Al menos nueve personas murieron y cerca de 2.800 resultaron heridas a causa de la explosión simultánea de cientos de aparatos buscapersonas (bíper) en manos de miembros del grupo chiíta Hizbulá en varios puntos del Líbano, lo que ha sido atribuido por grupos islamistas a una operación de Israel.

A las 15:30 hora local, los artefactos explotaron en diferentes lugares, principalmente del sur del país y en los suburbios meridionales de Beirut, ambos controlados por Hizbulá, sin que todavía esté claro cómo fueron manipulados los aparatos.

El grupo islamista confirmó en un comunicado que los bíper estaban "en posesión de varios trabajadores en diferentes unidades e instituciones de Hizbulá", y posteriormente atribuyó la autoría de la operación a Israel, con quien libra un conflicto fronterizo desde el pasado octubre.

"Tras examinar todos los hechos, datos actuales e información disponible sobre el malvado ataque ocurrido esta tarde, consideramos al enemigo israelí como total responsable de esa agresión criminal que también tuvo como objetivo a civiles y que mató a varias personas", dijo en una segunda nota Hizbulá.

Caras, manos y abdomen

Según el último reporte elaborado ayer por el Ministerio de Salud Pública de Líbano, entre los nueve muertos había un niño y los lesionados se acercaban a 3.000.

El titular de ese departamento gubernamental, Firas Abiad, explicó en una breve comparecencia de prensa que la mayoría de los heridos sufrieron daños en la cara, las manos o el abdomen, y agregó que entre ellos hay cerca de 200 pacientes en estado crítico.

Tras el incidente, sirenas de ambulancia resonaron de forma significativa por Beirut, donde el traslado de tal número de heridos a los diferentes hospitales también llegó a afectar el tráfico.

Dada la gran cantidad de víctimas, el Ministerio de Salud Pública del Líbano llamó inmediatamente a "todos" los hospitales en las áreas afectadas a que activaran el nivel de "alerta máxima" y se prepararan para lidiar con una "necesidad urgente de servicios sanitarios de emergencia".

Entre los heridos está el embajador de Irán en el Líbano, Mojtaba Amani, quien se encuentra en "buen" estado tras sufrir una herida superficial por una de las deflagraciones, según dijo en su cuenta de X la legación diplomática iraní.

Asimismo, el suceso acabó con la vida de un hijo del parlamentario de Hizbulá Ali Ammar y causó al menos 14 heridos en Siria, donde el Observatorio Sirio de Derechos Humanos contabilizó cuatro víctimas en Damasco y otras diez en dos áreas de sus alrededores.

Atribución de autoría

El Ministerio de Relaciones Exteriores libanés también atribuyó el incidente a un "ataque cibernético israelí, en el que han sido detonados un gran número de buscapersonas", e informó de que está preparando una queja al respecto para presentar ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

"Esta escalada israelí grave y deliberada coincide con amenazas israelíes de ampliar la guerra hacia el Líbano y con su postura intransigente que llama a más derramamiento de sangre, destrucción y sabotaje", denunció el ministerio en un comunicado.

Sin embargo, el Estado hebreo todavía no se ha pronunciado al respecto ni el Líbano ha ofrecido detalles sobre cómo cree que pudieron ser infiltrados los dispositivos.

En declaraciones a la prensa, el ministro libanés de Telecomunicaciones, Johnny Corm, detalló que el cargamento de buscapersonas afectado había llegado "recientemente" al país y que las baterías de los aparatos se recalentaron antes de que fueran detonados, quizás "a distancia".

"Debemos saber cómo y cuándo entró ese cargamento de dispositivos al Líbano, a qué compañía pertenecen, quién es su dueño. Debemos conocer más detalles para saber cómo funciona este dispositivo y cómo entró a Líbano", dijo el ministro.

El Ministerio de Educación anunció en un comunicado el cierre de todas las instituciones académicas del país, públicas y privadas, para condenar mañana "el acto criminal cometido por el enemigo israelí".

El Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela está cometiendo el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos, dijo ayer la Misión de Establecimiento de los Hechos creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para documentar las violaciones que ocurren en el país.

Según la Misión, presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas y que también integra el abogado chileno Francisco Cox, el aparato de gobierno se centra ahora en aplastar a la totalidad de la oposición pacífica a través de una serie de acciones que no son "aisladas o aleatorias, sino parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir" a quienes pueden expresar algún pensamiento no acorde con la retórica oficial.

"Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado (...) Aunque esto es una continuación de patrones previos, la represión reciente, debido a su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano", dijo Valiñas al presentar a la prensa en Ginebra el último informe de su equipo.

La Misión, que también integra la experta argentina Patricia Tappatá, presentará oficialmente mañana su informe al Consejo de DD.HH. de la ONU.

Entre los hechos y conclusiones que resalta es que la actual crisis que vive Venezuela "es la peor de la historia reciente" y que se ha alcanzado "un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho" tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Para los miembros de la Misión, las autoridades públicas ya ni siquiera intentan fingir cierta independencia y la ciudadanía está totalmente indefensa ante la arbitrariedad porque muchas garantías judiciales han perdido su efectividad.

El informe, que inicialmente comprende el periodo entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto pasado, fue actualizado para cubrir los hechos previos y posteriores a los comicios.

Entre los casos documentados se encuentran 48 detenciones entre diciembre y marzo bajo el cargo de conspiración, así como órdenes de arresto contra otras personas -no solo activistas-, periodistas u opositores políticos, sino incluso militares.

Durante julio, en plena campaña, hubo 120 detenidos, aunque otras 2.000 personas corrieron la misma suerte después del escrutinio, de acuerdo a datos de las propias autoridades, que las acusaban de terrorismo e incitación al odio. Según la Misión, entre estos últimos había al menos un centenar de menores de edad, algunos discapacitados.