El presidente comete un error cuando piensa que las críticas a sus declaraciones celebratorias de la prisión de Luis Hermosilla son en defensa de los poderosos:

"No me afectan ni hacen cambiar de opinión -dijo- las críticas de un sector de la élite que cree que a los poderosos no se les puede tocar".

El error en que incurre el presidente es de comprensión. Porque quienes lo criticaron por sus palabras no lo hicieron para defender a la élite (de la que él por supuesto forma también parte) sino para defender a las reglas y los procedimientos legalmente establecidos. Y esas reglas y esos procedimientos disponen que los juicios condenatorios han de efectuarse luego de un largo procedimiento adversarial, con rendición pública de las pruebas. Entonces celebrar la prisión preventiva de alguien con nombre y apellido como si fuera una decisión final, importa, rigurosamente hablando, desconocer las reglas y los procedimientos que ellas establecen. Desconocerlas no en el sentido cognitivo de la expresión (como si no supiera que existieran) sino desconocerlas en el sentido de despreciar o desdeñar lo que ellas establecen (podemos llamar a esto último un sentido moral). Recordar que el juicio aún no se inicia, que Luis Hermosilla o cualquier otro que ha sido formalizado no es por ese hecho culpable, que esto último solo puede ser establecido en un juicio adversarial, y que el presidente no debe intervenir en él, no significa defender a los poderosos, sino que significa defender las reglas.

Es verdad que el presidente tiene derecho a emitir opiniones (pocas veces se ha pronunciado ese lugar común como si fuera una revelación); pero al hacerlo, como ha ocurrido en este caso, ha emitido una opinión errónea que daña el respeto que los ciudadanos deben a las reglas. El problema no es pues emitir una opinión, sino emitir una opinión que desconoce los deberes que su cargo le impone.

La vida social cuando es ordenada descansa en una serie de convenciones mudas (podemos llamarlas buenas costumbres o civilidades) y en otras que la ciudadanía, luego de una amplia deliberación ha convertido en reglas y en procedimientos, procedimientos que una vez seguidos fielmente (como ocurre con el procedimiento penal) arrojan resultados que es deber de todos considerar justos. Cuidar esas buenas maneras y cuidar las reglas es un deber de quien dirige al estado, contener la propia sensibilidad, ejercitar el ascetismo y apagar el propio entusiasmo es una de las servidumbres de quien dirige, para usar la vieja fórmula, la nave del estado.

Es seguro que el presidente entiende todo lo anterior y lo comparte intelectualmente. La pregunta que entonces cabe plantear es la siguiente: si no es la ignorancia acerca de su deber, ni la incomprensión acerca de los deberes mudos de su cargo lo que lo mueve a insistir en ese punto de vista ¿cuál es la razón, cuál el móvil secreto que lo mueve a hacerlo?

Quizá lo que hay detrás de todo esto es la vieja convicción populista, la idea de que hay una minoría malvada, cicatera y tramposa (la élite) y un pueblo abusado y virtuoso (la mayoría) y que, por fin, un miembro de la primera es castigado y el segundo vengado siquiera vicariamente. Hasta ahora esa imagen populista se había usado en la refriega política. Lo grave -lo más grave y peligroso de todo- sería que ahora se la emplee irreflexivamente en cuestiones judiciales porque si ello ocurre o se consienta que ocurra, se habrá desconocido el sentido del derecho que no es el de satisfacer los impulsos ni de la mayoría ni de nadie, sino racionalizarlos, someterlos al ascetismo de la razón. Nunca se insistirá demasiado en esto. El derecho es la búsqueda de asentimiento racional para nuestros intereses o nuestros deseos. Eso es propio de lo humano que se subraya desde Aristóteles a Kant. Los animales desean y de inmediato actúan, los seres humanos desean y antes de actuar se preguntan si eso que desean satisface los criterios para considerarlo correcto. El derecho es la diferencia entre lo animal y lo humano. ¿Se desea castigar a Hermosilla? ¿Poner en prisión a este otro que robó o a aquel que mató? Pues bien el derecho obliga -mediante las reglas y los procedimientos- a buscar asentimiento racional para lograrlo.

Y mientras ello no ocurra el presidente y los funcionarios deben recordar las reglas y guardar silencio.

Hoy se hará efectiva la entrega a la defensa del abogado Luis Hermosilla de las más de 700 mil páginas con mensajes obtenidos desde su teléfono celular en el marco de la investigación que mantiene al profesional bajo la medida cautelar de prisión preventiva, acusado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos.

Esta diligencia se desarrollará luego de que la Fiscalía Nacional aprobara la solicitud de Juan Pablo Hermosilla, defensor y hermano del imputado, luego de que acusara que el Ministerio Público estaba eligiendo arbitrariamente qué mensajes usar y cuáles no (usó el concepto en inglés "cherry picking", que es una metáfora de la selección de cerezas una a una y que se utiliza en derecho como acusación de usar pruebas incompletas). Para evitar que dicha insinuación quedara instalada como argumento de la defensa, el ente persecutor decidió dar acceso a las toneladas de chats del mencionado aparato.

Ante ello el representante del acusado expuso que "lo que me importa es mantener el secreto profesional y la información privada. El resto, mientras no sea información del mundo profesional y del mundo privado, para detener esto que está ocurriendo, que son filtraciones intencionadas por parte del Ministerio Público, lo más probable es que trataremos de abrir la mayor cantidad de información posible".

Crítica selectiva

La entrega de los mensajes se dará cuando el el Presidente Gabriel Boric ha insistido en los dichos que expresó apenas se supo que Hermosilla quedaría en prisión preventiva, en los que aludió a "un señor que se creía todopoderoso". Un poco menos virulento, pero con la misma idea, el lunes en la noche reiteró que se alegraba de que "una persona poderosa enfrente a la Justicia como cualquier persona" y agregó que "no me preocupan las críticas de la elite.

Al respecto, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo (PC), sostuvo que "cuando al Presidente se le ha criticado, legítimamente porque la democracia es parte de eso, por valorar el avance de la Justicia en la aplicación de una cautelar en un caso específico, como el caso Hermosilla, dice relación con que la reacción frente a sus palabras ha sido distinta que cuando se trata, por ejemplo, del caso convenios o de las prisiones preventivas de delincuentes comunes".

"La crítica se ha presentado frente sólo a unas palabras del Presidente y no frente a otras que han tenido el mismo tenor", dijo la vocera de La Moneda.

Minuta de Secom

Estas palabras fueron parte de la instrucción emanada por la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia a través de una minuta hacia el oficialismo en la que se instruye reforzar las palabras del Mandatario con las ideas de que "la justicia debe ser igual para todos" y que "tal como estamos enfrentando con firmeza la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico, a la corrupción, al tráfico de influencias hay que enfrentarlo con la misma dureza".

Porque la disputa entre el Presidente y los Hermosilla no ha sido inocua para el Ejecutivo y muestra de ello es que el ministro de Justicia, Luis Cordero, volvió a referirse al tema y afirmó que Boric emitió "una opinión política; no está interviniendo en ninguna resolución judicial".

Además en sus últimas intervenciones la titular de Interior, Carolina Tohá, ha insistido en que "nuestros ministros no han mantenido ningún tipo de conversación indebida" por lo que "como Gobierno no tenemos preocupación respecto de la divulgación de estos audios".