Tanto el contrabando de tabaco como el robo a camiones distribuidores de ese producto han tenido un progresivo incremento. A ello, se suma la comercialización por Internet del tabaco que ingresa de manera informal al país, que ha registrado un importante aumento. Esto representa una cuantiosa evasión fiscal, debido a que ha aumentado la venta de productos a través de canales online, en el comercio ambulante o en las ferias.

Un estudio realizado antes de la pandemia por la Universidad Católica de Chile, sobre el consumo y comercialización ilegal de cigarrillos, reveló que el 61% de los fumadores de marcas ilegales pertenecen a los grupos de más bajos ingresos, con 9,6 unidades diaria, en promedio, mientras que en los estratos más altos el consumo es de 7,1 unidades diarias, lo que a juicio de los autores de esta investigación demuestra que la política pública de poner impuestos adicionales al tabaco para subir su precio y desincentivar el consumo no es efectiva, si paralelamente existe una oferta que parece creciente de tabaco de contrabando que ingresa al país.

El 38,6% de la población adulta se declara fumadora, es decir, consume al menos un cigarrillo al día y del total, un 16,7% recurre a una marca adquirida de manera ilícita. Se entiende por contrabando a aquellos cigarrillos que no tienen un ingreso legal y que evaden impuestos, por lo que se comercializan a precios menores al que tienen en el mercado regular. En este sentido, el contrabando es un negocio muy rentable, así como la mercadería que procede del robo a camiones distribuidores.

Chile ha declarado la guerra al tabaco, con altos tributos, pero cuando las tasas impositivas son demasiado altas, se hace también más atractivo y lucrativo el contrabando.

"Aunque parezca extraño, es más fácil ser caritativo que justo". Eso decía Alberto Hurtado, a mediados de la década del 40 del siglo pasado. "Muchos están dispuestos a dar limosna, pero no a pagar un salario justo", graficaba como ejemplo.

A 80 años de entonces -los que cumple este año el Hogar de Cristo-, la frase sigue siendo desgraciadamente muy certera. En el Día Mundial de la Justicia Social y en medio del desolador contexto en que nos dejan los mega incendios en los cerros de Viña del Mar y en Villa Alemana y Quilpué, reconocemos que muchos acuden a ayudar con genuina solidaridad. Pero hay otros que donan lo que les sobra: ropa vieja, sucia, dispar. Es desalentador también que la tragedia siempre afecte con más crudeza a los pobres y vulnerables. A los que autoconstruyen donde pueden, como pueden, viviendo en un riesgo cotidiano permanente.

Lo vimos en la pérdida de ocho modestas viviendas de sendos adultos mayores vinculados a nuestro programa de atención domiciliaria en el Campamento Manuel Bustos de Viña del Mar, y en centenares de otras familias que lo perdieron todo. Es en estos casos cuando la desigualdad muestra su real cara. Y también resulta frustrante que la preocupación pública por los afectados se desvanezca tan pronto. Han pasado 18 días desde el desastre y, cada vez, sus víctimas están menos presentes en las noticias. Es nuestra clásica lucidez transitoria.

Cada 20 de febrero, se celebra el Día de la Justicia Social, conmemoración establecida por las Naciones Unidas recién en 2007, a pesar de que la expresión "justicia social" fue acuñada en 1843 por el jesuita italiano Luigi Taparelli. El sacerdote es considerado uno de los fundadores de la doctrina social de la Iglesia. ¿A qué se refiere concretamente el concepto de justicia social? Implica resguardar los derechos fundamentales del ser humano, pero al mismo tiempo promover su desarrollo integral. Esto involucra una educación inclusiva, equitativa y de calidad; un trabajo digno y con una justa retribución; un sistema de salud efectivo y oportuno; una vivienda digna.

En Hogar de Cristo llevamos 80 años trabajando por reducir la pobreza, la discriminación, las desigualdades, dando voz a los más vulnerables, y hemos participado activamente organizando campañas de ayuda después de cada catástrofe. Nos hemos emocionado con hermosos actos de caridad, pero vemos pocos actos de justicia social.

Pero la idea de que la promoción de la justicia social debe ser el objetivo central que guíe todas las políticas nacionales e internacionales cobra cada vez más fuerza. Dentro de este marco, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanzó en noviembre último la Coalición Mundial por la Justicia Social, una iniciativa de cooperación para abordar los déficits en esta materia. Cuenta hasta ahora con 125 socios: gobiernos -entre ellos Chile -, organizaciones de empleadores y de trabajadores, instituciones financieras y académicas, empresas y ONGs. Su finalidad es aumentar la cooperación multilateral y lograr una armonización de las políticas para promover los objetivos de la justicia social.

En un escenario de crisis financiera y económica que sigue golpeando a gran parte de los países tras la pandemia, es imperativo construir sociedades más justas, inclusivas y equitativas. Sabemos que la pobreza y la constante vulneración de los derechos de las personas, ponen en riesgo la convivencia social. Y de eso en Chile hemos sido y seguimos siendo testigos.