"Pero es muy injusto pensar que todos los brigadistas de Conaf son personas que están dispuestas a realizar una cosa como esa; todo lo contrario, hay una vocación de servicio público manifiesta (…) , entonces esto está muy lejos de enlodar la imagen de la Conaf…"
Fiscal Nacional Ángel Valencia — Sobre participación de ex funcionario de Conaf en incendios de Valparaíso
Más de dos millones de chilenos tienen algún grado de discapacidad. La mitad presenta una disminución importante de su funcionalidad o graves dificultades para realizar autónomamente actividades esenciales de la vida cotidiana. Por ello se ha promovido la cooperación público-privada, entendiendo que la discapacidad es un tema que afecta a toda la sociedad y que es, por lo tanto, deber de todos contribuir a superar las barreras que impiden o dificultan la plena integración de esas personas.
El 10 de febrero de 2010 entró en vigencia la Ley N°20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. La normativa modificó la legislación de 1994 y estableció que empresas públicas y privadas con más de 100 trabajadores, deben reservar el 1% para empleados en condición de discapacidad, o bien optando por alternativas como realizar donaciones o subcontratando personal. Asimismo, eliminó la disposición que establecía que se les pagaría un sueldo menor al mínimo.
En lo fundamental, lo que pretendió esa legislación es facilitar la inclusión y la rehabilitación, agilizando los procesos de calificación y certificación de la discapacidad y ampliando el régimen de exenciones arancelarias para la importación de equipos, prótesis, medicamentos y un conjunto de otros elementos necesarios para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Es necesario reconocer que ha habido avances, pero aún falta mucho. Es posible ver cómo los municipios se han preocupado de disponer los rebajes de soleras en las esquinas, para el paso de las sillas de ruedas. Asimismo, los edificios de servicios públicos, edificios habitacionales y centros comerciales han construido accesos desnivelados, aunque son muchas las construcciones particulares que aún no los tienen.
Es cierto que la legislación sobre inclusión ha ayudado a los discapacitados, pero aún falta mucho por avanzar, en especial respecto de la fiscalización de cuotas de contrataciones de personas en empresas y en igualdad de condiciones económicas.
Hace una semana salió de Contraloría la actualización de la Reglamentación Térmica en Chile, la cual marca un avance significativo en la construcción sostenible, democratizado así la eficiencia energética en toda la construcción nacional independiente de su estrato social. Desde su primera implementación en el año 2000 y su posterior revisión en 2007, la normativa térmica chilena ha buscado establecer requisitos mínimos para la edificación de viviendas, centrados en mejorar la eficiencia energética y la habitabilidad de los hogares.
La actualización de la normativa no solo responde a los acuerdos internacionales, sino que también se alinea con los objetivos de la Política Energética de Chile y la reciente Ley de Eficiencia Energética. Estos compromisos incluyen la ambiciosa meta de reducir en al menos un 30% el consumo de energía de las nuevas edificaciones residenciales, medida esencial no solo para cumplir con los estándares internacionales, sino también para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.
La propuesta de actualización introduce mejoras significativas en los requerimientos térmicos para muros, cielos y pisos ventilados, además de nuevas exigencias para puertas y sobrecimientos. Una de las novedades más destacadas es la incorporación de un análisis de riesgo de condensación y la exigencia de hermeticidad en la envolvente de las viviendas. También se implementarán sistemas de ventilación para asegurar la calidad del aire interior, un aspecto crucial para la salud de los habitantes.
Adicionalmente, el texto incluye una nueva zonificación térmica que reconoce las variaciones en diferentes partes del territorio, permitiendo un diseño más específico y eficiente de las construcciones.
Una vivienda con eficiencia energética tiene un impacto directo en la economía familiar y en la calidad de vida de las personas, por lo que se espera un ahorro significativo en los gastos de salud derivados de la disminución de la contaminación interior. Los ahorros en el consumo energético y en combustibles para calefacción también son beneficios económicos directos para las familias, además de aumentar la vida útil de las viviendas, reduciendo los costos de mantenimiento y postventa asociados a patologías constructivas como la humedad y los hongos. Esta prevención es crucial para evitar enfermedades respiratorias y mejorar la habitabilidad.
En la elaboración de esta nueva norma fue crucial la colaboración entre el sector público y privado, lo cual es un ejemplo de cómo se pueden lograr avances significativos cuando se trabaja en conjunto por un objetivo común: un Chile más limpio, eficiente y habitable.