El último informe de la empresa de estudios de opinión Ipsos, en base a 800 encuestados, reveló que la percepción de inseguridad en Chile ha aumentado en el último año, con un 82% que dice que hay más problemas de seguridad pública que hace 12 meses. El estudio hizo especial énfasis en las mujeres: el 90% afirmó que siempre o casi siempre se siente insegura cuando camina de noche a su casa.

Según los entrevistados, los principales problemas son los asaltos, robos, portonazos y la delincuencia urbana, con 49%, seguido por la inseguridad y delincuencia por consumo de drogas, alcohol, personas durmiendo en las calles, prostitución y otros con 22%, y el narcotráfico con 14%. A juicio de los encuestados, las causas de la inseguridad son las bandas criminales organizadas (60%), el insuficiente control de las fronteras y la migración (57%), el narcotráfico (55%) y la incapacidad de los tribunales de justicia (40%). Uno de los puntos con mayor variación fue de las fronteras y la migración, aumentando cinco puntos respecto del año pasado.

De acuerdo con el estudio, sigue creciendo la relación que hacen las personas entre delincuencia y migración, lo que plantea un problema muy complejo para el país, pues no sólo se trata de control de fronteras y persecución de grupos delictivos organizados, sino que hay que ordenar internamente a la población ya migrada, regularizar su situación y también integrarlos. De lo contrario, se profundizarán las tensiones internas, intolerancias en diversos espacios y actitudes xenofóbicas hacia la presencia de migrantes. La mayoría de los encuestados señaló al Gobierno como el principal responsable para enfrentar problemas de seguridad pública.

Con frecuencia las personas dicen sentir mucho miedo con la actual situación, e incluso un alto porcentaje indica que cambió sus hábitos de vida por seguridad, como evitar salir de noche, ajustar horarios de salida, modificar los lugares que frecuentaba y las rutas de traslado. Los temores de la gente ante la espiral de delincuencia son justificados. Hay hechos violentos y con más sensación de impunidad. Eso lo perciben las familias detrás de los cercos electrificados y de las protecciones de fierro de sus casas. Los chilenos han decidido cuidarse de la delincuencia, encerrados en sus casas, porque nadie les puede asegurar su vida y las de sus familiares frente a delitos que se cometen cada vez con mayo violencia.

Hace unos días conocimos un nuevo homicidio de un carabinero, el teniente Emanuel Sánchez Soto, de 27 años, fue asesinado de cuatro disparos, luego de intervenir en un asalto que estaban cometiendo cinco sujetos en la intersección de San Pablo con Radal, en la comuna de Quinta Normal. Uno de los detenidos por el homicidio es Wilber Olivares de 34 años que se encuentra en forma irregular en nuestro país y que a pesar de ello contaba con empleo y en redes sociales lucia la ropa usada en su empresa.

El país no soporta más el desorden migratorio en el que nos encontramos, se mezclan los ciudadanos que legítimamente buscan una oportunidad en Chile y los que simplemente vienen a delinquir aprovechando nuestras debilidades institucionales. Así como muchos extranjeros que llegan al país a trabajar con todas las de la ley, hay otros que se saltan los procedimientos de extranjería e ingresan por pasos clandestinos o a título de turistas.

Con el objeto de ir poniendo termino a esta situación, presentamos un proyecto de ley que tipifica como delito "la contratación de personas extranjeras no autorizadas para trabajar en Chile". De esta manera, se avanza de una respuesta meramente administrativa a una de carácter criminal. En el proyecto se busca proteger que los migrantes no sean víctimas de tráfico de personas o de trata, además de contrataciones abusivas o que no brinda una adecuada protección al trabajador, que por lo general está dispuesto a asumir condiciones abusivas por necesidad. La propuesta busca, además, que la medida ayude a desalentar el ingreso de manera irregular al país, cuestión que parece imposible en la medida que no se aborde adecuadamente el problema.

El proyecto establece una sanción penal, cuestión que igualmente parece de utilidad para desincentivar la llegada de miles de extranjeros que son objeto de abuso producto de la falta de sanciones y fiscalización adecuada. Concretamente la propuesta sanciona como delito el emplear a extranjeros "no autorizados para trabajar o desarrollar actividades remuneradas en Chile, excluyendo de dicha sanción la situación en que se contrató de manera regular, pero el trabajador extranjero perdió la habilitación en el transcurso de la relación laboral".

Las personas que contraten a extranjeros que estén como irregulares en el país, recibirán penas de "presidio menor en su grado mínimo o máximo y multa de 21 a 50 unidades tributarias mensuales (entre $1.368.822 y $3.259.100 al valor de abril de 2024)". Se suma que se "podrá decretar (la condena) la clausura definitiva del establecimiento o local respectivo", sin perjuicio a que durante el proceso judicial se pueda clausurar temporalmente el local.

El proyecto contempla que, quienes contraten a un extranjero en condiciones regulares, y luego mantengan a dicho trabajador a pesar de haber caducado sus permisos, solo sea objeto de multa.

Frank Sauerbaum,

diputado RN por Ñuble