Los diputados RN José Miguel Castro, Andrés Longton y Diego Schalper interpusieron ayer en la Fiscalía una denuncia por presuntos delitos de prevaricación y fraude, contra las autoridades de Gobierno que resulten responsables de la entrega de pensiones de gracia, en el contexto del 18 de octubre de 2019, a 58 personas con antecedentes por homicidio, violación, producción de pornografía infantil y tráfico de drogas, entre otros delitos.
Los legisladores acusaron "negligencias manifiestas, potencialmente fraudulentas y que han significado el acceso a beneficios fiscales a personas que no debían ser asignatarias de estos. Esto ha supuesto un enorme detrimento del erario fiscal".
El documento presentado en el Ministerio Público señala que los procesos en torno a estos beneficios "adolecen de vicios ya estimados en su legalidad por la Contraloría", que esta semana publicó un informe sobre los 58 beneficiados con antecedentes, que corresponden a los gobiernos del ex Presidente Sebastián Piñera y de Gabriel Boric. Este último ordenó, antes de irse de vacaciones, la revocación de la pensión al condenado por pornografía infantil.
"El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, decidió abrir una investigación penal de oficio (... y) analizar la posible comisión de delitos en la entrega de pensiones de gracia", confirmó el Ministerio Público.
"La investigación debería determinar si los funcionarios públicos efectivamente se encontraban a cargo de los pagos, si intervinieron o participaron en la asignación de los recursos, si incumplieron con sus funciones o si existieron conductas engañosas o fraudulentas para obtener los beneficios estatales, entre otras materias", agregó la Fiscalía.
Indh vs. monsalve
La Contraloría señaló también que 19 personas no presentaron antecedentes médicos sobre las supuestas lesiones por las que les fue otorgado el dinero, a modo de reparación. Frente a esto, se apuntó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) como encargado de enviar la información al Ejecutivo.
La directora del organismo, Consuelo Contreras, destacó en una carta leída en TVN "la imposibilidad" del organismo "para efectuar la acreditación del padecimiento de 'menoscabo permanente, completo o parcial, de su capacidad de trabajo' en víctimas de violaciones a los Derechos Humanos ocurridas desde el 18 de octubre de 2019 en adelante, que solicitan al Presidente de la República acceder a pensiones de gracia".
Al INDH "le es posible acreditar la condición de víctimas de violaciones a los DD.HH (...) como órgano de promoción y protección", pero esto no aplica "las consecuencias físicas derivadas de esos hechos. (...) El instituto no cuenta con las capacidades técnicas ni expertise en la materia para poder acreditar circunstancias de esta índole".
Esto responde al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien en las primeras horas de ayer afirmó que "la resolución que se dicta el 4 de enero del 2022 (por su antecesor, Juan Francisco Galli) se establece en el punto dos una serie de antecedentes que tienen que estar para la revisión de los postulantes a las pensiones de gracia. Entre ellos, la ficha de postulación, el consentimiento informado, los antecedentes personales de las personas, los antecedentes médicos y la certificación de INDH".
"Todo lo que huela a octubrismo"
El presidente del PC, Lautaro Carmona, esta semana dijo que recurriría a tribunales internacionales por la revocación de pensiones de gracia. Ayer, en Radio Infinita, agregó que "hay interés de parte de un sector de la política, particularmente de la derecha, de tratar de borrar todo lo que huela a lo que ellos llaman el octubrismo. El octubrismo lo reducen", en alusión a octubre de 2019. "El debate al que algunos quieren llegar, es que algunas personas no tengan acceso a los DD.HH. dada su condición de delincuente".