Debido al aumento en los precios de la energía eléctrica, el gobierno ha establecido un subsidio temporal dirigido a los hogares que se encuentren en el tramo del 40% de mayor vulnerabilidad según el Registro Social de Hogares (RSH) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, bajo la condición de cumplir con requisitos adicionales como mantener al día el pago de la cuenta. Aquellos que no estén al día tienen plazo hasta el 31 de julio de 2024 para regularizar su situación y poder optar a este beneficio, que entra en vigencia el 1 de julio de 2024.

Este subsidio se ha implementado en respuesta al inminente aumento en los precios de la energía eléctrica. Las tarifas han permanecido congeladas por casi cinco años desde la aprobación en 2019 del Mecanismo de Precios Estabilizados al Cliente, afectado por diversos eventos como la pandemia y el conflicto entre Rusia y Ucrania. Esta medida ha propiciado una deuda de 6.000 millones de dólares al Estado con las empresas generadoras. Para abordar esta situación, el Congreso aprobó la Ley de Estabilización de Tarifas Eléctricas, que contempla incrementos escalonados en el precio de la energía eléctrica en los hogares, alcanzando hasta un 43% para el año 2025. Este ajuste se aplicará en función al consumo, considerando tres grupos: el grupo 1 hasta 180 kWh, el grupo 2 hasta 400 kWh y el grupo 3 para consumos de 550 kWh, con aumentos que oscilan entre el 10% y el 43%, dependiendo del grupo correspondiente.

Este aumento en los precios de la energía tendrá impactos significativos en las iniciativas que se están desarrollando en el país para descarbonizar el sector residencial y, más concretamente para reducir las emisiones de las estufas a leña. Es crucial considerar que en las comunas del centro-sur del país, el grupo 1 de hogares no utiliza electricidad para calefacción por diversas razones, principalmente debido a la alta demanda energética de sus viviendas y al alto precio de las energías limpias en comparación con las alternativas contaminantes. Por poner un ejemplo, en Valdivia, el grupo para el cual está destinado el subsidio (40% de mayor vulnerabilidad según el RSH) muestra un consumo inferior al promedio de la comuna. Durante los meses fríos, no se observa un incremento significativo en el consumo medio del grupo, como podría esperarse si estos hogares emplearan electricidad para calefacción.

Por lo tanto, un subsidio temporal para este grupo puede ayudar a mitigar el impacto del aumento de los precios, pero una vez que finalice el beneficio, estos hogares se enfrentarán a financiar el incremento de su cuenta, lo cual sin duda aumentará su vulnerabilidad y pobreza energética.

Ante esta situación, es crucial implementar programas que fomenten la autonomía energética de este grupo de hogares, inspirados en iniciativas como el Programa Casa Solar, pero diseñado sin necesidad de cofinanciamiento o con un mínimo requerido. Sin este tipo de soluciones, ya sea a nivel individual para hogares o a través de comunidades energéticas de hogares vulnerables, el problema persistirá en el tiempo, convirtiendo el subsidio de hoy en la pobreza energética de mañana.

Dr. Alexis Pérez Fargallo,

profesor asociado de Escuela de Arquitectura U. San Sebastián

No cuesta mucho divisar conductores haciendo uso de sus teléfonos mientras guían sus vehículos por las calles de Ñuble. Se trata de una pésima costumbre que, además de estar penada por ley, genera una serie de riesgos, toda vez que quien maneja un vehículo motorizado y se distrae con algún dispositivo electrónico, puede provocar un accidente de tránsito.

Para evitar esto se implementó la denominada ley No Chat, iniciativa que buscaba terminar con el uso de estos dispositivos a la hora de conducir, a través del endurecimiento de las sanciones.

En cuanto a los números, más de 33 mil personas han sido multadas por manipular dispositivos conduciendo desde que comenzó la fiscalización por la ley No Chat, las que aumentaron en siete regiones. Si a esto se agrega que las fiscalizaciones sólo detectan a una mínima parte de quienes incurren en esta práctica, podemos entender que se está frente a un problema de gran magnitud que debe enfrentarse con decisión y prontitud.

Y si bien constantemente se realizan campañas para educar a los conductores, sobre el riesgo que implica conducir y usar el teléfono, lo cierto es que no han dado resultados.

Frente a ello, la fiscalización debe aumentarse, a fin de generar real conciencia sobre los alcances de este problema y sus posibles repercusiones.