El Informe de Política Monetaria (IPoM) trajo noticias incómodas, en lo que a corto plazo se refiere (las de largo plazo las sabemos desde hace rato). En efecto, se podría decir que tendremos menos crecimiento y más inflación de lo que pensábamos para este 2024. Aunque respecto de lo primero -menos crecimiento- no es tan así, puesto que la nueva proyección de 2,3% está dentro del rango planteado por el Banco Central en su IPoM de septiembre (2,25-2,75%). Claro, el problema es que nos situamos en el piso de dicho rango, pero estamos dentro del escenario que había dibujado el ente rector en términos del acotado dinamismo que tendría la actividad económica.

Respecto de lo segundo -más inflación- efectivamente se constata un incremento de esta, confirmando que estamos atravesando una suerte de turbulencia inflacionaria. Ahora el Banco Central proyecta cerrar este año con una inflación de 4,8%, es esto, tres décimas más de lo que había anticipado en septiembre. Y lo más preocupante, es que en cuanto a la inflación subyacente -IPC sin volátiles- la corrección es mayor, puesto que pasamos de un 3,9% a un 4,5%. Y esta es la medida que precisamente refleja con mayor certeza las presiones inflacionarias que hay en la economía.

¿A qué se debe este repunte? En particular, el Banco Central alerta sobre el incremento que han experimentado los costos laborales, el que se sitúa por sobre los registros históricos. Y dentro de las explicaciones que ofrece para esta situación, destaca el incremento en el salario mínimo -uno de los distintos cambios regulatorios implementados en el último tiempo-. En este punto debemos prestar mucha atención: las políticas implementadas en lo más reciente, han incrementado los costos laborales, aumentando la presión sobre los precios de la economía, y dañando la capacidad de generación de empleo de las empresas.

De hecho, en un estudio realizado por Albagli et al (2024) se presenta evidencia acerca del impacto que puede estar generando el incremento en el salario mínimo. Para ello los autores dividen a las empresas en dos grupos, según la fracción de trabajadores afectos al salario mínimo. Sus resultados revelan que, cómo consecuencia de los recientes aumentos del salario mínimo, ha habido un incremento en los costos laborales, y consecuentemente, un impacto negativo en el nivel de empleo de las empresas con más trabajadores sujetos a esta política (4,8% menos de empleo).

Más allá de si estamos o no en una emergencia laboral, debemos tener cuidado con que las políticas que se implementan no estén dañando nuestro ya alicaído mercado del trabajo. La única manera de recuperar el dinamismo de este, es expandiendo la capacidad de crecimiento tendencial de nuestra economía. Esto permitirá generar más y mejores puestos de trabajo, y un incremento en los salarios reales de la población, sin poner en peligro la lucha contra la inflación… lucha, que como nos acaba de recordar el Banco Central, sigue más viva que nunca.

Rodrigo Montero,

decano Facultad de Administración y Negocios Universidad Autónoma de Chile

La infraestructura pública no es solo concreto y acero; es una herramienta poderosa para conectar comunidades y mejorar la calidad de vida. Por eso, iniciativas como el Manual de Relacionamiento Comunitario para Concesiones de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), lanzado recientemente, representan un avance significativo hacia un desarrollo más humano y sostenible.

El sector privado, según el cientista político Paulo Muñoz, ha tomado un rol importante al incluir a las comunidades desde el diseño hasta la operación de proyectos concesionados. Este enfoque busca no solo cumplir con estándares normativos, sino también construir relaciones de confianza, mitigar impactos negativos y potenciar los beneficios sociales. El manual establece principios claros: diálogo temprano, conocimiento del contexto local y una estrategia de relacionamiento que prioriza las necesidades y preocupaciones de los actores involucrados.

Uno de los pilares fundamentales de esta iniciativa es la participación ciudadana. En este sentido, el trabajo que ya realiza el Ministerio de Obras Públicas (MOP) con su programa Buen Vecino es un buen ejemplo de trabajo con las comunidades y para el cual este manual puede ser un complemento. Este programa demuestra que la infraestructura debe estar al servicio de las personas, no al revés. Al promover una visión más inclusiva, el MOP y la CChC están estableciendo un modelo que otros sectores podrían seguir: una infraestructura centrada en el bienestar ciudadano.

La integración del sector privado en estas iniciativas no solo marca un cambio positivo, sino que también subraya su compromiso con el desarrollo sostenible. Cuando se prioriza a las personas, estas obras trascienden su función operativa para convertirse en verdaderas herramientas de transformación y en espacios de identidad local.

La infraestructura tiene un propósito mayor: conectar, inspirar y mejorar la vida de quienes la rodean.