Crecientemente se ha cuestionado el constante aumento de los plazos administrativos, la burocracia y poca certeza jurídica de los permisos ambientales que afectan a la inversión y la creación de empleos. El informe del Comité de Expertos Sobre Espacio Fiscal y Crecimiento Tendencial , haciendo eco de publicaciones de la CNEP (2019, 2023 ), sostiene que los excesivos plazos y las largas y múltiples tramitaciones administrativas y judiciales son una suerte de impuesto indirecto a la inversión, pues disminuye su retorno, y posterga la recaudación fiscal que podría obtenerse por los impuestos que se le aplican.

El Gobierno ingresó al Congreso cambios a la institucionalidad ambiental para mejorar su eficiencia y con ello resolver la excesiva burocracia y plazos para la aprobación ambiental de un proyecto. El mayor atractivo de la propuesta es la creación de un recurso de reclamación único y simplificado, eliminando las diversas vías de impugnación contempladas en la legislación vigente para reclamar una RCA. Pero al analizar las restantes modificaciones a la luz del objetivo que se impone el proyecto de ley, varias de ellas no mejoran en gran medida la situación actual, otras no se relacionan con el propósito original y algunas crean nuevas incertezas judiciales. Todo ello aleja del objetivo de la reforma que es, simplemente, contar con una RCA en plazos razonables.

Finalmente, el proyecto carece de incentivos concretos para que la administración cumpla sus plazos, manteniendo el problema actual, que pareciera ser mayoritariamente de gestión. Este es el tercer intento en los últimos seis años por reformar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Se valora que el Ejecutivo haya recogido de los anteriores esfuerzos, la propuesta de mayor valor, la creación de un recurso de reclamación único que ayudará a resolver el agobiante loop en el que entran las reclamaciones ambientales. Ahora bien, las restantes modificaciones no resuelven el problema de fondo que es el incesante crecimiento de los tiempos de las evaluaciones ambientales.

De las principales medidas del proyecto de ley para reducir plazos, como la Participación Temprana voluntaria, la eliminación de las COEVA, la concentración de los recursos de reclamación en el Director Ejecutivo del SEA, no hay datos que respalden dichos cambios como suficientes y adecuados para cumplir el objetivo. Además, se incorporan otros aspectos que podrían agregar mayor incertidumbre, como es el cambio en la distribución de la carga de la prueba en daño ambiental y lo referente al plazo para interponer demandas por daño ambiental. Lamentablemente, el proyecto de ley discurre en una serie de modificaciones que no se vinculan directamente con la eficacia de los plazos, y olvida incorporar incentivos concretos para que la administración no sólo cumpla con los tiempos que la ley le fija, sino que también busque cerrar los procedimientos. Es decir, incentivar la buena gestión.

Frank Sauerbaum,

La Fiscalía ha formalizado a la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga. La entidad solicitó la prisión preventiva, argumentando que la libertad de la imputada era un peligro para la sociedad y también esgrimiendo razones de protección a la investigación por cuanto -a juicio de la Fiscalía- había antecedentes de intentos de obstruirla.

El Juzgado de Garantía dio por establecidos los presupuestos materiales de ellas, pero rechazó la prisión preventiva a cambio de arresto domiciliario total.

A propósito de este caso se ha generado una discusión pública sobre el abuso que se estaría dando respecto de la prisión preventiva y que no se estaría respetando el hecho de que es una medida de última instancia, de aplicación restringida y sólo para cautelar los fines del proceso y no como una pena anticipada. El debate siempre resulta necesario y habrá que revisar los números para determinar si ello es así.

Lo que no parece sensato, a juicio de Carlos Gajardo, asesor de Derecho Universidad Tecnológica Metropolitana, es que este necesario debate se genere a partir de un caso bastante acotado de una imputación por un delito de "cuello y corbata", en que la aplicación de la medida cautelar es bastante excepcional. No es ahí donde está el problema. Idéntico debate y mismos argumentos se invocaron el año 2015 cuando se decretaron medidas de prisión preventiva en el llamado "Caso Penta". En cambio, ningún debate genera el que todas las semanas se decreten prisiones preventivas, por ejemplo, a mujeres primerizas en delitos menores de tráfico de drogas.

Lo que Gajardo plantea es que el debate legítimo de si en nuestro sistema hay un uso abusivo de la prisión preventiva o derechamente de la cárcel como respuesta estatal a la comisión de delitos, merece mejores casos que sirvan de ejemplo y no una investigación excepcional, en que se discuten medidas cautelares para delitos graves de corrupción de personas con niveles importantes de poder. Si vamos a discutir en serio de este tema, hay que elegir un caso mejor que nos sirva para la reflexión.