Pese a haber sido ampliamente apoyada en el Congreso en mayo pasado, algunos colegas parlamentarios han pedido cambios a la Ley Corta de Isapre que se dictó para implementar los cuestionados fallos de la Corte Suprema por la Tabla de Factores de Riesgos (TUF). Incluso, algunos parlamentarios se abrieron a nuevos cambios legales para acelerar los pagos a las personas.
Ante esta polémica, vale la pena recordar que el fin de la Ley Corta de Isapres era, precisamente, generar una forma de pago de las devoluciones que dictó la Corte Suprema de manera que no significara un colapso sistémico de las aseguradoras privadas que tendría un efecto sistémico sobre el resto del sistema de salud privado y estatal, que terminaría perjudicando a los usuarios tanto de Isapre como de Fonasa.
Lamentablemente, el Gobierno no tomó soluciones que existieron para calcular correctamente el monto de la deuda -como la que se aprobó en el Senado y que objetó ante el Tribunal Constitucional- y, de esa manera, debió extender hasta por 13 años el pago de las devoluciones. Si bien muchos de los montos de devoluciones mensuales parecen demasiado bajos, es la única forma de lograr lo que se buscaba en un comienzo: evitar que por la implementación del polémico fallo de la Corte Suprema implicara un desplome de las Isapres.
Cabe recordar que, según cifras de la Superintendencia de Salud, 97,2% de los ingresos de las Isapres durante el primer semestre de 2024 fueron a financiar prestaciones y licencias médicas. Por lo que es poco factible que puedan destinar más de US$1.200 millones -varias veces el patrimonio de las compañías- en un periodo más acotado sin que genere problemas financieros a las aseguradoras.
Además, es importante destacar que la ley privilegió la devolución a los mayores de 65 años que recibirán sus devoluciones en hasta 5 años y en los mayores de 80 años que la recibirán hasta en 2 años. Y que todo este proceso fue aprobado por la Superintendencia de Salud, previo informe favorable de un comité asesor de 5 expertos que fue aprobado por el Congreso. En definitiva, acelerar plazos de pago, solo generará más stress financiero en el sistema, la necesidad de aumentar los precios de los planes para evitar quiebras y, por ende, hacer menos accesibles las Isapres por lo que más gente enfrentada a las listas de espera de la salud estatal.
Cuando tenemos a 2 millones y medios de chilenos en listas de espera en el sector público bien vale evaluar decisiones populistas que se proponen sin mediar consecuencias para el sistema de salud chileno.