En los últimos años, el número de denuncias por bullying escolar ha tenido un importante aumento en Chile. Según la Superintendencia de Educación, en el primer semestre de 2024 recibió 7.523 denuncias a nivel nacional.

Es un problema que se ha acentuado en los últimos años. La ONG internacional Bullying sin Fronteras dio a conocer un estudio que indica que entre 2020 y 2022, en pandemia, se registraron casi 6 mil casos graves de acoso escolar en Chile. Incluso se han registrado casos de suicidio de estudiantes que no han podido sobreponerse a los frecuentes ataques y burlas que recibía de sus compañeros. Estos datos subrayan la persistencia del problema y la necesidad de continuar trabajando en políticas y estrategias efectivas para reducir el acoso escolar y proteger el bienestar de los estudiantes en todo el país.

El bullying o acoso escolar y el ciberbullying son causantes directos de más de 200.000 muertes en el mundo, ya sea por homicidio o por inducción al suicidio cada año.

Un estudio realizado por el Instituto Nacional de la Juventud reveló que, previo a la pandemia, el 84% de los estudiantes declaró que había sido testigo de las prácticas de bullying en sus escuelas o liceos, lo que reveló que se trata de un problema que ya estaba más extendido de lo que se suponía.

La violencia en la escuela es el reflejo de la sociedad. Se tiende a mirar el colegio como un mundo aparte, como si estuviera al margen de la comunidad, pero hay un entorno que hoy es más violento, en la casa, en el barrio, en las calles, y esto se refleja también en las escuelas. Sin embargo, hay que insistir en que los padres son los primeros responsables de la conducta de sus hijos.

En el mes que se conmemora el Día Internacional de los Derechos del Niño, creo importante reflexionar sobre la responsabilidad ineludible que como sociedad tenemos de garantizar el bienestar y desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.

Esta fecha nos recuerda el compromiso que asumimos al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño y la deuda histórica que aún persiste en su total implementación. Los niños y niñas son sujetos de derechos, no receptores de asistencia. Esto significa asegurar no solo su protección frente a la violencia, el abandono o el abuso, sino también el acceso efectivo a educación de calidad, salud integral y espacios seguros que fomenten su desarrollo físico, emocional y social.

Sobre estas materias nos queda mucho por avanzar. En Chile, miles de niños viven en condiciones de vulnerabilidad, expuestos a riesgos que condicionan su futuro y limitan sus posibilidades de desarrollo pleno. Es nuestro deber ético fortalecer nuestras políticas públicas para que los niños estén en el centro de las prioridades nacionales.

La prevención debe ser nuestra principal estrategia: apoyar a las familias, empoderar comunidades y garantizar que ningún niño quede fuera de las redes de protección y cuidado. En este sentido, el desafío es colectivo, abarcando desde el Estado hasta el sector privado, organizaciones sociales y cada ciudadano.

Como exdirectora del Servicio Nacional de Menores, fui testigo directo de las luchas y esperanzas de nuestros niños más vulnerables. Escuché sus voces y lo que nos piden es dignidad, no discriminación, y quizás lo más importante una sonrisa, un espacio en donde se sientan parte, donde sean escuchados y donde les permitamos ser niños.

Necesitamos una sociedad que no les dé la espalda, que les reconozca y les respete. Hoy, más que nunca, debemos responder a este llamado con acciones concretas y sostenidas en el tiempo. Los derechos de los niños no son un tema de un día, sino de todos los días. La inversión en su presente es la construcción de un Chile más equitativo, más humano y más digno para todos.

Rosario Martínez Marín,

directora del Observatorio Social Universidad del Alba