistentes (...) No hubo gestión de intereses, nunca nadie solicitó alguna petición a algún político", justificó Zalaquett.

Mientras desde la UDI hasta el Partido Comunista aumentaron las solicitudes para legislar modificaciones a la Ley del Lobby vigente, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), comentó ayer el caso en CNN Chile y dijo que "lo relevante es que mejoremos nuestros indicadores de transparencia y que la política actúe cada vez más con mayor transparencia hacia la ciudadanía (...). Discutir si es que necesitamos elevar los niveles de probidad y transparencia en la Ley de Lobby es algo que es bueno en democracia".

El ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), dijo a su turno que para los casos concretos, "es bueno perfeccionar la ley y precisar el objetivo. Pero fortalecer la democracia es poder discutir los temas nacionales", matizó.

El viernes, Boric llamó a los ministros que estuvieron en las citas a contestar cuanto antes los requerimientos de Contraloría y a que registren las reuniones en Infolobby, algo que solo Carolina Tohá dijo que no hará.

Redacción

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, señaló ayer que en el proyecto de reforma de pensiones, donde el debate actualmente está centrado en la distribución del 6% de cotización adicional, "hay algunas aperturas, hay algunos caminos, pero eso está en pleno proceso de desarrollo, así que vamos a dejarlo ahí a la expectativa".

La fórmula con que se repartirá este monto, donde el Ejecutivo defiende desde hace unas semanas la fórmula de 3% para la cuenta individual, 2% al fondo social y 1% para incentivar el trabajo de las mujeres mediante sala cuna, sumado al ajuste de la esperanza de vida, estaría siendo comparada con la idea de la DC sobre dividir el 6% en partes iguales: 3% para ahorro individual y 3% destinado al reparto.

La discusión "está en pleno desarrollo, así que vamos a tener pronto noticias", señaló Jara, ya que mañana "lunes vamos a retomar la discusión en la comisión de Trabajo (en la Cámara de Diputados), y se va a discutir precisamente la PGU (Pensión Garantizada Universal) y el seguro social".

"En los próximos días esto se va a llevar a la Sala, donde lo primero que se hace es votar la idea de legislar, así que es muy importante que la ciudadanía esté atenta ese día de votación porque, sin duda, va a ser relevante saber quiénes estamos por avanzar en esta temática y quiénes no", dijo la secretaria de Estado.

Jara llamó a los legisladores de oposición a que "tiene que haber una capacidad de ceder desde el otro lado, porque si todos nos ponemos intransigentes, por cierto, el Gobierno no lo ha hecho, ha cedido bastante aquí, va a ser mucho más difícil llegar a una Ley pronto, porque la gente está esperando, la verdad es que no se puede seguir en esta situación".

"no sabe lo que necesita"

El jefe de bancada RN, diputado Frank Sauerbaum, indicó que "el Gobierno ha sido muy errático en el tratamiento de esta reforma: primero dijo que necesitaba un 6% para reparto, después un 4%, después un 3%. La verdad es que el Gobierno no sabe lo que necesita, ni sabe cuánto es suficiente para poder subir pensiones actuales porque no tiene ni siquiera los estudios realizados".

Sauerbaum agregó que el Ejecutivo pretende "crear un fondo para quedarse con la plata de los trabajadores", mientras que la DC con su 3% y 3% "está más bien preocupada de su pacto electoral y que sus alcaldes se reelijan, por eso está dispuesta a aprobar cualquier cosa, (...) pero el daño previsional (...) RN no lo va a aceptar y vamos a votar en contra".

La desventaja de los diagnósticos apresurados es que suelen traer consigo tratamientos equivocados. Por eso es riesgoso disipar la diferencia entre lo urgente y lo importante en el quehacer político, y a pesar de que predecir el futuro no es una habilidad posible, lo cierto es que son los momentos de efervescencia donde se hace obligatoria la mesura para evitar que el barco se hunda. Al final, cuando el mar está en calma, cualquiera puede sostener el timón.

En ese sentido, cuatro años después, con dos propuestas constitucionales rechazadas y un costo directo que ha sido estimado en más de $150 mil millones, existe la sensación de que la solución de una "nueva" Constitución para el "estallido social" no solo fue una lectura sometida a la conmoción y los efectos que surgían de la pandemia, sino que abandonó la idea que una Constitución no puede, por sí misma, convertir los malos tiempos en buenos.

Desde luego, esto no implica descartar la percepción ciudadana de la necesidad de cambios. Pero con lo acontecido en los dos frustrados procesos constitucionales parece prudente considerar que hubo un error de percepción a la hora de canalizar la inquietud de los ciudadanos.

Precisamente, tal como no es igual hacer oposición que formar mayorías, tampoco puede considerarse que todo dilema de gobernabilidad tenga raíz en lo constitucional. La educación, la economía, la seguridad, la salud, las pensiones, entre otros, requieren intervenciones puntuales y ágiles por parte de los órganos democráticos. De ahí que las Constituciones se establezcan como límites al poder público y no como formas de legitimar programas de gobiernos específicos.

De tal modo, cuando se trata de separar la paja del trigo, después de estos procesos constitucionales, lo primero que debe advertirse es que la Constitución que hoy rige a Chile puede presumir que es quizás la única en el mundo que ha superado con éxito dos procesos democráticos para derogarla.

Ahora, esto no quiere decir que sea perfecta, pero sí que, debido a su legitimidad democrática, los contenidos de ese texto constitucional deben ser la base para lo que continua y para evaluar los temas que requieren ser atendidos.

Por consiguiente, si se observa que los procesos constitucionales significaron un rechazo a lo refundacional y a la incapacidad de los sectores políticos para fomentar consensos, lo que viene es atender y revisar, primordialmente, el sistema político: a fin de cuentas, la cohesión de este no pasa inadvertida cuando de justicia y progreso se trata.

En consecuencia, un sistema político que encuentre sus bases en la fragmentación y dispersión posibilita situaciones que debilitan los acuerdos o que, incluso, deja que estos queden sometidos a intereses particulares, donde bien se termina haciendo pasar el lobby por diálogo.

Todo lo anterior, acompañado de una fragilidad constitucional dada por la disminución reciente del quorum para efectuar reformas, entregan herramientas que no son satisfactorias en la búsqueda del bien común ni para resolver, a ciencia cierta, los hechos de inseguridad, el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción e impunidad, la polarización política, el aumento de flujo migratorios y las situaciones de vulnerabilidad.

Es, en virtud de ello, que un sistema político requiere en su formulación y aplicación un trabajo de "ingeniería", donde cada una de las variables y elementos, como si fueran engranajes, se acoplen para que el objetivo se alcance con eficacia y efectividad: partiendo desde el sistema electoral hasta la generación de equilibrio de las funciones, competencias y períodos para ejecutarlas.

No menos importante será que ese sistema político cuente con personas dispuestas a asumir el compromiso de hacerlo funcionar de manera debida, pensando, ante todo, que en los años recientes ese parece haberse fomentado una democracia cansada, que modela frustraciones y que impulsa apresurados "nuevos" diagnósticos.

En definitiva, en lo que viene debe rescatarse el valor de la prudencia, que ayuda a diferenciar entre lo importante y que no puede esperar, de aquello que es secundario y puede esperar, en un marco de diálogo democrático y de búsqueda de acuerdos. Y es este sentido la reformulación del sistema político resulta clave para que aquello sea posible.

Investigador posdoctoral de la Facultad de Derecho y de Polis, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes.