El Juzgado de Garantía de Rancagua condenó ayer a Iván Sánchez Lobos y Pablo Sánchez Reyes por el deceso de Catalina Torres, una trabajadora de 21 años que murió en 2021 tras ser atacada por un tigre en el Parque Safari de Rancagua mientras realizaba el aseo en una jaula.

Sánchez Lobos es el dueño y Sánchez Reyes era el gerente de operaciones del zoológico, y fueron condenados a 540 días de reclusión menor en su grado mínimo, con el beneficio de la remisión condicional de la pena, por el delito de cuasidelito de homicidio.

La Justicia estableció que el 5 de agosto de 2021, Pablo Sánchez solicitó a la víctima, "quien estaba contratada como guía de safari, que efectuara al día siguiente una labor diferente a su trabajo habitual y que consistía en limpieza del Parque" en compañía de otros dos conductores del Safari.

El fallo señala que los tres ingresaron a la mañana siguiente al sector de felinos, "donde se encontraba suelto el tigre de bengala de nombre 'Niño', el que atacó a la víctima provocando lesiones cortopunzantes en la zona torácica y cuello, falleciendo la víctima en el lugar".

Según el tribunal, el deceso de la joven "es el resultado de omisiones e infracciones cometidas por Pablo Sánchez", el gerente, pues "no instruyó ni efectuó" la capacitación a la víctima, "no estableció protocolos para las funciones de limpieza y mantención que debía realizar el personal de apoyo", y "no informó a la víctima ni a los jóvenes encargados de la limpieza sobre la existencia de un tigre suelto en su sector de felinos". "Producido el ataque -agrega- no estableció un protocolo efectivo de emergencia y de reacción ante el ataque del animal feroz".

Una de las manifestaciones más evidentes del paso de la barbarie a la civilización fue el descubrimiento y adopción de una serie de criterios de justicia, en un proceso que tomó siglos (en parte el Derecho es producto de la historia), y que permitió sentar las bases para el surgimiento de la Política y de la Comunidad Política, y, con ello, para el nacimiento de la cultura y de la tradición occidental. La interdicción de la autotutela, el reconocimiento de los principios propios e inherentes al debido proceso, al tráfico jurídico y a las relaciones de las personas entre sí, y de estas con el Estado, son parte del acervo de aquello que denominamos Derecho, que con sabiduría fue forjándose durante cientos de años.

Aquellos principios son una manifestación de razonabilidad y de sentido común, que se concreta en máximas como "la buena fe se presume, la mala fe debe probarse"; "la inocencia se presume, la culpabilidad debe demostrarse"; "nadie puede ser juez y parte"; "nadie puede ser condenado sin haber sido oído previamente"; "en caso de duda sobre el alcance de un derecho o libertad, debe estarse con la interpretación más favorable a aquel derecho o libertad"; "las potestades públicas deben interpretarse siempre de manera estricta, y de la manera que menos afecte a los derechos y libertades", entre otros.

La formación, vigencia y respeto de este núcleo de principios esenciales no ha estado exenta de dificultades a lo largo de la historia. Las más recientes provienen de visiones ideológicas que han llevado a cuestionar o incluso negar la validez de algunas de aquellas premisas, particularmente las relativas al debido proceso, como la presunción de inocencia o el derecho a no ser condenado sin haber sido oído previamente. Peor aún, dichos cuestionamientos han dado paso a retrocesos civilizatorios, como la adopción de la cultura de la "funa" y de la justicia por mano propia, y a la difusión de la nociva e irracional idea de que puede presumirse la culpabilidad de algunas personas por la comisión de ciertos delitos.

Estas posiciones ponen en peligro elementos estructurales de la convivencia social y de la comunidad política, y se alejan de la racionalidad y del sentido común y, por lo mismo, del Derecho, pues éste, y muy particularmente ese núcleo de principios esenciales, son manifestación de la razón, y no de las pasiones ni de ideologías que conducen a visiones sesgadas del ser humano y de la realidad.

Jamás perdamos de vista que la defensa del debido proceso y de sus elementos esenciales es también defensa del Derecho, y, en último término, defensa de la dignidad humana y de la libertad e igualdad consustanciales a todo ser humano, independientemente de su sexo, raza, religión, militancia política o condición de cualquier tipo.

En fin, la defensa de aquel conjunto de principios forjados en el tiempo no es ni más ni menos que la defensa de la sabiduría del Derecho.

"Jamás perdamos de vista que la defensa del debido proceso y de sus elementos esenciales es también defensa del Derecho, y, en último término, defensa de la dignidad humana y de la libertad e igualdad consustanciales a todo ser humano".

Profesor de Derecho Constitucional e investigador de Polis, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes

Redacción

Tres exfuncionarios de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y un exvoluntario de Bomberos quedaron el viernes en prisión preventiva por el megaincendio ocurrido en la Región de Valparaíso durante la temporada pasada, quienes se sumaron a un exbrigadista y un exbombero detenidos en mayo. El Presidente Gabriel Boric dijo ayer que "seguramente pensaban que no los íbamos a encontrar: estaban equivocados".

El Mandatario recibió ayer el avión de combate de incendios forestales Boeing 737 "Fireliner", una de las dos nuevas aeronaves de gran capacidad -15.000 litros -de las dispondrá Conaf para la temporada de incendios forestales 2024 - 2025. El avión permanecerá en el Aeródromo Torquemada de Concón, Valparaíso.

Una segunda aeronave, el Hércules C-139, de igual capacidad, llegará a mediados de mes a Chile y permanecerá en Biobío. Ambos aviones "fueron contratados por 100 días y 100 horas de vuelo, además de poder desplazarse a otras regiones en caso de ser requeridos", informó La Moneda.

Conaf agregó que para esta temporada de incendios forestales, junto a las dos aeronaves de gran capacidad antes mencionadas "contará con un total de 77 aeronaves para el combate".

Boric recordó a las 136 víctimas fatales que dejó el megaincendio de Viña del Mar y Quilpué en la última temporada: "En estos momentos es donde prevalece la unidad y donde se vuelve tremendamente importante la responsabilidad individual y colectiva para poder evitar tragedias. Ya sabemos en Chile los costos humanos y materiales que puede tener un incendio y no queremos vivirlos de nuevo".

"Sabemos que los incendios se van a producir", agregó el Presidente, por lo que llamó a cada uno a tomar medidas para evitarlos, junto con destacar que, en el caso de Valparaíso, "esta semana ampliamos la querella del caso a delitos de asociación criminal, incendio con resultado de muerte y porte ilegal de elementos pirotécnicos".

"No va a haber impunidad en materia de incendios, ni todo lo que sucedió en Valparaíso, Viña del Mar, Villa Alemana, Quilpué, ni en ningún caso donde personas malintencionadas, miserables, provoquen el fuego deliberadamente. Pensaban que no los íbamos a encontrar. Estaban equivocados", afirmó Boric.