Durante este año, Chile ha sido sacudido por una serie de eventos que han captado la atención pública y afectado profundamente la estabilidad social e institucional del país. Además de los episodios de violencia que han remecido a la ciudadanía, hemos visto cómo casos de corrupción, tráfico de influencias y la destitución de altos cargos en instituciones clave han generado un impacto significativo en nuestra convivencia.

En este contexto, el país se prepara para las próximas elecciones de gobernadores, alcaldes, consejeros regionales y municipales, fundamentales para definir el futuro de nuestros territorios en los próximos cuatro años.

En paralelo a estas dificultades, hemos comenzado a vislumbrar una mirada más optimista en lo económico. Durante 2024, Chile ha avanzado hacia una normalización de sus principales variables económicas: se proyecta un crecimiento del 2,5%, la inflación ha sido controlada, las tasas de interés se mantienen en niveles razonables y el presupuesto público está equilibrado. Estos avances han permitido al país concentrarse nuevamente en el crecimiento y desarrollo económico. A pesar de que algunos consensos no se han hecho explícitos, se perciben ciertos acuerdos que nos permiten proyectar de mejor manera.

Uno de los principales desafíos identificados es el aumento de la inversión. El gobierno ha tomado medidas para reducir los obstáculos que impone la compleja red de instituciones, normas, reglamentos y criterios que muchas veces dificultan la implementación de proyectos de inversión. Asimismo, ha manifestado un fuerte compromiso con el desarrollo de industrias emergentes, como el Hidrógeno Verde y el Litio, que tienen el potencial de posicionar a Chile como un actor relevante en los mercados internacionales. Estas se sumarán a los sectores ya consolidados como la minería, la industria agroalimentaria y forestal, además de algunos servicios que comienzan a emerger.

Este esfuerzo se ha acompañado por un aumento en la inversión en infraestructura. Instituciones como el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a través de recursos públicos y el aporte de las empresas concesionarias, empresas como EFE, el Metro y las empresas portuarias, han incrementado su actividad. Este dinamismo promete ser un motor importante para la economía en 2025, ampliando la conectividad y fortaleciendo la competitividad.

Junto a estas iniciativas se ha identificado la urgente necesidad de cerrar brechas en servicios esenciales. La escasez de recursos hídricos, la falta de viviendas y las carencias en los sectores de salud y educación siguen siendo problemas críticos. Incluso sectores opositores reconocen que si no se abordan estas materias podrían desencadenarse conflictos sociales importantes, como ya ha ocurrido en el pasado reciente.

Si bien estos avances y acuerdos no constituyen una estrategia integral de desarrollo, representan una base sólida para iniciar una conversación profunda sobre el futuro del país, que necesariamente debe considerar formas de agregarle más valor a nuestras exportaciones. Como CPI, proponemos reforzar estos consensos mediante propuestas programáticas en infraestructura para los candidatos presidenciales que competirán en 2026.

Creemos firmemente que, con una infraestructura de nueva generación, Chile puede alcanzar un mayor crecimiento a través de la ampliación de sus opciones, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y generar más empleo. Para lograr estos objetivos será crucial aprovechar todas las fuentes de financiamiento disponibles, establecer una institucionalidad ordenada que facilite la toma de decisiones y desarrollar una logística eficiente que mejore la competitividad del país. También es fundamental resolver los rezagos en recursos hídricos y en la construcción de viviendas, aprovechar las ventajas de la generación eléctrica no convencional y garantizar que el acceso a Internet se consolide como un bien nacional de uso público.

Nuestro propósito es contribuir a un diálogo amplio que se enfoque en las oportunidades de desarrollo y que deje atrás las divisiones y conflictos que dificultan la construcción de un futuro próspero para todos. Con esta visión, aspiramos a consolidar una economía más inclusiva y sostenible, que nos permita proyectarnos con optimismo en los próximos años.

Carlos Cruz,

Director ejecutivo

Consejo de Políticas de Infraestructura

La educación atraviesa una de sus crisis más profundas, con retrasos en el aprendizaje y deserción escolar. Una de las principales alertas es la tasa de inasistencia de los alumnos. Un estudio del centro Libertad y Desarrollo, dijo que en 2022 la asistencia promedió 84,6%, una cifra menor al 90,4% que se registraba en 2018, antes de la emergencia sanitaria, o a la de marzo de 2019, que superaba el 92%. La más afectada era la enseñanza preescolar, que entonces registraba una asistencia de sólo 77,4%.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, señaló el año pasado que durante su gestión los esfuerzos se centrarían en reforzar el sistema docente, ya que las proyecciones para 2025 indicaban que habrá un déficit de cerca de 25 mil profesores y 6 mil educadoras de párvulos. Asimismo, esperaba reducir las tasas de deserción y ausentismo del alumnado, problema que se había acentuado con la pandemia.

Las causas de la deserción escolar son muy variadas y se deben observar al interior de las familias, ya que los padres deben tener un papel importante en la toma de decisiones respecto de la inasistencia a la escuela. Y si bien en 2022, luego de la pandemia, se veía con buenos ojos el regreso a las clases presenciales y el término de la educación a distancia, la realidad ha mostrado que no se han cumplido las expectativas. Esto es aún más preocupante en el segmento de familias vulnerables, ya que sus hijos sin asistir a las aulas no tendrán herramientas para salir de ese subdesarrollo.

La deserción es un problema que siempre ha estado presente, pero que se agudizó con la pandemia; es necesario reforzar el trabajo para evitar que los estudiantes sigan abandonando el sistema.