La Corte de Apelaciones de La Serena acogió ayer la solicitud formulada por el Ministerio Público e instruyó al Juzgado de Garantía de Ovalle despachar las órdenes de detención de los 23 imputados como autores de los delitos de asociación ilícita para el tráfico de drogas, tráfico ilícito de drogas y lavado de activos.

Este caso provocó gran controversia porque el jueves pasado, el mencionado tribunal decretó la prisión preventiva de todos los acusados porque existía peligro de fuga. Sin embargo, fijó fianza de dos millones de pesos para cada uno y como los encauzados pagaron la caución, quedaron en libertad.

Desde la Fiscalía explicaron que el persecutor había elevado una solicitud de apelación verbal formulada ese mismo jueves, para que no se permitiera una fianza en este caso, pero el juez de garantía rechazó el recurso en la misma audiencia.

Ante ello el fiscal redactó una orden de no innovar para que se mantuviera la máxima cautelar para los imputados, la que fue concedida en fallo unánime por el tribunal de alzada serenense, que despachó "la respectiva orden de detención en caso que se haya decretado su libertad, a objeto que ingresen a cumplir la medida cautelar de prisión preventiva. Debiendo el tribunal despachar las órdenes y oficios que correspondan a objeto de dar cumplimiento a esta resolución. Comuníquese lo anterior, por la vía más expedita".

La detención de estas personas se produjo en el marco de una operación de la Policía de Investigaciones (PDI) en que se incautaron más de 1.600 kilos de marihuana lista para su comercialización, en el sector rural Mantos de Hornillos. Se incluyó la intervención en 28 domicilios en los que se incautaron además armas, municiones, 19 vehículos, 3 motocicletas, más de 283 millones de pesos y 4.500 dólares de dinero en efectivo.

Los diputados de la UDI Henry Leal y Jorge Alessandri enviaron una carta al Presidente Gabriel Boric en la que le piden crear una fuerza de tarea especial de la Policía de Investigaciones y Carabineros para ejecutar las órdenes de expulsión pendientes de cerca de 30 mil extranjeros.

El documento fue elaborado luego de que la ministra del Interior, Carolina Tohá, reconociera esta cifra de decretos de expulsión que no han podido concretarse.

Por ello los legisladores hicieron llegar la propuesta que también hicieron pública y en la que se considera "crear al interior de la Policía de Investigaciones (PDI) una unidad que se dedique en forma exclusiva a dar con el paradero de los extranjeros con órdenes de expulsión vigente, de manera de poder detenerlos y que sean puestos a disposición de las autoridades para su posterior deportación".

Además, los legisladores sostuvieron que su idea es que "en dicha labor también podría colaborar personal de Carabineros de Chile, creando así una fuerza de tarea conjunta que se pueda especializar en la materia".

Los diputados añadieron que "lamentamos profundamente los argumentos que expuso la ministra Tohá, quien al dar a conocer la cantidad de personas con órdenes de expulsión vigentes aseguró que 'el número es menos importante que el perfil del expulsado', confirmando así la clara intención del Gobierno por avanzar en un proceso de regularización", en lugar de buscar la pronta expulsión de estas personas.

Los dos parlamentarios firmantes asistieron anoche a una reunión de representantes del Gobierno con los miembros de las comisiones de Seguridad de ambas Cámaras del Congreso en Cerro Castillo, donde se abordaron las medidas en seguridad.

Sin embargo, Alessandri reprochó que la invitación llega "tarde" y que en la cita reiterarían el llamado a buscar los "30 mil extranjeros con orden de expulsión".

"Nos parece del todo relevante que su administración de Gobierno deje atrás los constantes análisis y comience a adoptar, en forma definitiva, las medidas y acciones que más nos demandan los chilenos", concluyó la carta.

Representantes del Ministerio de Obras Públicas, de las autopistas concesionadas se reunieron ayer por segunda vez con el fin de planificar el operativo con el que enfrentarán el extenso feriado de Fiestas Patrias. Si bien las autoridades esperan la salida desde la capital de 1,1 millones de vehículos hacia regiones, en las empresas apuntan que habrá una alza en la congestión en gran parte de las rutas del país debido a un aumento de los viajes locales.

"Las medidas de precaución que se van a tomar y de control, tanto de tráfico como tarifario, van a ser permanentes y la atención del sistema va a ser permanente. Se están tomando todas las medidas, todos los recursos humanos y materiales", dijo el presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), Leonardo Daneri.

El gremio rutero informó que para esos días habilitarán 100 vehículos para atender emergencias, como grúas y ambulancias, y 400 cámaras de vigilancia en ruta.

Los encargados estiman que la salida de Santiago se va a repartir en dos grandes grupos: quienes lo harán el viernes 13 (de 13.00 a 20.00 horas) y sábado 14 (de 10.00 a 16.00 horas), cuando se proyectan unos 260 mil autos; y quienes lo harán el lunes 16, martes 17 y miércoles 18, que ascenderán a 415 mil vehículos. Para el martes se proyecta un alza desde las 16.00 horas.

El regreso estará concentrado en los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22.

Para fomentar desplazamientos en horarios menos usuales, las autoridades anunciaron que habrá peaje a mil pesos el viernes 13, entre las 7.00 y las 13.00 horas en la Ruta 68, Ruta 5 Sur y Ruta 5 Norte; el sábado 14 entre las 7.00 y las 10.00; mientras que el martes 17 y miércoles 18 la Ruta 68, Ruta 5 Sur y Ruta 5 Norte adoptarán esta medida entre las 7.00 y las 10.00 horas.

"Estamos a más de una semana del inicio de las Fiestas Patrias, por lo tanto, hay tiempo para programar; para revisar toda la información que se está subiendo a las redes y páginas web ", dijo la ministra de Obras Públicas, Jessica López, aludiendo a las cuentas y sitios del MOP. Transportes, Carabineros, de la Dirección General de Concesiones y las autopistas.